Tocata y fuga del rey Borbón

Es una equivocación y causa estupefacción que el jefe del Estado y el presidente del Gobierno hayan tomado parte en la planificación de la huida del rey emérito, que “se va con su patrimonio –acumulado presuntamente de forma ilícita–, sin rastro de arrepentimiento, con todos sus títulos bajo el brazo y sin haber escrito una carta al pueblo español”, a quien de manera tan reiterada ha proclamado servir desde 1975.

La participación de las más altas magistraturas del Estado en unos hechos políticamente inasumibles en un Estado social, democrático y de derecho: planeando, amparando y silenciando la huida del anterior jefe del Estado, ha impactado en el corazón del régimen político instaurado con la Constitución de 1978, desposeyendo de todo sentido a la monarquía parlamentaria como «forma política del Estado español», por cuanto que la actuación el rey emérito y la de quien es su sucesor no ha estado al servicio del pueblo: que es el fin que justifica la existencia de dicha institución, sino al servicio de intereses ajenos al mismo, que no se compaginan con la contribución –plena y activa– de la Jefatura del Estado al esclarecimiento y enjuiciamiento, en su caso, de la conducta del anterior jefe del Estado. Y tampoco tiene nada que ver con ese servicio, el “sentido respeto y agradecimiento” mostrado públicamente por el rey Felipe VI con la “decisión” del rey emérito de huir, ni el silencio que guarda sobre su destino. Puede decirse figuradamente, por el contrario, que con esta actuación Felipe VI ha huido también y la Jefatura del Estado ha quedado vacante.

En otro plano, la huida del anterior jefe del Estado pone fin –esta vez materialmente– a la Transición de 1978 y a la legitimidad ficticia que amparaba la restauración de la monarquía tras la muerte del dictador Franco, fraguada con la inclusión subrepticia de la monarquía en la Ley de Reforma Política, al conocer el Gobierno Suarez en 1976 –por las encuestas realizadas– que un referéndum que diera a elegir a los españoles entre monarquía o república se perdía, como desveló el propio Adolfo Suárez a Victoria Prego en una entrevista.

Huido el rey felón, la monarquía española adolece de legitimidad de origen al haber sido enlazada su restauración a la tradición histórica y las leyes de una dictadura. Y solo podrá obtener el reconocimiento del pueblo al que dice servir mediante la celebración de un referéndum en el que se pregunte a los españoles cual es la forma política del Estado que quieren: monarquía o república.

Esta consulta se celebraría tras la finalización de los trabajos de una Comisión de Investigación parlamentaria que indague si los actos del rey emérito Juan Carlos I –durante su reinado– estuvieron en contradicción con el ordenamiento jurídico del Estado y condene políticamente al rey, llegado el caso, como símbolo de toda esa época. El trabajo de esa Comisión habría de abarcar no solo la presunta corrupción del exmonarca, sino también su papel en la maquinación que despojó del referéndum sobre la república al pueblo español y el que desempeñó en la no legalización del partido republicano ARDE con anterioridad a las elecciones generales de 1977 y su exclusión del proceso constituyente.

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De no ser así Felipe VI –con estilo libre y con carácter de improvisación– compondrá su tocata y fuga: la abolición de la monarquía en España, culminación de la principal destreza familiar.

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Francisco Soler es abogado y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de Equo.