Rajoy sabía que el rey iba a abdicar cuando el Gobierno decidió aforar a los príncipes

El pasado 4 de abril, el Consejo de Ministros dio luz verde a un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. Un texto que, entre otros asuntos, restringía el aforamiento autonómico a aquellos expresamente previstos en los estatutos de autonomía e incluía a la reina Sofía y a los príncipes de Asturias. Según la referencia distribuida con posterioridad a esta reunión, con este paso, la intención del Ejecutivo era la de solucionar "una deficiencia histórica del sistema al incluir entre ellos [los aforados] a la reina y a los príncipes de Asturias". "De esta forma, solo se equipara a estos miembros de la Familia Real con las demás autoridades del Estado establecidas en la Carta Magna", añadían desde el Ministerio de Justicia. Esto ocurría justo cuatro días después de que el rey Juan Carlos trasladase a Mariano Rajoy su intención de abdicar en los próximos meses, una decisión que se materializó este mismo lunes.

Pese a la cercanía en el tiempo de ambos acontecimientos, en el Gobierno rechazan tajantemente que pueda establecerse cualquier tipo de relación causa-efecto. De hecho, subrayan que el anteproyecto llevaba mucho tiempo preparándose antes de que llegara al Consejo de Ministros y que ya incluía las observaciones para Sofía, y para los príncipes Felipe y Letizia porque se trataba de una "tarea pendiente". Es decir, que por estas fechas desde el Ejecutivo no se trabajaba con la previsión de sacar adelante esta ley para que en pocos meses tuviese que incluirse también a Juan Carlos I como aforado.

Precisamente, el tema del aforamiento del monarca una vez que su hijo Felipe acceda al trono es uno de los temas que más preocupa al equipo de Mariano Rajoy en estos días. Una vez que Juan Carlos I no sea rey de España, perderá la inviolabilidad que le garantiza la Constitución. Esto implica que, a partir de ese momento, pierde la inmunidad jurídica aunque nadie podrá reclamarle en los tribunales nada relacionado con sus 39 años de reinado puesto que no existe la violabilidad retroactiva.

Al menos tres vías posibles

Son varias las vías que tiene el Ejecutivo para que Juan Carlos I pase a ser aforado. Las fuentes consultadas explican que, a día de hoy, no se ha tomado una decisión sobre cuál es la más conveniente. La primera de las opciones posibles es la de incluir al todavía rey, ya como exmonarca, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, un texto que se encuentra en fase de informes y que todavía tardará meses en salir a la luz. El problema que observan las fuentes consultadas es el tiempo que transcurrirá hasta que vuelva de nuevo al Consejo de Ministros como proyecto de ley y su posterior debate parlamentario. Esto ocurre en un contexto en el que partidos como Izquierda Unida ya han anunciado su intención de plantear querellas por aquellas conductas delictivas en las que hubiera podido incurrir durante su reinado. 

Agilizar el proceso

Para evitar este tipo de situaciones e imprimir más agilidad al proceso, el Gobierno podría poner en marcha una ley ad hoc, como la desarrollada para la abdicación, o podría hacerlo el Congreso de los Diputados con una proposición de ley. La mayoría absoluta del partido de Gobierno, unida a la colaboración que el Partido Popular ha encontrado en los socialistas en esta materia harán que, sea cual sea la vía que se adopte, la aprobación del aforamiento de Juan Carlos I salga adelante sin problemas. No obstante, lo previsible es que no sea un trámite inmediato, lo que dejará expuesto al todavía rey.

Otros asuntos pendientes

Junto al aforamiento, quedan pendientes de regular otro par de asuntos, el del tratamiento del monarca cuando su hijo acceda al trono y el de su estatus. Se trata de cuestiones para las que Zarzuela y La Moncloa llevan ya un tiempo hablando y sobre las que Felipe de Borbón tiene que tomar alguna decisión, como la de la asignación económica. Este último aspecto ha sido siempre una decisión que tomaba el rey y que ahora, pese a los compromisos de transparencia y a los visos de cambio de ciclo que quiere darse al relevo, todo apunta a que seguirá igual.

Los interlocutores de estas negociaciones han sido, por parte del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y, por parte de Zarzuela, Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey.

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A cuenta del aforamiento

Al mismo tiempo que Presidencia del Gobierno –las negociaciones están siendo coordinadas desde La Moncloa directamente, no desde Justicia– busca la vía para regular el aforamiento del rey cuando pierda la inviolabilidad, el Ejecutivo respondía por escrito a la diputada de UPyD, Rosa Díez, que rebajar aforados es "poco oportuno" y conlleva reformas en la Constitución. 

En su contestación, recogida por Europa Press, el Gobierno precisa la cifra exacta de aforados que hay en España pero sí precisa que la mayoría de los existentes "se deben a la estructura compleja" del Estado y que el Ejecutivo no puede modificar ese escenario unilateralmente porque, afecta, entre otros caso, a los estatutos de autonomía. Y tampoco se pueden cambiar con una ley los aforamientos que están previstos en la Constitución y que afectan a los 350 diputados y más de 200 senadores, y los miembros del Gobierno de la Nación.