Multiplicar la vivienda social o impuestos verdes: las medidas de una Generalitat de izquierdas si hubiese pacto PSC-ERC

La opción de Gobierno más probable tras las elecciones autonómicas en Cataluña es una reedición de la mayoría absoluta independentista. Sin embargo y por primera vez desde 2007, el tripartito de izquierdas vuelve a ser una posibilidad si sumasen sus escaños PSC, ERC y En Comú-Podem, con apoyos puntuales de la CUP.

Los tres totalizan 74 diputados –la mayoría está en 68– y la suma de la Candidatura de Unidad Popular elevaría los apoyos a unos imbatibles 83 escaños para partidos de izquierdas. Pero la firma de un cordón sanitario contra el PSC de Salvador Illa entre cuyas rúbricas está la de los republicanos complica esta fórmula. 

El tripartit entre PSC, ERC e ICV (ahora dentro de los comunes) duró de 2003 a 2010, cuando Artur Mas al frente de CiU arrasó con el 38,5% de los votos. Todavía no se había lanzado el procès. La aritmética que dejan los resultados de este domingo permite evocar tiempos de hace década: ¿qué medidas económicas adoptaría hoy un nuevo tripartito, con una Cataluña puesta patas arriba con el proceso soberanista y la covid-19? Un vistazo a los programas permite arrojar algunas respuestas.        

Fiscalidad

Un tripartito impulsaría la actual tendencia a gravar los productos perjudiciales para el medio ambiente: el término "fiscalidad verde" aparece reiteradamente en los programas de republicanos, socialistas y comunes. El PSC promete apoyar la "introducción de figuras impositivas en el ámbito europeo que contribuyan a la transición ecológica y digital, y a la justicia fiscal en relación con las multinacionales tecnológicas", mientras que ERC pide "una fiscalidad justa orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030". Los comunes, en este sentido, van más allá, y hablan de crear nuevos tributos: según EC-P, hay que "desplegar plenamente los impuestos verdes establecidos en la ley de cambio climático, como los impuesto de vehículos sobre tracción mecánica, impuesto sobre las actividades económicas que generen gases de efecto invernadero y el impuesto sobre las emisiones portuarias de barcos".

Sobre los impuestos ya existentes, se produce un respaldo sin ambages de parte de las tres formaciones a la iniciativa pactada a finales de noviembre entre PSOE y ERC en el Congreso de los Diputados para armonizar los impuestos que se pagan en España. En la práctica, esto es una crítica al sistema fiscal de la Comunidad de Madrid, que se permitió no recaudar 5.000 millones en 2019 al bonificar casi al 100% Sucesiones y Donaciones, por un lado, y Patrimonio por otro, algo que se traduce en un empeoramiento general de sus servicios públicos. "Tenemos que seguir reclamando una tributación empresarial mínima, que limite el dumping fiscal entre territorios", reza el programa de ERC. Los comunes coinciden prácticamente en todo con la crítica al dumping fiscal, y el PSC plantea "acordar conjuntamente con el resto de comunidades autónomas y el Gobierno central, unos límites a la competencia fiscal a la baja en determinados impuestos, como el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio".

Otra coincidencia es el mayor esfuerzo fiscal que se exige a las grandes fortunas, un compromiso en el que ERC es el más light de todos ("fiscalidad justa y progresiva") frente a los socialistas catalanes, mucho más explícitos ya que llegan a pedir un nuevo impuesto: éstos lanzan la idea de una "modificación del impuesto de patrimonio, (...) que grave de manera más intensa los grandes patrimonios, como paso previo y transitorio en el establecimiento de un impuesto a la riqueza". Los Comunes, por su parte, destacan en su programa "aumentar los contribuciones a las finanzas públicas de los patrimonios más altos"; para ello piden modificar "Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio, o eliminando a los beneficios fiscales que disfrutan en los sectores más privilegiados".

Vivienda

ERC y En Comú-Podem coinciden en un objetivo muy ambicioso: multiplicar la vivienda social hasta alcanzar "el objetivo del 15% de la malla urbana" (ERC) o, más agresivo todavía, "garantizar que cada municipio tenga un 15% de parque de vivienda social y público en 2030 distribuido territorialmente" (comunes). 

El PSC también apuesta por esta vía, aunque no la cuantifica: "El parque de vivienda de alquiler en el mercado libre en Cataluña no es suficiente, como tampoco la vivienda de alquiler público", reconocen en el programa, por lo que piden ampliarlo. 

Más fricción causa la ley de control de precios del alquiler, que actualmente está negociándose a nivel estatal entre los socios del Gobierno PSOE y Unidas Podemos. En Cataluña una ley análoga se aprobó en septiembre pasado, y el PSC –que votó en contra en el Parlament– propone a este respecto "mejorar el Índice de Referencia de precios de Alquiler, que permita emprender las acciones necesarias para frenar los precios en las zonas de fuerte demanda".

Educación y Sanidad

El potencial de la educación concertada en Cataluña (26,8% de los alumnos de Primaria y Secundaria) no deja gran espacio a los defensores de la pública, hasta el punto de que solo en el programa de En Comú-Podem aparece la mención "educación pública" para abordar primaria y secundaria. Los morados se limitan a reclamar la "calidad" de este servicio, aunque cuando aparece el programa desarrollado por comarcas, al llegar al Bajo Llobregat los Comunes exigen "revisar los conciertos educativos de las escuelas más segregadoras de la comarca y una supresión progresiva y acordada del sistema de conciertos, para que los recursos para la educación pública no queden subordinados en la privada".

La única mención republicana a la "educación pública" va ligada a la etapa universitaria. ERC contempla una rebaja del 30% de las tasas. PSC también quiere "reducir progresivamente las tasas universitarias acercándolas a la media de la Unión Europea" y "aumentar los recursos de las becas", algo en lo que coinciden igualmente los morados.

Banca Pública

Aunque pueda parecer aquí que hay diferencias insalvables, la realidad es que los tres partidos que conformarían el tripartito abogan por relanzar el papel público del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), cuyo papel durante la pandemia para dar avales, liquidez y crédito ha sido importante. "Durante esta legislatura, el ICF ha dado pasos decididos para evolucionar hacia un banco de promoción económica y para consolidarse como un nuevo actor para facilitar el crédito a inversiones estratégicas de país, o de un mayor nivel de riesgo que están insuficientemente financiadas por la banca tradicional", resaltan los republicanos en sus promesas por escrito. 

EC-P recoge el guante y pide sin titubeos "avanzar en la reconversión del ICF en una banca pública". Por su parte, el PSC no va tan lejos pero sí pide "transformar" el ICF "en el instrumento público de financiación de una parte de la inversión vinculada con los procesos de transición ecológica". "Relanzaremos el ICF, manteniendo los criterios que le sitúan fuera del perímetro de la consolidación fiscal de la Generalitat, haciendo de él un instrumento útil para el desarrollo económico, la innovación, el crecimiento y el empleo en Cataluña".

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'Hacienda' catalana

Aquí hay grandes diferencias –no insalvables– y que necesitarían una negociación similar a la del malogrado Estatut. ERC lo tiene claro: la Agencia Tributaria debe de ser el fisco catalán, al igual que en País Vasco o Navarra; por eso, los republicanos plantean que la Agencia Tributaria de Cataluña tenga "capacidad para gestionar todos los impuestos", y para ello reclama la "gestión completa de todos los tributos propios y cedidos". ¿Cómo lograrlo? Con un "despliegue territorial y crecimiento del 150% de su personal", despliegue que terminaría con la "culminación de la red de tributos". 

El PSC pide más autonomía para la ATC y desarrolla ampliamente la idea: un "consorcio de Cataluña entre la Agencia Tributaria del Gobierno central y la Generalitat", que está "contemplado en el Estatuto de autonomía de vigente" y que "compartirá la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos". "Debe ser una manifestación clara del autogobierno y la corresponsabilidad fiscal y debe permitir mejoras de gestión y de inspección tributaria y unos mecanismos de liquidación de ingresos mucho más transparentes, ágiles y cuidadosos que los actuales", aseguran los socialistas catalanes. Podemos da la razón a los dos y propone escuetamente "desarrollar plenamente la Agencia Tributaria de Cataluña, en consorcio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para que se convierta en la Administración Tributaria en Cataluña".