Podemos esboza las claves de su programa económico

"No se trata de que la mayoría paguemos más impuestos, sino fundamentalmente de eliminar privilegios". Ha sido una de las respuestas que el Círculo de Economía de Podemos ha dado este martes a los simpatizantes de la formación en el chat que han mantenido con cuatro de los representantes del grupo, un espacio donde se ha debatido sobre varios de los puntos más polémicos del programa económico de la formación, como la rebaja de la edad de jubilación o la implantación de una renta básica universal.

El debate, que comenzó a las 17.30 horas y se extendió durante más de 4 horas, giró en torno a las dudas que plantearon los simpatizantes de Podemos a través del ágora virtual de la formación. Y muchas de las preguntas fueron en torno a la misma dirección: la posibilidad de aplicar, en una situación de crisis, muchas de las propuestas económicas que el partido llevó en su programa en las últimas elecciones.

Preguntas como "Todo el mundo dice que el actual sistema de pensiones es insostenible por la forma que está adoptando la pirámide poblacional. Sin embargo, en Podemos se propone adelantar la edad de jubilación a los 60 años. ¿Cómo vais a hacer viable esa medida?"; o "Me gustaría saber vuestra opinión sobre el mercado eléctrico español y sobre si se debería nacionalizar las empresas eléctricas", fueron algunos de las más votadas por la comunidad, que también quiso saber más acerca de las consecuencias que tendría para España plantear una auditoría de la deuda o cómo se financiaría la implantación de una renta básica universal.

Cambios impositivos para empresas para jubilarse a los 60

En este sentido, hubo respuestas concretas y otras que no lo fueron tanto. Sobre la sostenibilidad de la rebaja de la edad de jubilación habló Nacho Álvarez Peralta, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid, quien aseguró que actualmente nuestro sistema de pensiones "no sólo es uno de los más baratos de la UE (el gasto español es de 1.800 euros por habitante, 10% del PIB, cifra muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio en la UE, 13% del PIB), sino que además no tenía ningún problema de financiación hasta que llegó la crisis".

"La caja de la Seguridad Social tenía 6.000 millones de superávit en 2007-2008, y no fue hasta que empezaron los despidos en masa (y por tanto el hundimiento de las cotizaciones) que el sistema empezó a experimentar déficit", abundó Álvarez Peralta. ¿Y en cuanto a la rebaja de la edad de jubilación? El economista reconoció que supondría un gasto de entre 8.000 y 9.000 millones de euros, si bien aseguró que este coste es "perfectamente asumible por el sistema público de pensiones, particularmente con una reforma fiscal progresiva". 

"A comienzos de la década de 1970 había en España dos millones de pensionistas y el gasto apenas representaba el 3% del PIB. Hoy día el número de pensionistas supera los 8 millones y el gasto representa el 10,7% del PIB. Esta evolución ha sido perfectamente compatible –hasta la llegada de la crisis y las políticas de recortes– con los superávits anteriormente mencionados", comparaba el profesor, que explicó que "el incremento de la productividad permite que aumente también la ratio entre pensionistas y trabajadores ocupados sin poner en riesgo el sistema (esta ratio pasó del 15% en 1970 al 45% actual)".

No obstante, para rebajar la edad de jubilación habría que realizar cambios en el sistema impositivo. Y en este sentido, Álvarez Peralta fue menos explícito: "No existe –en contra de las proyecciones generalmente interesadas– ninguna razón económica ni demográfica para que esta tendencia no pueda continuar en el tiempo. Ahora bien, para que esto sea posible es necesario socializar las ganancias derivadas del incremento de la productividad", señaló el economista, cuyos cálculos muestran que "con la rebaja de la jubilación a los 60 años, 1 millón de personas pasarían a jubilarse de forma anticipada, lo que, dada la pensión media, supondría [un coste de] algo más de 17.000 millones. A esto habría que restarle subsidios por desempleo (de quienes encuentran nuevos puestos) y pagos de impuestos de los nuevos empleados".

La reforma fiscal, clave de todas las medidas

Precisamente en el aumento de los ingresos también hizo hincapié Bibiana Medialdea, profesora e investigadora en Economía Aplicada en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, quien aseguró que el objetivo de Podemos es que los ingresos fiscales de España se acerquen a la media de la Eurozona. "Según Eurostat (estadísticas oficiales de la UE) los ingresos fiscales del Estado español fueron en 2013 un 37,8% del PIB, mientras el promedio de la eurozona fue del 46,8%. Simplemente alcanzar ese promedio ya supondría 92.069 millones de euros adicionales de recaudación anual (calculando a partir de datos del INE para el PIB de 2013)", cifró Medialdea.

"Es verdad que el asunto de '¿Y de dónde vais a sacar el dinero?' es uno de los más criticados del programa de Podemos. Y hay que reconocer que, más en una situación como la que vive ahora el país, conseguir los recursos necesarios para las medidas que proponemos no es fácil. No es fácil pero sí factible", reconocía la economista, que no obstante insistió en su apuesta por aumentar la recaudación sin que "la mayoría" pague más impuestos. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Según Medialdea, eliminando "privilegios". "¿Qué sentido tiene que en nuestro país las grandes empresas tengan tantas rebajas y ventajas fiscales que al final paguen sólo un 3,5% de tipo efectivo sobre sus beneficios?", remachó en este sentido.

"No es cierto que el país esté esquilmado, por así decirlo. Tenemos un problema fundamental de distribución desigual de los recursos. Es prioritario que el Estado sea capaz de recaudar recursos de aquellos grupos que los acaparan y los pongan al servicio de aquellos otros grupos sociales que los necesitan", abundó en este sentido Medialdea, que también planteó como uno de los ejes de la política económica de Podemos la lucha contra el fraude fiscal, si bien admitió que "eliminarlo no es automático".

No pagar la deuda tendría consecuencias "graves"

Sobre la auditoría de la deuda y un eventual impago también se preguntó a los representantes del Círculo de Economía, si bien en este aspecto sus representantes tan sólo esbozaron la situación y no fueron más allá a la hora de proponer medidas. El encargado de responder fue Alberto Montero, profesor de Economía Política en la Universidad de Málaga, que explicó que "no se trata de que los ciudadanos decidimos no pagar, sino que el Estado decide revisar esa deuda, en qué se ha gastado y si ese gasto se puede considerar legítimo o no desde un punto de vista social y, a partir de ahí, negociar una quita o una reestructuración con los acreedores".

Sin embargo, Montero fue claro: las repercusiones de un impago "serían graves". "Lo importante en estos casos es que la gestión de la negociación sobre el impago de la deuda se lleve desde el Estado o los Estados deudores y no desde los acreedores. Para ello el Estado deudor debe ser capaz de darle credibilidad a la amenaza de impago para convencer a los acreedores de que es mejor cobrar algo a perderlo todo", señaló el economista, que no obstante alertó de los riesgos de una operación así: "al día siguiente de ese anuncio puedes encontrarte con que te cierran el grifo del crédito y como España no puede imprimir euros, se encontraría con problemas de solvencia".

"Por lo tanto, sólo si el Estado deudor es capaz de convencer y darle credibilidad al pulso de que si no se renegocia su deuda, todos, tanto acreedores como deudores, tendrán problemas, se puede emprender este proceso", remachó Montero, que aventuró que "esa credibilidad será mayor si la amenaza la lanzan varios Estados a la vez (los periféricos, por ejemplo) en lugar de uno aisladamente. En caso contrario, las posibilidades de que la auditoría y el impago den frutos son casi inexistentes".

145.000 millones de euros para pagar la renta básica

La polémica renta básica universal propuesta por Podemos en su programa para las pasadas elecciones europeas, un ingreso garantizado a los ciudadanos "por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno", también ha sido objeto de debate, ya que los simpatizantes han pedido detalles a los representantes del Círculo de Economía sobre quiénes serían los beneficiarios, cuál sería el importe exacto por persona y año, qué prestaciones se piensan eliminar para compensar este ingreso y cuál sería el coste de la medida.

El secreto de la financiación de Podemos

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Y a pesar de que el economista Alberto Oliver explicó que "actualmente hay un equipo trabajando" sobre el tema y que el estudio está todavía en fase preliminar, sí que ofreció algunos datos concretos. Por ejemplo, la cuantía con la que están haciendo los cálculos: 1.000 euros al año a menores de 18 años, 6.000 a personas en edad laboral y 8.000 para jubilados. "De momento se trabaja sobre varias alternativas siendo los costes derivados (ahorros excluidos) del entorno de 250.000 millones de euros", señaló Oliver, que no obstante matizó que "el costo en pensiones disminuiría en más de 90.000 millones (actualmente se sitúa en 120.000) y descontando unos 15.000 millones adicionales de desempleo (el coste actual es de 27.000)".

¿En qué se basan estos descuentos? En la eliminación de "las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico", una medida que también recogía el programa de Podemos. "Con estas cifras en la mano, habría que financiar aproximadamente unos 145.000 millones de euros adicionales", planteó el economista, que señaló con poco detalle que la financiación de la renta básica provendría de los ingresos obtenidos en la reforma fiscal.

Y sobre un posible aumento de la inflación provocado por este subsidio, quien respondió fue Montero: "En un contexto como el español es casi imposible, dada la tasa de desempleo existente y el porcentaje de capital instalado ocioso, porque esa inyección por el lado de la demanda estimularía una oferta productiva que se encuentra paralizada porque no encuentra salida. Pero supongamos que se presentara. En ese caso, sería hasta deseable porque la inflación lo que hace es reducir la carga real de la deuda para los endeudados, tanto ciudadanos como empresas. Así que no es necesario combatir la inflación, porque no se va a dar, y de darse no habría que combatirla porque ayudaría a reducir la carga de la deuda".