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López Obrador recorta los sueldos públicos más altos para financiar políticas sociales en México

Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión como presidente de México el 1 de diciembre.

Ha sido una de las primeras decisiones de la nueva mayoría gobernante, encarnada por Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO). México acaba de limitar, por ley y en la Constitución, los salarios de los funcionarios públicos, incluido el del presidente, para financiar las medidas sociales prometidas por la izquierda.

La ley orgánica tiene como objetivo la función pública superior en el marco de un plan de austeridad presupuestaria destinado a ahorrar al menos 5.000 millones de euros en gastos específicos relacionados con el estilo de vida y los gastos de funcionamiento del Estado. El plan de ahorro limita todos los salarios del Estado, de la seguridad social y de las empresas públicas a un importe neto de 4.900 euros mensuales.

La aprobación del proyecto de ley, durante varios años en un cajón de la Cámara alta con la administración anterior, forma parte de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, líder de la coalición electoral Partido Laborista Morena-Partido Encuentro Social (PES). La coalición, bautizada Juntos Haremos Historia, llevaba al poder a la izquierda en México a principios de julio, después de una quincena de años de reformas estructurales y de guerra contra el narcotráfico.

AMLO aún no ha tomado posesión de su cargo, que asumirá oficialmente el 1 de diciembre, pero el grupo parlamentario del partido Morena goza de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado.

En la actual Administración federal, más de 35.000 funcionarios reciben un sueldo superior a 4.900 euros netos al mes. En la mayoría de los casos, la controversia jurídica se resolverá con el traslado de personal a puestos que cumplan las normas sobre los límites máximos, tras la aprobación de la Ley de finanzas de 2019. Alrededor de 5.000 funcionarios permanecerán en sus funciones actuales, mientras que sus salarios se verán reducidos en un 40, un 50 o incluso un 60%. El presidente de la República no será una excepción.

Este último también ha prometido “predicar con el ejemplo”, al renunciar a ocupar el suntuoso palacio presidencial de Los Pinos, en las proximidades del bosque de Chapultepec, al oeste de México D.F. La oficina del presidente electo permanecerá en el edificio de dos pisos que actualmente es su “casa de transición”, en el centro de la capital. Frente a las críticas de algunos editorialistas y diputados de la oposición que denuncian lo que consideran populismo, el futuro jefe de Estado explica que su mayoría aplica “medidas de austeridad republicana” para poner fin a los “excesos de gobiernos anteriores” y “liberar recursos para infraestructuras y programas sociales”.

También se acaban de adoptar (o están en proceso de ser adoptadas en ambas Cámaras) otras medidas que permitirán ahorrar cientos de millones de euros al año en el coste de los altos funcionarios y del personal parlamentario: supresión de las pensiones de los antiguos presidentes de la República, limitación de las cuentas de gastos, fin de los seguros médicos privados, limitación de los viajes al extranjero, reducción de los servicios de seguridad, prohibición de los vuelos en avión o en helicóptero privado...

La novedad de la austeridad de López Obrador es su aplicación: el presidente electo espera encontrar formas de aplicar unas políticas de recuperación económica, a partir de 2019, en forma de aumento de salarios y beneficios para los sectores más desfavorecidos de la población. La prioridad son los jóvenes, a quienes el nuevo gobierno espera desviar de la carrera criminal.

Por ello, sin esperar a su llegada al Gobierno el pasado 1 de diciembre, el gabinete de Andrés Manuel López Obrador ha abierto el plazo de inscripciones para el programa Los jóvenes construyen el futuro, un programa social destinado a facilitar la educación, la formación y la inserción profesional de los jóvenes (hasta los 29 años). Esta promesa, una de las más caras de la campaña del mexicano Bernie Sanders, “se cumplirá en los primeros días de nuestra gestión”, dice el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. “Nuestros diputados están firmemente comprometidos a incluir todas estas becas en el primer proyecto de ley de finanzas, que la administración saliente está a punto de introducir”.

Una de las modalidades del programa prevé un abono mensual de 163 euros al mes durante un año para 2,3 millones de jóvenes desempleados, que deberán seguir una formación subvencionada en empresas. Otros 300.000 jóvenes, que han cursado el equivalente mexicano al bachillerato, recibirán 110 euros mensuales desde el momento en que se matriculen en una institución de educación superior (la mayoría de las universidades públicas ya son casi gratuitas en este país).

“No tenemos elección. Sólo la austeridad nos permitirá aplicar nuestras políticas sociales, de la que depende la pacificación de nuestra sociedad”, ha señalado Durazo. Tampoco hay duda para López Obrador, que afirma públicamente que su administración “se resignará a la pobreza franciscana si es necesario”.

Otro compromiso de larga fecha es el aumento del salario mínimo, que, a partir del 1 de enero de 2019, aumentará en un 14%. “El salario mínimo actual [cuatro euros al día en 2018] no cubre nada”, dice la futura ministra de Trabajo y Seguridad Social, Luisa María Alcalde, al semanario Expansión. “Ni siquiera permite que la gente viva en la pobreza. Sin embargo, la Constitución estipula que debe ir acorde al umbral mínimo para vivir con dignidad”.

Por otro lado, el equipo de gobierno entrante ha sido muy claro en su negativa a aceptar cualquier subida de impuestos. Mediapart también confirmó, durante su entrevista con Alfonso Durazo, que los presupuestos de Defensa y Marina, con una partida de 7.000 millones de euros en 2018, tampoco disminuirán dado el dramático deterioro de la situación de seguridad en el país.

El “proyecto de nación” del líder progresista también prevé la recuperación por parte del Tesoro de al menos 500.000 millones de dólares al final de su mandato, combinando la austeridad y la lucha contra la corrupción. La reciente aprobación de una ley para abolir la inmunidad de los representantes electos ha enviado un mensaje de gran superación a cumplir esta otra gran promesa del candidato y de la coalición.

A sus críticos, que lo acusan de exponer a sus funcionarios a esta misma corrupción al impulsar una reducción de sus salarios y beneficios, López Obrador les responde que el servicio público superior debe “sentirse feliz de sacrificarse por la cuarta transformación de la sociedad mexicana [después de la independencia, las reformas de Benito Juárez y la revolución de 1910-1920]”. _____________

Traducción: Mariola Moreno

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