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Cataluña

CiU, ERC e ICV confían en que el Congreso vote en marzo la iniciativa que pide autorización para el referéndum

  • Los partidos promotores de la consulta soberanista de Cataluña señalan que el Parlamento catalán aprobará una proposición de ley para permitir la organización de referéndums
  • Presentada en Madrid la proposición de ley tardaría en debatirse en el Congreso. Las iniciativas autonómicas se discuten por orden de presentación y el Pleno de la Cámara Baja sólo analiza una cada mes

infolibre
Publicada el 12/12/2013 a las 19:44 Actualizada el 12/12/2013 a las 20:05
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El Congreso de los diputados

El Congreso de los diputados.

Europa Press
Los partidos promotores de la consulta soberanista catalana, que han pactado las dos preguntas y la fecha, confían en que el Congreso vote a principios de la próxima primavera, presumiblemente en marzo, la proposición de ley para que el Gobierno delegue en la Generalitat la competencia de convocatoria de referéndums.

Según indicaron a Europa Press fuentes de CiU, ERC e ICV, el Parlamento catalán aprobará una proposición de ley para, acogiéndose al artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado delegar competencias a las comunidades autónomas, permitir que la Generalitat de Cataluña haga uso del artículo 92 de la Carta Magna que recoge el procedimiento para organizar referéndums. 

Presentada en Madrid por el Parlamento catalán, la proposición de ley tardaría en debatirse en el Congreso ya que las iniciativas autonómicas se discuten por orden de presentación y el Pleno de la Cámara Baja sólo analiza una cada mes. Las reformas estatutarias son las únicas con prioridad.

Por eso, y para "no esperar cola", CiU, ERC e ICV planean copiar la proposición de ley que apruebe el Parlament y presentarla ellos en el Congreso como iniciativa de grupo parlamentario, lo que permitiría adelantar varios meses su entrada en el orden del día de la sesión plenaria.

El Gobierno, un mes para pronunciarse


Eso sí, su debate no sería inmediato. Tras el registro formal, el texto debe obtener el aval de la Mesa de Congreso. De lograrlo, la proposición de ley sería remitida al Gobierno que contaría con un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la misma. El Ejecutivo puede vetar las proposiciones de ley si implican un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios.

El actual Gobierno de Mariano Rajoy se jacta de no haber vetado en lo que va de legislatura el debate de ninguna iniciativa legislativa de la oposición y contrasta esta actitud con la mantenida por el Gabinete Zapatero.

Transcurridos los 30 días preceptivos sin que el Ejecutivo pusiera pegas a su tramitación, la proposición de ley quedaría lista para su inclusión en el orden del día de una sesión plenaria para su toma en consideración, lo que podría ocurrir, según los cálculos de estas formaciones, en torno al mes de marzo.

En el hipotético caso de que se aceptase, ya que PP y PSOE se han manifestado en contra, se tramitaría por el mismo procedimiento que se aplica para los proyectos de ley y habría tiempo para su aprobación definitiva antes de la convocatoria formal de la consulta prometida para el 9 de noviembre.
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