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Los libros

Una democracia impermeable

  • Las autoras proporcionan una síntesis muy valiosa sobre la evolución del problema de la memoria histórica haciendo un diagnóstico riguroso a partir del pacto de olvido
  • La ley no ha resuelto el problema de los desenterramientos ni ha conseguido superar las inercias que se arrastraban, cada vez más anacrónicas

Publicada 23/02/2018 a las 06:00 Actualizada 22/02/2018 a las 19:34    
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El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos
Paloma Aguilar y Leigh A. Payne

Madrid
Taurus

2017
  El asunto de la memoria y el olvido de nuestro pasado se ha convertido en motivo de agria controversia política desde hace ya casi dos décadas. Para algunos, la democracia nació con un vicio de origen: el olvido de las víctimas del anti-franquismo y la impunidad de sus verdugos, fruto de un pacto de silencio entre las fuerzas políticas que querían dejar a un lado la disputa sobre la historia. Según este planteamiento, una izquierda débil y timorata, encabezada por el PCE y su política de “reconciliación nacional”, habría aceptado que los crímenes del periodo franquista quedaran impunes. Para otros, en cambio, no hay nada reprochable en la Transición por lo que toca a la memoria. No hubo nada parecido a un pacto de silencio, ya que los historiadores llevaron a cabo su trabajo, publicando numerosas monografías académicas sobre la Guerra Civil y la represión franquista. Quien quisiera saber, no tenía más que asomarse a aquellos textos. En cualquier caso, se añade, haber reabierto políticamente las heridas del pasado habría puesto en peligro la estabilidad del nuevo sistema democrático.

Lo que subyace a ambas posturas es una cierta visión de la Transición española, una excesivamente crítica y otra demasiado obsequiosa. Paloma Aguilar, una de las coautoras del libro reseñado, lleva desde hace muchos años defendiendo, a través de numerosas publicaciones académicas, una postura más matizada, que la sitúa en tierra de nadie, pues evita tanto la deslegitimación global de la Transición como su sacralización. En El resurgir del pasado en España, escrito junto a Leigh Payne, las autoras proporcionan una síntesis extraordinariamente valiosa sobre la evolución del problema de la memoria histórica, haciendo un diagnóstico riguroso a partir de su elemento originario, el pacto de olvido o silencio que se consuma en los primeros años del postfranquismo.

El capítulo introductorio, de casi 50 páginas de extensión, creo que constituye el texto más acabado que se ha publicado en España sobre la cuestión. Es de lectura obligada. El libro se completa con capítulos más especializados que tratan cuestiones fascinantes y poco conocidas, como las confesiones de verdugos y victimarios de uno y otro bando en la Guerra Civil, o el efecto que han tenido las iniciativas de exhumación de víctimas de la represión en el cuestionamiento del pacto de silencio.

Aun a riesgo de simplificar mucho, me gustaría presentar el núcleo central de la tesis de Aguilar y Payne y mostrar que la patología política que se trasluce en el debate sobre la memoria no es sino un caso especial de un defecto más general que afecta a la democracia española. Defienden las autoras que en la Transición y en los primeros años de democracia hubo un pacto tácito de olvido con respecto a las cuestiones más divisivas y traumáticas de la historia reciente de España. La clase política, así como buena parte de la sociedad civil, entendieron que abordar esos asuntos suponía un riesgo para la convivencia social y la construcción del nuevo régimen. En la medida en que había un acuerdo amplio sobre la necesidad de dejar el pasado fuera del debate público, el pacto se cumplió sin necesidad de vigilancia alguna. Su manifestación institucional más clara fue la primera Ley aprobada por el Congreso de los Diputados tras las primeras elecciones democráticas de 1977, la Ley de amnistía, que permitió la excarcelación de los últimos presos políticos y reos de terrorismo que quedaban en España y, a la vez, consagró la impunidad de los cuerpos y mandos responsables de la represión franquista. Hubo, en los márgenes, iniciativas en sentido contrario, como algunas exhumaciones de primera hora, pero el hecho de que se llevaran a cabo en la mayor soledad política y sin que los medios de comunicación prestaran apenas atención (con alguna excepción como Interviú) es, de hecho, la mejor confirmación de que el pacto fue efectivo.

Por descontado, los historiadores continuaron haciendo su trabajo, como no se ha cansado de señalar Santos Juliá, pero eso no prueba mucho. Políticamente, el pacto se mantuvo activo incluso mucho tiempo después de que los riesgos para la estabilidad de la democracia hubieran desaparecido. Si no he entendido mal, las autoras no condenan el pacto de olvido como tal, ni creen que se pudiera haber hecho algo muy distinto en un momento tan delicado como fue la Transición. Sin embargo, sí juzgan con severidad el hecho de que a medida que la sociedad española fue evolucionando políticamente, el cambio generacional y cultural no haya conseguido romper las prácticas políticas e institucionales que derivan del pacto de olvido.

A finales del siglo XX, la generación de los nietos y biznietos de la Guerra Civil, sobre todo en las familias de descendientes del bando republicano, comenzaron a reclamar un mejor conocimiento de lo sucedido en la época franquista, así como las reparaciones debidas a las víctimas del anti-franquismo, las cuales nunca tuvieron reconocimiento institucional por sus padecimientos. Los miedos de la generación de los hijos de la Guerra Civil, la que protagonizó la Transición, se fueron disipando conforme se consolidaba el sistema democrático. De este modo, la visión del pasado se reconfiguró significativamente.  Lo que hasta entonces había formado parte de la normalidad política, la permanencia de decenas de miles de víctimas en fosas comunes, pasó a ser un motivo de vergüenza.

Las demandas de las nuevas generaciones encontraron una respuesta, tímida y probablemente insuficiente, aunque audaz y rompedora con respecto a lo que se había hecho antes, en la Ley de memoria histórica de 2007 que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Ley no ha resuelto el problema de los desenterramientos ni ha conseguido superar las inercias que se arrastraban desde tiempo atrás. Esas inercias son cada vez más anacrónicas. El Estado sigue resistiéndose a establecer una verdad oficial sobre lo ocurrido en España durante la Guerra Civil y, especialmente, durante la orgía represiva de los primeros años de franquismo; sin el establecimiento de una verdad oficial, no puede haber reparación. El sistema judicial continúa manteniéndose al margen: los tribunales españoles han renunciado no sólo a juzgar los crímenes del pasado, sino también a esclarecer los hechos. Los jueces ni siquiera cumplen con la obligación legal de personarse cuando se produce un desenterramiento de huesos. No ha habido iniciativas públicas para encontrar las fosas comunes e identificar los restos, ni se han erigido monumentos en honor de las víctimas del franquismo. Y el Valle de los Caídos permanece como monumento de exaltación franquista.

Leyendo El resurgir del pasado en España, da la impresión de que nuestro sistema político se ha quedado congelado en el tiempo. La democracia parece impermeable a las demandas que proceden de la sociedad civil. Una mezcla de “tapón generacional”, rigidez institucional y falta de sensibilidad de la derecha política han impedido que se avance en este terreno, hasta el punto de que, como se señala en el libro, España ha recibido varios toques de atención por parte de diversos organismos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su falta de atención a las víctimas del franquismo.

Por desgracia, esta “impermeabilidad” de la democracia española no se observa solamente con respecto a la memoria histórica. Durante los largos años de crisis hemos comprobado la baja capacidad de respuesta del sistema a demandas ciudadanas en asuntos tan variados como los desahucios, el rescate bancario, la estafa de las preferentes, la pobreza energética, la baja fiscalidad que se aplica a las grandes empresas o la precarización de los trabajadores jóvenes. Los estudios de opinión pública revelan niveles de apoyo muy alto a políticas más ambiciosas y solidarias en todas estas cuestiones, sin demasiado resultado práctico. En la encuesta anual a expertos sobre calidad de la democracia que publica la Fundación Alternativas en el Informe sobre la democracia en España, hay varios ítems en los que los expertos suspenden de forma sistemática a nuestro sistema político: “Los partidos se hacen eco de los problemas e intereses de la gente”, “El acceso de los distintos grupos sociales al poder político es igualitario” y “Los representantes políticos son accesibles a los ciudadanos”. Las bajas puntuaciones medias en estos tres ítems reflejan la “impermeabilidad” de la democracia española. Como muestra el libro imprescindible de Aguilar y Payne, la memoria histórica es uno de esos ámbitos en los que la práctica democrática ha resultado decepcionante. Los deseos de cambio se han visto sistemáticamente frustrados: verdad, reparación y justicia para los represaliados del franquismo sigue siendo un ideal muy alejado de la realidad en España.

*Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, colaborador de infoLibre y ensayista. Su último libro es La superioridad moral de la izquierda (Lengua de Trapo y CTXT, 2018). 
 
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