Telepolítica

La realidad sobre la gestión del covid que algunos no quieren escuchar

José Miguel Contreras nueva.

Parece extenderse una convicción generalizada respecto al caos que envuelve las medidas de lucha contra el covid. Tras decaer el estado de alarma, toda la oposición mediática y política se ha apresurado a culpabilizar al Gobierno central de la situación de descontrol que parece reinar en la actualidad. Cabe entender que en este asunto, tal y como ha ocurrido desde el mes de marzo de 2020, en realidad da igual lo que intente el Ejecutivo. Siempre, haga lo que haga, contará con la oposición de quienes han asumido esa función como su programa político prioritario.

Llegados a este punto, resulta complicado determinar cuál es la posición real que cada partido o comunidad autónoma sostiene. La evolución de la pandemia ha vivido numerosos sobresaltos que han obligado a los responsables políticos a ir modificando sus criterios, en la mayoría de los casos debido a constataciones que los equipos científicos iban apreciando. Seguramente, la única norma que puede establecerse como inalterable desde hace más de un año es la de que haga lo que haga el Gobierno, la oposición está en contra, aunque Sánchez cambie de criterio.

El último episodio de esta serie de corte tragicómico que nos ha tocado padecer se centra en cómo las administraciones autonómicas pueden manejar el control de la epidemia. El Gobierno central ha dejado en manos de las comunidades la decisión política de qué hacer en cada territorio. Todos los que acusaron al Gobierno de coalición de imponer un estado de alarma autoritario para reprimir la libertad de los españoles acusan ahora a ese mismo Gobierno de inhibirse de sus responsabilidades. Sin retrotraernos a escenarios anteriores convendría dejar claros cuatro datos significativos:

1. El Gobierno no cuenta ya con la mayoría parlamentaria que le permitió extender hasta ahora el estado de alarma hace más de seis meses. Por tanto, no puede hacerlo, aunque fuera su deseo. No está por tanto en su mano. En consecuencia, la posición del actual Ejecutivo es que cada administración autonómica pueda decidir qué tipo de control desea aplicar, incluida la declaración del estado de alarma.

2. El Gobierno se ha comprometido a que aplicará el estado de alarma de forma restringida a cualquier territorio si una determinada Comunidad Autónoma lo necesita y lo solicita. Sin distinción de signo político, cualquier presidente o presidenta de las diecisiete comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla tendrán estado de alarma de un día para otro, si lo creen pertinente. Además, Pedro Sánchez ha garantizado que al presidente o presidenta de la comunidad que desee estar bajo estado de alarma se le nombrará automáticamente responsable de la gestión sanitaria en su territorio, sin intervención del Gobierno central.

3. El hecho de que existan diferentes escenarios en todo el territorio nacional, lejos de ser una muestra de descoordinación, es el fiel reflejo del estado autonómico que hemos votado todos los españoles. Cada territorio puede tener una situación sanitaria diferente y tener por ello necesidades distintas. Carece de todo sentido aplicar fuertes restricciones en territorios con baja incidencia del virus. Igualmente, sería ridículo renunciar a imponer severas medidas de control en alguna zona si la emergencia sanitaria lo impone.

4. La declaración del estado de alarma es una medida constitucional que fue creada precisamente para hacer frente a situaciones de este tipo. No tiene otra función que esa. En España, el estado de alarma se puede aplicar para “catástrofes naturales, crisis sanitarias, desabastecimiento de productos de primera necesidad y paralización de servicios públicos esenciales” (Artículo 4º de la Ley Orgánica 4/1981). Es decir, no es una medida que tenga fines políticos de control de derechos fundamentales. Es una medida que permite hacer frente precisamente a emergencias sanitarias o catástrofes naturales. Por supuesto, si así se deseara, puede elaborarse un nuevo marco legal sobre la misma cuestión. Pero debe quedar claro que es completamente innecesario hacer otra ley para regular lo que ya está legislado para ese fin tan concreto.

Es decir, que si un territorio necesita la aplicación del estado de alarma y no lo solicita es únicamente porque no desea hacerlo. Se trata de una obstinación política derivada, como es el caso del País Vasco o Cataluña, de que un Gobierno autonómico nacionalista considera inadmisible pedir al Gobierno del Estado que declare el estado de alarma. En otros casos, donde gobiernan partidos de oposición a la actual Administración central, si necesitan el estado de alarma y no lo solicitan es únicamente porque no quieren reconocer que anteponen un absurdo interés político al interés sanitario de sus ciudadanos.

En resumen. El Gobierno central no puede imponer el estado de alarma sin el acuerdo de una mayoría parlamentaria. Ha dicho que lo aplicará si lo solicita cualquier Comunidad, a cuya presidencia transferirá la autoridad sobre su ejecución. El estado de alarma se incluyó en la Constitución primordialmente para atender pandemias o desastres naturales. Si hace falta aplicarse en un territorio y no se hace, es responsable exclusivo el Gobierno autonómico correspondiente. Todo lo demás que se pueda escuchar estos días es deseo de tergiversar la realidad.

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