El coronavirus resucita la renta mínima como medida social tras años de debates y promesas

La crisis del coronavirus ha puesto a la economía contra las cuerdas. A la espera de que desde Europa se den nuevos pasos, este mismo lunes el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado de que nos enfrentamos a una "perturbación sin precedentes" cuyos efectos dependerán, en gran medida, del "éxito de las políticas aplicadas para atenuar el impacto derivado del cese de la actividad de muchas empresas y de las consiguientes pérdidas de empleo". Por el momento, el Ejecutivo central ha ido aprobando medidas a fin de proteger a todos aquellos trabajadores cuya actividad ha quedado paralizada con la activación del estado de alarma. Sin embargo, muchos sectores de la población, precisamente los más vulnerables, todavía siguen desamparados. Una situación que ha propiciado que se abra en el seno del Gobierno de coalición el debate sobre la necesidad de instaurar una renta mínima garantizada de carácter temporal que evite que la crisis sanitaria ensanche todavía más la brecha social.

Este tipo de propuestas no son, ni mucho menos, novedosas en la arena política. En 2015, el PSOE ya llevaba en su programa electoral la promesa de "establecer" por ley "un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital de carácter no contributivo", pensado para ofrecer recursos básicos "a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social". Su socio de Gobierno, Unidas Podemos, también planteaba por aquel entonces la creación de una renta garantizada de 600 euros mensuales para las personas sin ingresos y de otra "complementaria" para aquellos trabajadores cuyo sueldo apenas alcanzaba los 900 euros. Un plan que según explicó el entonces responsable económico del partido, Nacho Álvarez, costaría alrededor de 15.000 millones de euros. 

Un lustro después, ninguno de los dos partidos ha soltado esa idea. En su programa electoral para el 10N, los de Pablo Iglesias hablaban de un "Ingreso Básico Garantizado": "Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros". Los socialistas, por su parte, insistían en su "Ingreso Mínimo Vital". Finalmente, en el acuerdo de gobierno, ambas formaciones se comprometieron a avanzar en esta dirección, empezando por un "aumento decidido" de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y continuado por "un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos".

Pero la llegada de la pandemia ha puesto en stand by todos los planes plasmados en aquel documento que Iglesias y Sánchez suscribieron en vísperas de que se cerrara 2019. Ahora, la prioridad es adoptar medidas de urgencia para que nadie se quede atrás en esta guerra contra el coronavirus. Por eso, además de la paralización de todas las actividades productivas salvo las esenciales y de la situación de los alquileres, otro de los debates que se están produciendo en el seno del Consejo de Ministros es el que tiene que ver con la renta mínima. En este sentido, fuentes del Ejecutivo central explican que se está estudiando una propuesta para cubrir a todas aquellas personas que no pueden acogerse a ninguna de las medidas aprobadas hasta ahora. "Se trataría de una ayuda para personas con bajos ingresos, una forma de ingreso mínimo para proteger a quienes tienen rentas bajas o hayan visto sus rentas reducidas por la crisis del coronavirus. Su duración sería temporal", concretan dichas fuentes.

No son pocos los colectivos que ya han exigido pasos al Ejecutivo en esta misma dirección. Uno de ellos es Oxfam Intermón, que si bien celebra las medidas económicas y sociales que se han puesto en marcha durante la crisis sanitaria, considera que es necesario adoptar otras "especificamente dirigidas a los colectivos más vulnerables, como son las familias sin ingresos, las personas migrantes y las trabajadoras del hogar, así como los trabajadores temporales y los empleados más precarios". En este sentido, proponen la creación de una ayuda mínima garantizada que, según sus cálculos, supondría una inversión de 6.500 millones de euros anuales. "No podemos repetir los errores de 2008", asegura Lara Contreras, responsable de relaciones institucionales e investigaciones de la organización.

Incluso el actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ve necesaria una medida de estas características. "Tiene que actuar el Estado en este periodo transitorio para que después de la crisis sanitaria, con un impacto económico intenso y profundo, no se produzca una crisis social", señaló este domingo el también exministro de Economía durante una entrevista en La Sexta, en la que se mostró "favorable" a la implantación en España de una "renta mínima de emergencia". "Que todos nos hagamos cargo de las necesidades básicas de la población más vulnerable", completó De Guindos pocas horas después de que el supervisor europeo decidiese lanzar un programa de 750.000 millones de euros de compra de bonos, tanto públicos como de entidades financieras.

Grupos "sin medios de vida"

Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, no cree que sea el momento de ponerse con una "renta básica universal", entendiendo como tal un ingreso periódico a cada ciudadano. "Ponerla en marcha requiere un estudio, un análisis, una concienciación ciudadana y una tecnología económica considerable", explica en conversación con infoLibre. Ahora, dice, es momento de detectar rápidamente a aquellos sectores vulnerables para proporcionarles con inmediatez "un ingreso mínimo decente para vivir". En este sentido, dice, habría que hacer números. "Quizá se puede hacer el cálculo por hogares, que es mucho más sencillo", pone sobre la mesa el economista, que considera que llegados a este punto el Estado debe "endeudarse sin dilación alguna". 

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En la misma línea se posiciona Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis. "Hay varios grupos importantes que están quedándose sin medios de vida y para los cuales el Gobierno no ha adoptado todavía medidas", señala al otro lado del teléfono. Habla, por ejemplo, de todas aquellas personas que "pertenecen a hogares en los que todos los miembros están en paro y no perciben ingresos". De los que van a ir agotando la prestación por desempleo durante toda esta crisis. De aquellos que provienen de contratos temporales, "cuya cancelación anticipada se está produciendo". De las empleadas del hogar, de los cuidadores no profesionales. Grupos que, en definitiva, se están viendo en estos momentos "sin rentas de sustitución o prestaciones sociales de sustitución". 

Como Torres, también considera que son necesarias decisiones "directas" y "de urgencia". "Provisionales, transitorias, pero son las que mejor responden a esta situación", apunta. Por eso, apuesta por un "subsidio extraordinario" que puedan cobrar aquellas personas "que no tienen empleo y no tienen rentas familiares". Extensible, dice, a todos aquellos desempleados a los que se les vaya agotando la prestación". "Durante un par de meses en principio, prorrogables luego mes a mes hasta que se termine la crisis", añade. Y, por supuesto, tampoco se olvida de las empleadas de hogar, "sin derecho a desempleo": "Hay que responder a su situación. Es necesario articular algún tipo de ayuda sujeta a condiciones de renta o de desistimiento, que es lo que equivale en su caso al despido".

Al igual que en España, otros países como Estados Unidos están estudiando esquemas similares. El programa que se ha puesto sobre la mesa para hacer frente a los efectos del parón económico en suelo estadounidense contempla el envío de cheques a gran cantidad de hogares. En concreto, 1.200 euros por adulto y 500 por menor de edad. La falta de acuerdo entre demócratas y republicanos en varios puntos del plan ha provocado que el paquete encalle en el Congreso, donde se sigue negociando a contrarreloj.