La Radio Televisión Canaria (RTVC) vive en una situación de excepcionalidad crónica. Las leyes que la regulan, en las que está previsto elegir hasta cuatro órganos, se convirtieron durante años en papel mojado ante la imposibilidad de los partidos representados en el Parlamento autonómico de llegar a un acuerdo para decidir su composición.
La situación llegó a un punto en el que el actual Gobierno de la comunidad, presidido por el nacionalista canario Fernando Clavijo y del que forma parte el PP, aprobó, en octubre de 2023, un decreto ley para atajar el problema. En él, a la vista del “fracaso” del modelo de regulación de sus medios públicos y de la “situación crítica” a la que se había llegado, así como de la incapacidad institucional para resolver la situación, decidió dar cobertura legal al nombramiento de un administrador general elegido por mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias. La misma mayoría que forma el actual Ejecutivo.
No es de extrañar: la conexión entre la actual administradora y el Ejecutivo de Clavijo no puede ser más evidente. María Méndez Castro fue elegida para el cargo con 36 votos a favor (CC, PP, ASG y AHI) y 28 abstenciones (PSOE, NC y Vox). Méndez, economista de profesión, llegó al puesto directamente desde el Gobierno canario, en el que ocupaba la Dirección General de Relaciones Exteriores adscrita a la Presidencia del Gobierno.
Aquel decreto, presentado como una medida “transitoria y extraordinaria”, justificada por la “situación de absoluto bloqueo y paralización institucional que padece el ente público”, lleva en vigor casi dos años, la mitad de la legislatura en la comunidad.
Cuatro órganos vacíos
Según la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por el Parlamento el 26 de diciembre de 2014, deberían haberse constituido cuatro órganos encargados de garantizar el funcionamiento ordinario del ente público: Junta de Control (equivalente a un consejo de administración), Dirección General, Consejo Asesor y Consejo de Informativos. Pero la falta de acuerdo parlamentario ha imposibilitado su nombramiento.
Entre 2018 y 2023, la dirección de RTVC estuvo en manos de la figura de un administrador único, que a su vez fue concebida como “un remedio extraordinario, interino y transitorio” a la espera de que el Parlamento lograra designar los órganos de gestión. Fueron otros cinco años durante los cuales los grupos parlamentarios han sido incapaces de nombrar director general ni lograron constituir los órganos previstos por ley.
El Gobierno de Clavijo justificó el decreto de 2023 ante esta “situación crítica y de fracaso institucional”, con el fin de garantizar el funcionamiento pleno de un servicio público que considera “esencial” para la comunidad autónoma. En el espíritu de aquella medida supuestamente transitoria, el Ejecutivo anunció su intención de “asumir la iniciativa legislativa” y elevar al Parlamento de Canarias un proyecto de nueva Ley de RTVC que sustituya a la “fracasada” normativa vigente de 2014. De hecho, nada impide, sobre el papel, cumplir la ley original, que sigue vigente, y designar Junta de Control o Dirección General, para lo cual basta con mayoría absoluta en el Parlamento.
El resultado es una normativa que incumple, en todos sus términos, las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios, aprobado en 2024. Una norma que exige que todos los medios públicos de la Unión cumplan una serie de condiciones para garantizar su sostenibilidad e independencia, y que blinde al mismo tiempo el trabajo de sus profesionales frente a cualquier intento de injerencia política.
Garantías
La Directiva Europea demanda garantías de independencia editorial, transparencia en los nombramientos y financiación adecuada y previsible para los medios públicos, así como mecanismos claros para proteger la independencia de los profesionales y la pluralidad informativa.
En Canarias, por ejemplo, no existe un Consejo de Redacción, lo que limita la capacidad de la plantilla de RTVC para canalizar denuncias internas sobre injerencias o censura. Esto dificulta cumplir plenamente con los estándares europeos de independencia editorial y protección de los profesionales.
En los últimos años, se han sucedido algunas denuncias públicas de manipulación informativa y quejas de trabajadores por falta de independencia política. En 2018, una periodista de Televisión Canaria denunció públicamente la censura de un reportaje crítico con una iniciativa del Gobierno regional, alegando que la dirección de informativos vetó la pieza por considerarla “tendenciosa y escorada”, y que solo se permitiría su emisión si incluía opiniones favorables a la postura oficial.
Censura
El reglamento europeo obligará en menos de dos meses a cambiar las reglas de los medios públicos
La periodista señaló entonces un punto esencial, que es precisamente lo que el Reglamento Europeo de Medios ha venido a poner sobre la mesa: la carencia de un Consejo de Redacción como vía interna para denunciar estas situaciones, una reivindicación respaldada por la plantilla y por los partidos políticos de la izquierda del arco parlamentario, que también han criticado la censura y la manipulación en los informativos de la cadena.
Otro ejemplo, más reciente. En 2024, durante una tertulia en la que se trataba el tema del caso Mascarillas en Canarias y la querella de la Fiscalía contra varios empresarios, la presentadora del programa interrumpió a uno de los contertulios cuando mencionó el asunto: “Órdenes de dirección”, se justificó la presentadora.
Lo ocurrido motivo un pronunciamiento crítico de la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) subrayando que “se hace necesario e indispensable reactivar los órganos de seguimiento y control de la Televisión Pública Canaria creados ex profeso para su equilibrado funcionamiento”.
La Radio Televisión Canaria (RTVC) vive en una situación de excepcionalidad crónica. Las leyes que la regulan, en las que está previsto elegir hasta cuatro órganos, se convirtieron durante años en papel mojado ante la imposibilidad de los partidos representados en el Parlamento autonómico de llegar a un acuerdo para decidir su composición.