La aprobación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que ha entrado en vigor definitivamente este mes de agosto, marca un punto de inflexión en la política europea de medios. La nueva norma —de aplicación directa en todos los Estados miembros— impone por primera vez obligaciones vinculantes para salvaguardar la independencia de las radiotelevisiones públicas, su sostenibilidad financiera y los derechos profesionales del personal informativo.
Estas medidas obligarán a redefinir los marcos regulatorios de las televisiones públicas en España. De no hacerlo, la Comisión Europea lo incluirá en la parte negativa de su informe anual de cumplimiento del Estado de derecho, lo que, en última instancia, puede dar lugar a sanciones económicas y condicionar la llegada de fondos europeos.
La EMFA va a poner en evidencia la dependencia política de las radiotelevisiones públicas en España, pero su origen, en este punto, tiene más que ver con la preocupación de Bruselas por los efectos que un clima político polarizado está teniendo sobre estos medios, cada vez más colonizados, instrumentalizados o estrangulados presupuestariamente en varios Estados miembros, en especial en Hungría y Polonia.
El reglamento recomienda —y en la práctica obliga— a que todos los medios de titularidad pública adopten normas internas claras para proteger la libertad editorial de los periodistas frente a presiones políticas o directivas. Esto incluye la redacción de códigos éticos, procedimientos garantistas para resolver conflictos y la creación de consejos de redacción: órganos autónomos elegidos por la plantilla informativa que velen por la independencia y puedan emitir informes vinculantes o vetar decisiones de los altos cargos que afecten a la integridad editorial. El texto de la EMFA menciona específicamente la necesidad de prevenir cualquier forma de injerencia política, interna o externa.
La segunda gran exigencia es que el proceso de selección de los máximos responsables (director general, director de informativos…) se base en procedimientos públicos, transparentes y no discriminatorios. Deben evaluarse los méritos profesionales, y el nombramiento final, aunque pueda corresponder a una mayoría parlamentaria, no puede ser discrecional: requiere mayorías reforzadas, limitaciones claras de mandato y causas objetivas de cese. El objetivo es evitar la figura del “comisario político” al frente de medios públicos convertidos en correas de transmisión del gobierno de turno.
El reglamento establece que la financiación debe ser estable, suficiente y previsible, basada en mandatos de servicio público claros y evaluables. Además, debe establecerse al margen de los presupuestos generales anuales para evitar que se utilice como castigo o premio en función de la línea editorial. En este aspecto, la sostenibilidad financiera se convierte en una herramienta de independencia estructural.
Algunos países, además de España, tendrán que reformar sus regulaciones. Otros, en cambio, la cumplen desde hace años. Lo que sigue es una explicación de los principales modelos.
La BBC, el modelo
La Junta de la BBC tiene diez miembros no ejecutivos, incluido el presidente, y cuatro miembros ejecutivos, incluido el director general y editor en jefe de la BBC, que además preside el Comité Ejecutivo que se ocupa del día a día de los medios públicos británicos. Cuatro de esos miembros no ejecutivos son nombrados específicamente en representación de cada una de las naciones del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte).
Para designar a los cargos clave, como el presidente de la Junta y los miembros nacionales no ejecutivos, existe un proceso público supervisado por el Gobierno. Para el director general y demás miembros ejecutivos de la Junta, el nombramiento se hace internamente por la propia Junta, mediante un Comité de Nominaciones con miembros no ejecutivos y ejecutivos, siguiendo procedimientos profesionales y transparentes.
Todo es supervisado, a su vez, por el regulador independiente Ofcom. La estructura de la junta de este organismo es muy parecida a la de la BBC.
El caso único alemán
Alemania es en la actualidad el modelo más sólido de la Unión Europea. Su sistema federal se articula en torno a la ARD y la ZDF, supervisadas por consejos de radiodifusión pluralistas, donde están representados partidos, sindicatos, universidades y asociaciones sociales. Estos consejos no solo nombran a los directivos, sino que aprueban los contenidos de los mandatos de servicio público. El sistema se financia con una tasa obligatoria por hogar —aproximadamente 18 euros al mes— y ha superado con éxito varios recursos constitucionales que han intentado politizar su estructura.
El modelo se construyó a partir de la ARD, una federación de televisiones de los Estados que comenzó a emitir en 1950. A ella se sumó, en 1961, una emisora nacional independiente de los Estados: la ZDF. Ambas operan como instituciones de derecho público sin control gubernamental directo, cada una con dos órganos independientes: un Consejo de Radiodifusión, encargado del contenido, mandato público, nombramientos y supervisión editorial; y un Consejo de Administración, con responsabilidad sobre presupuesto y gestión.
En la ZDF, por ejemplo, el presidente es elegido por el Consejo de Radiodifusión, mientras que el Consejo de Administración supervisa su gestión. Los miembros de ambos consejos son designados con criterios de diversidad social ajenos a los partidos políticos: asociaciones de jóvenes, mujeres, sindicatos, universidades o iglesias. No hay designación directa por parte del Ejecutivo (solo cuatro de los doce miembros del Consejo de Administración son designados políticamente). El principio es multilateral y no partidista, evitando la influencia política directa sobre los nombramientos clave. El mandato de los directivos tiene duración limitada.
La dependencia italiana
La gobernanza de la RAI, de acuerdo con la última reforma aprobada en 2015 durante el mandato de Matteo Renzi, se basa en un Consejo de Administración de siete miembros claramente dependientes de las mayorías políticas.
Cuatro de ellos son elegidos por la Cámara y el Senado, otros dos directamente por el Gobierno y uno por la asamblea de empleados. Tienen un mandato de tres años. En teoría, los miembros elegidos por el Parlamento se extraen de aquellas personas interesadas en el puesto que se registran como candidatos. Para gestionar el negocio diario de la empresa, la Junta nombra a un “delegado administrativo” que actúa como director ejecutivo y tiene también un mandato de solo tres años.
Italia es, como España, un caso problemático. La RAI mantiene una estructura formalmente plural, pero los gobiernos tienden a intervenir en los nombramientos clave, repartiéndose cuotas de poder en el Consejo de Administración. El sistema sigue dependiendo fuertemente de los equilibrios parlamentarios.
La renovación francesa
France Télévisions es la empresa de televisión pública de Francia. Actualmente, gestiona cuatro canales generalistas (France 2, France 3, France 4 y France 5) y el canal de información continua France Info.
Su gobernanza ha sufrido muchos vaivenes, en función de quién gobierne. En la actualidad, su Consejo de Administración está integrado por 14 personas, además del presidente, que es designado por un órgano independiente (la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital, Arcom), por un periodo de cinco años, mediante un concurso estratégico público.
El resto de miembros son dos representantes parlamentarios, elegidos por la Asamblea Nacional y el Senado; cinco representantes del Estado francés; y cinco personalidades independientes, nombradas por el Consejo Superior Audiovisual (una de ellas en representación de las asociaciones de consumidores a nivel nacional), además de dos representantes de los trabajadores de la empresa. Es decir, los designados por políticos no tienen el control.
El reglamento europeo obligará en menos de dos meses a cambiar las reglas de los medios públicos
Arcom es una pieza clave de la independencia de France Télévisions. Este organismo de supervisión independiente lo dirige un colegio de nueve personas: el presidente (nombrado por el presidente de la República), tres miembros designados por el presidente de la Asamblea Nacional, otros tres nombrados por el presidente del Senado, un miembro designado por el vicepresidente del Consejo de Estado y un miembro designado por el primer presidente del Tribunal de Casación. Lo que no garantiza la independencia política, pero sí dificulta el control efectivo por parte de un solo partido.
La fundación sueca
La televisión pública sueca, Sveriges Television AB (SVT), es una sociedad anónima propiedad de una fundación pública, Förvaltningsstiftelsen. El Gobierno elige a los miembros del patronato de la fundación tras consultar a los partidos parlamentarios, antes de que la fundación seleccione al equipo al mando de la empresa de la que depende SVT.
Control político en Dinamarca
En este país, la ley establece que Danmarks Radio (DR) se gestione a través de un consejo con “autoridad ejecutiva suprema” que nombra al director general, así como a la dirección general. El Parlamento elige a la mayoría (seis) de los miembros del Consejo, el ministro de Cultura —que representa a la propiedad estatal— a tres, y el personal de DR a los dos restantes.
La aprobación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que ha entrado en vigor definitivamente este mes de agosto, marca un punto de inflexión en la política europea de medios. La nueva norma —de aplicación directa en todos los Estados miembros— impone por primera vez obligaciones vinculantes para salvaguardar la independencia de las radiotelevisiones públicas, su sostenibilidad financiera y los derechos profesionales del personal informativo.