La Región de Murcia es, desde hace años, uno de los territorios más estables políticamente de España. El Partido Popular gobierna ininterrumpidamente desde 1995, aunque en los últimos años se ha visto obligado a contar con el acuerdo —y a menudo la supervisión— de la ultraderecha de Vox, que en esta comunidad cosecha un apoyo por encima de la media española.
Esa continuidad ha dejado una impronta profunda en las instituciones autonómicas, incluidas las que deberían ejercer funciones de contrapeso. Una de ellas es la Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), cuya situación actual plantea serias dudas sobre su independencia editorial, su estructura de gobernanza y su adecuación al nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios.
La 7, que es como se llama su canal de televisión, está a la cola en términos de audiencia entre las autonómicas (3,7% en la Región), según datos de Barlovento del mes de marzo. Pese a su modesto alcance —alrededor del 4% de audiencia media en 2024—, la televisión pública murciana ejerce una función clave en la construcción del relato político regional en un entorno en el que las voces críticas encuentran dificultades para tener presencia institucional y donde el Gobierno autonómico utiliza con naturalidad los medios públicos como altavoz de su gestión.
La televisión pública autonómica comenzó a emitir en abril de 2006, bajo el segundo mandato de Ramón Luis Valcárcel. Se hizo al amparo de la Ley 9/2004, reformada en 2012 y 2015, que otorgaba al Gobierno regional amplias competencias para constituir y gestionar el nuevo servicio público de comunicación audiovisual. La primera reforma, la de 2012, dio cobertura legal a la privatización de la gestión, al amparo de la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para “flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos, permite que las comunidades autónomas puedan decidir sobre la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, pudiendo optar por la gestión directa o indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyan modalidades de colaboración público-privada”.
Desde el principio, RTRM adoptó un modelo híbrido: mientras la infraestructura y la titularidad del canal seguían siendo públicas, la producción de contenidos se externalizaba. La producción está en manos de una filial del Grupo Secuoya, Central Broadcaster Media (CBM), en régimen de concesión pública. La misma empresa que se ocupa de la televisión autonómica en Extremadura y en Illes Balears.
La fórmula es aparentemente simple: el Gobierno regional mantiene el control político del ente, y el contenido lo gestiona una empresa privada que factura millones cada año cuyo origen son recursos públicos.
Sin blindaje frente a injerencias
El marco normativo que regula RTRM se ha quedado desfasado frente a las exigencias normativas actuales. El actual director general, José Antonio de las Heras, abogado y periodista, pero también exconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional con el PP, en la etapa de Ramón Luis Valcárcel, fue elegido en la Asamblea Regional por mayoría de dos tercios.
Para conseguirlo, bastaron los votos de PP y Vox (la izquierda votó por otra candidata). Pero si no hubiesen sumado, habría sido suficiente mayoría simple en una segunda votación, lo que elimina cualquier necesidad de consenso político en el arco parlamentario. No hay convocatoria pública, ni comparecencia parlamentaria. De las Heras fue propuesto directamente por el PP.
En palabras del entonces portavoz del PSOE en la Asamblea, José Vélez: “Su vinculación con el Partido Popular es clara. Ha sido miembro de los gobiernos del PP en la Región durante ocho años, como jefe de gabinete en varias consejerías y como consejero. No era uno más. Fue uno de los pilares del Gobierno regional del Partido Popular”.
Lo mismo ocurre con el Consejo de Administración, cuya teórica función de supervisión pluralista se ha visto vaciada de contenido. La representación de los grupos parlamentarios se establece mediante pactos internos que dependen de mayorías coyunturales, y no existe un mecanismo de participación ciudadana ni profesional. Para colmo, la mayoría reforzada que exige la ley para su elección se puede saltar fácilmente porque, en segunda vuelta, su nombramiento es viable solo con mayoría simple, que por regla general suele ser la que apoya al Gobierno.
No existen tampoco protocolos para proteger la independencia editorial ni el trabajo de los periodistas frente a presiones políticas, ni estatutos internos que garanticen el trabajo de la redacción.
Cambios imprescindibles
El Reglamento Europeo de Libertad de Medios obligará, a partir del 8 de agosto, a los Estados miembros y a sus administraciones regionales a garantizar la independencia editorial de los medios públicos. No es una declaración genérica. Incluye previsiones muy concretas: nombramientos por concurso público y justificados por méritos profesionales; mandatos limitados e incompatibles con cargos políticos; supervisión por órganos independientes y financiación suficiente, transparente y no sujeta a represalias políticas.
Los medios españoles ocultan quiénes son sus dueños pese a que la UE les obliga a revelarlo
Que la gestión la lleve a cabo una empresa privada no evitará tener que cumplir la ley, porque la norma europea se aplica a todos los medios de comunicación que prestan un servicio público, con independencia de si son gestionados directamente por una administración o subcontratados a empresas privadas.
La Región de Murcia, y La 7, van a tener que cambiar su forma de actuar para garantizar nombramientos transparentes y meritocráticos de los órganos de dirección, un modelo de financiación adecuado, estable y plural, no vulnerable a presiones partidistas, una supervisión pública efectiva y mecanismos que blinden el trabajo de los periodistas.
Si no lo hace, cualquier persona o entidad puede denunciar prácticas contrarias a los principios del reglamento ante las autoridades nacionales de regulación (en España será la CNMC) y ante la nueva Junta Europea de Servicios de Medios. Si un gobierno regional permite que un ente público como RTRM funcione al margen de la nueva normativa europea, España se arriesga a ser sancionada.
La Región de Murcia es, desde hace años, uno de los territorios más estables políticamente de España. El Partido Popular gobierna ininterrumpidamente desde 1995, aunque en los últimos años se ha visto obligado a contar con el acuerdo —y a menudo la supervisión— de la ultraderecha de Vox, que en esta comunidad cosecha un apoyo por encima de la media española.