La televisión pública Canal Extremadura cumple en 2025 casi dos décadas desde su puesta en marcha. Comenzó sus emisiones en 2006, tras años de debate institucional (la empresa matriz, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Cexma, se creó en 2000), y es la única autonómica pública que no forma parte de la Forta, la federación que agrupa a sus homólogas del resto de comunidades autónomas.
Nació durante el último mandato del entonces presidente de la Junta, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como un proyecto concebido, según sus promotores, para reforzar la identidad regional y garantizar un servicio público informativo adaptado a la realidad extremeña.
La audiencia de Canal Extremadura se mueve desde hace años entre un 4,4% y un los 5,7% de cuota de pantalla, por debajo de todas las generalistas en su territorio, salvo Cuatro y la Sexta. Si el promedio de las autonómicas se situó en marzo en un 8,8%, según datos de Barlovento, Canal Extremadura apenas alcanzó un 5,5%, sólo por delante de las emisoras públicas de Illes Balears, Madrid, Comunitat Valenciana y Asturias.
La Ley 3/2000 de 20 de abril la obliga a prestar un servicio audiovisual plural, objetivo e independiente que refleje la diversidad social y cultural de Extremadura. Algo que no todo el mundo reconoce. No lo hacía el PP cuando estaba en la oposición y no lo hace ahora el PSOE extremeño, desalojado del Gobierno autonómico desde 2023 en virtud del pacto suscrito por el Partido Popular y Vox.
Mayorías reforzadas
Sin embargo, el actual consejo de administración de la corporación (nueve miembros) fue elegido en diciembre de 2023 por unanimidad de todos los grupos representados en la Asamblea extremeña. Una circunstancia que es consecuencia directa de que la ley reguladora de los medios públicos en la comunidad mantiene la exigencia de que el consejo tenga que ser elegido sí o sí con el respaldo de al menos dos tercios de los diputados autonómicos.
El vínculo político, no obstante, sigue muy presente. El mandato del consejo dura lo mismo que la legislatura. El del director general de la corporación, en cambio, es de cinco años, aunque también depende del respaldo político de la Asamblea (es elegido por mayoría de tres quintos).
Al frente de la corporación está en estos momentos Dámaso Castellote Caballero, elegido en 2021, cuando todavía gobernaba el PSOE. Lo que significa que el año que viene la Asamblea de Extremadura tendrá que decidir si le renueva en el puesto o le sustituye. Y que deberá hacerlo, de nuevo, por consenso.
De lo que no hay ni rastro es de mecanismos de protección para el ejercicio del periodismo. Canal Extremadura carece de un consejo de redacción independiente y su estructura interna no incluye órganos de supervisión editorial autónomos. Y no es porque los trabajadores no lo hayan pedido.
Demanda del comité de empresa
El comité de empresa reclamó sin éxito, hace ya una década, un cambio en la ley que regula la corporación para crear un consejo de informativos siguiendo el modelo de RTVE y en línea con lo que ya es obligatorio desde este agosto, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Un mecanismo estable con capacidad para pronunciarse sobre la calidad y, sobre todo, la neutralidad de las noticias que emite Canal Extremadura. Y no sólo eso: el comité planteó también que los sindicatos tuviesen asiento en el consejo de administración de la corporación, que en la actualidad está dominado por representantes de los partidos políticos.
Existe, eso sí, un consejo asesor que cumple una función de supervisión y asesoramiento en Canal Extremadura, con especial peso en temas de programación, aunque carece de capacidad ejecutiva o de veto. En última instancia, decide siempre el consejo de administración o el director general. En él tienen voz, pero escasa capacidad de influencia, representantes del mundo de la empresa, las entidades locales, la educación, las universidades o los consumidores. Y la figura del Defensor de la Audiencia, que no consta se haya pronunciado nunca sobre los informativos.
El modelo de financiación tampoco se corresponde con lo que exige Europa. El presupuesto actual del ente público rozó en 2024 los 28,4 millones de euros, que salen directamente de los presupuestos generales de Extremadura. A pesar de lo cual, Canal Extremadura mantiene un modelo mixto de producción, con un alto grado de externalización de contenidos a empresas privadas, incluidos los servicios informativos. Este último aspecto ha sido motivo de críticas por parte de diversos colectivos, que advierten del riesgo de precariedad laboral y de clientelismo en la adjudicación de contratos.
Cumplimiento parcial
La ley de la UE que obliga a declarar la propiedad de los medios y proteger más a los periodistas entra en vigor
La consecuencia es que Canal Extremadura cumple solo parcialmente los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. Sobre todo porque no dispone de órganos independientes de gobernanza editorial ni de procedimientos públicos, competitivos y transparentes para la designación de su dirección.
Contar con un contrato programa fue, precisamente, una demanda del actual director general ante la Asamblea en su primera comparecencia, en febrero de 2022. “La puesta en marcha de un contrato-programa y el necesario marco jurídico con una duración plurianual” sería “una herramienta” para dar “estabilidad financiera a la organización” y aportar “estabilidad, flexibilidad, agilidad y seguridad”, aseguró entonces ante los representantes de los partidos. De momento, nadie le ha hecho caso.
Asimismo, la publicación de contratos y datos presupuestarios es limitada y no responde plenamente a los estándares de transparencia financiera recomendados por la Comisión Europea.
La televisión pública Canal Extremadura cumple en 2025 casi dos décadas desde su puesta en marcha. Comenzó sus emisiones en 2006, tras años de debate institucional (la empresa matriz, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Cexma, se creó en 2000), y es la única autonómica pública que no forma parte de la Forta, la federación que agrupa a sus homólogas del resto de comunidades autónomas.