Luces Rojas

La hucha de las pensiones no es una bandera de la izquierda

Stuart Medina

Es un tema recurrente y una de las armas arrojadizas favoritas del Partido Socialista y de otros progresistas contra el Gobierno del Sr. Rajoy. Me refiero a ese asunto que sirve para publicar titulares alarmistas casi todos los meses: “Al fondo de reserva de la Seguridad Social le queda dinero para seis pagas, cinco pagas, cuatro pagas, tres, dos, una… cero”. La semana pasada los periódicos encabezaban sus columnas con ominosas advertencias sobre el inminente agotamiento de la “hucha” de las pensiones… ¡otra vez! En esta ocasión nos avisaban de que daba para una sola paga más. No faltaron a la cita los tuiteros progresistas en la propagación de la mala nueva. ¿Qué otro ejemplo más claro podía haber de la nefasta gestión de los ultraconservadores españoles? Alarmaban así al lector menos informado que podría quedarse con la sensación de que el mes que viene no cobraría la pensión.

Y, sin embargo, ¿han visto ustedes a los ministros del Sr. Rajoy mostrar la más mínima inquietud? No lo han visto porque ellos saben perfectamente que el fondo de reserva forma parte de una monumental maniobra de distracción para conseguir otros fines.

Los progresistas yerran al obsesionarse con el fondo de reserva. Demuestran haber caído inocentemente en otra de las numerosas trampas que les han tendido los economistas neoclásicos. En estas líneas espero alertar a los progresistas sobre lo profundamente reaccionaria que es la noción misma de un fondo de reserva y hacerles ver lo absurdo e irrelevante que es para la sostenibilidad de un sistema de pensiones.

Ante todo, veamos qué es el fondo de reserva. Consiste en que la Seguridad Social cubra pensiones del futuro con cuotas aportadas por los cotizantes del presente. Para ello se pretende que los excedentes presupuestarios que obtenga la Seguridad Social se destinen prioritariamente a la dotación de tal fondo. Este instrumento fue resultado del Pacto de Toledo, esa comisión creada en el Congreso de los Diputados para asegurar la sostenibilidad de un sistema que se creía amenazado por el envejecimiento demográfico, la consiguiente reducción de la población activa y el aumento de la tasa de dependencia.

El fondo fue establecido en el año 2000 durante la presidencia de Aznar pero alcanzó su máxima dotación (66.000 millones €) durante la época de Zapatero. Los socialistas llevan muy a gala este “logro” y no se cansan de recordárselo a Rajoy. Pero en realidad ese superávit fue consecuencia de la combinación de la tradicional cicatería de las políticas sociales del Estado español con un aumento automático de la recaudación en una época de gran bonanza.

Previsión dirán quizás los defensores del invento. Pero deberían preguntarse los socialistas y otros obsesos de llenar alcancías acerca de la utilidad que tenía un fondo de reserva invertido mayoritariamente en deuda pública española. Dicho de otro modo, ¿cómo cambiaba el saldo financiero neto del Estado el acto de sacar dinero del bolsillo izquierdo del Estado para meterlo en el bolsillo derecho?

Tras el fondo de reserva subyacen nociones erróneas y creencias ultraconservadoras que confunden los presupuestos del Estado con los de un hogar. Parten de la idea de que son los cotizantes los que aportan los fondos para pagar las pensiones. Pero nada de esto ocurre en la realidad. Cuando el Estado paga las pensiones simplemente reconoce un poder de compra a favor del jubilado mediante un mero apunte contable registrado en un ordenador. Cualquier Estado que disfrute de soberanía monetaria puede crear esas pensiones de la nada. Cuando el Estado cobra las cuotas de la Seguridad Social, mayoritariamente aportadas por los trabajadores, simplemente está destruyendo dinero. No hay transferencia desde los trabajadores a los pensionistas.

Tampoco los superávits fiscales del presente se pueden utilizar para pagar las pensiones del futuro. Un superávit público en 2010 o 2017 no va a hacer nada para conseguir que el anciano de 2030 pueda ejercer poder de compra porque el saldo de las cuentas públicas es un mero guarismo que indica la diferencia entre los activos financieros que el Estado ha inyectado en la economía al ejecutar el gasto público y los que ha destruido mediante los impuestos.

El Estado no es como una familia

Ahorrar en épocas de vacas gordas para cuando lleguen las vacas flacas tiene sentido para una familia que no puede crear nuevos activos financieros. Pero el Estado no es como una familia, ni siquiera bajo los disfuncionales mecanismos de la zona euro, porque su deuda tiene el respaldo del Banco Central (y crucemos los dedos para que el BCE no vuelva a cometer el error de no comprar deuda pública de los Estados periféricos como ocurría hasta 2012).

Las pensiones de hoy se pagan con excedentes extraídos de la producción de bienes y servicios producidos hoy. Las pensiones del futuro se pagarán solo con los excedentes obtenidos con la producción de bienes y servicios del porvenir. Ningún ahorro financiero del Estado hogaño conseguirá que la producción del futuro sea mayor. Si queremos asegurar que los jubilados de 2030 obtengan una pensión —recordemos, poder de compra creado ex novo por el Estado a favor de los jubilados— debemos asegurarnos de que puedan gastarla en bienes y servicios disponibles en el mercado. Por tanto, lo único que debe ocurrir es que en 2030 la población activa produzca lo suficiente para cubrir sus necesidades de reproducción y además entregar un excedente suficiente a la población dependiente. Bastará con que haya un número suficiente de personas trabajando y produciendo. De hecho en 2030 es probable que nadie se acuerde de que una generación anterior los políticos pensaron en ellos dotando una hucha que se quedaría vacía pocos años después.

La mejor política para asegurar la sostenibilidad de las pensiones es el aumento de la productividad ya que permite que la tasa de dependencia aumente sin menoscabo del nivel de vida de trabajadores y dependientes. Eso se consigue con inversiones. Las políticas de austeridad, que permiten obtener superávits fiscales son causantes de desempleo y subinversión crónica. Si, por ejemplo, para conseguir ese superávit se recorta en educación, sanidad o infraestructuras menoscabamos la capacidad de producción de las generaciones futuras. Pretender que el Estado, o entidades integradas en él como la Tesorería de la Seguridad Social, obtengan un superávit resta atractivo a la inversión ya que deprime el consumo en el presente.

El superávit es por tanto un obstáculo a la mejora de la productividad. ¿Puede tener ocasionalmente utilidad un superávit público? Sí, si todos los agentes quieren ejercer un poder de compra que excede de la capacidad productiva de la economía. En este caso puede ser conveniente drenar capacidad de compra elevando los impuestos o bajando el gasto público. Convendrán conmigo que hoy España está muy lejos de padecer las circunstancias que aconsejarían políticas de austeridad pública.

Una visión conservadora de las finanzas públicas

Tras el concepto de fondo de reserva subyace una visión conservadora de las finanzas públicas cargada de prejuicios morales. La analogía del Estado como hogar que debe equilibrar sus presupuestos en el largo plazo de forma que un déficit presupuestario hoy deberá expiarse mañana con un superávit de la misma manera que una borrachera se paga con una resaca es falaz. En realidad un Estado casi nunca puede sostener un superávit público sin provocar una recesión. El superávit del Estado solo se puede conseguir mermando los ahorros del sector privado o generando un superávit comercial. Lo primero no suele dar resultados felices y lo segundo depende de la voluntad de consumidores extranjeros.

Por tanto la noción de que la Seguridad Social debe mantener un superávit para financiar un fondo de reserva parte de una mala comprensión del papel de la hacienda pública en la macroeconomía. No se engañen. Pretender el equilibrio de las cuentas públicas solo responde a los intereses de determinadas oligarquías. De esta manera se aseguran de que el nivel de actividad económica quede determinado por decisiones que tomen los empresarios y socavan la capacidad del Estado de gestionar el ciclo económico y garantizar el pleno empleo.

Fíjense en que las propuestas de reforma de la Seguridad Social suelen acompañarse de escenarios fiscales apocalípticos, por cierto bastante alineados con la promoción del negocio de los planes de pensiones privados. A la postre las propuestas de reforma de nuestro sistema de pensiones solo sirven para justificar recortes como el que impuso el aumento de la edad de la jubilación a 67 años.

La pregunta que nos deberíamos hacer los ciudadanos es: ¿Qué hacen los progresistas españoles mostrándose más papistas que el Papa y defendiendo políticas fiscales reaccionarias? La izquierda debería felicitarse de que el conservador Rajoy no haya cumplido con los objetivos de déficit. Su crítica a Rajoy debería ser la opuesta: señalar que el gasto público es claramente insuficiente y que la política fiscal es tan conservadora que genera unos elevadísimos niveles de desempleo. Paradójicamente, al picar en el anzuelo conservador, la izquierda está dando soporte a una amenaza real: que la derecha utilice el agotamiento de la “hucha de las pensiones” para engañosamente advertir de la necesidad de recortarlas si queremos que sean “sostenibles”.

Si quieren proponer una reforma progresista de verdad, ¿por qué no defiende la izquierda la desaparición de ese impuesto creador de desempleo llamado cotizaciones a la Seguridad Social? Ese impuesto fue construido sobre la premisa de que son fundamentalmente los trabajadores los que tienen que ser solidarios con nuestros ancianos. Lo único decente y justo es que sea toda la sociedad la que asuma la obligación de mantener a los ancianos y dependientes y por tanto las pensiones deben pagarse desde la Tesorería General del Estado. _______________Stuart Medina es economista y MBA por la Darden School de la Unversidad de Virginia.

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