Cuatro medidas contra la violencia de género que ya deberían estar en marcha

El problema no es la ley, sino que no se aplica como debería. Esa es, fundamentalmente, la denuncia que hacen las asociaciones contra la violencia de género, que tras los últimos asesinatos machistas cometidos en lugares como Cuenca, Serra o Castelldefels exigen que el Gobierno ponga medios para acabar con una lacra que ya ha segado la vida de 23 mujeres y niños, una cifra que podría elevarse hasta los 32 asesinatos de confirmarse los casos que se están aún investigando.

El último crimen se producía este mismo miércoles, cuando una mujer moría a manos de su expareja tras apuñalarla éste con un machete. Pero no es el único: sólo en este mes de agosto, otras tres mujeres y dos niños han sido asesinados en crímenes machistas, lo que ha llevado a que el PSOE haya pedido un "pacto de Estado" para hacer frente a la situación liderado por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso. El dirigente, sin embargo, se ha limitado a lamentar en declaraciones a la prensa los asesinatos, y no ha recogido el guante lanzado por los socialistas.

No obstante, las asociaciones consultadas por este diario sostienen que, antes de implementar cambios normativos, lo prioritario es incrementar los medios para aplicar la ley que ya existe. "La legislación es buena, lo que ocurre es que no ha contado con los recursos suficientes para que se cumpla", resume Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, que señala que existe una "combinación de problemas" con respecto a este fenómeno. Por ello, las asociaciones plantean una serie de medidas para poner coto a los asesinatos, y todas ellas giran en torno a la formación.

Formar a las víctimas

"Uno de los grandes problemas es que muchas de las mujeres no son conscientes de que son víctimas de maltrato". Así se expresa Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, que explica que algunas de las acosadas por sus parejas o exparejas consideran normales actitudes de dominio, como que el hombre controle cómo viste o con quién sale la mujer. "La violencia de género no es progresiva, se puede pasar de 0 a 100 en un segundo, por eso es tan importante formar", sostiene Besteiro.

Por ello, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas sostiene que el Gobierno debería llevar a cabo "campañas de prevención" para que las víctimas "puedan detectar que son víctimas de maltrato" y consigan ver "el peligro que corren". Besteiro afirma que las muertes de estos últimos días ponen de manifiesto que existe un problema en este sentido, ya que de las fallecidas "sólo el 20% había denunciado y tan sólo dos había pedido protección", y pone como ejemplo a las dos mujeres asesinadas en Cuenca, una de ellas exnovia de su presunto homicida. "Esa mujer, en lugar de con una amiga, debería haber ido acompañada por la Policía", denuncia.

En este sentido, la activista critica que los recortes del Gobierno en la lucha contra la violencia de género –que la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, cifra en un 17% con respecto al presupuesto destinado en 2011– han hecho mella en la "prevención", algo en lo que coincide Marisa Soleto, que también se muestra de acuerdo en que en muchos casos las víctimas "no son conscientes del nivel de peligro que corren".

Sensibilizar a jueces y policías

Pero el problema, aseguran las asociaciones consultadas, no solo estriba en que las mujeres maltratadas no sean conscientes de ello o no lo denuncien, sino en que en muchas ocasiones quienes deberían protegerlas no ponen todos los medios a su disposición para hacerlo. "La formación de los agentes judiciales no es adecuada", asegura claramente Soleto, que denuncia que quienes atienden a las víctimas no tienen en cuenta, en muchos casos "que las mujeres no son conscientes del nivel de peligro" que corren y critica que a ello se suma el hecho de que "algunos juzgados de violencia de género están saturados".

"Pero ha subido mucho el número de sobreseimientos y archivos de casos, y también ha bajado el número de órdenes de protección que se dictan", señala la directora de la Fundación Mujeres, que asegura que su colectivo ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "averigüe por qué se están produciendo estas situaciones". Lo cierto, con los datos en la mano, es que en 2014 creció el número de mujeres que denunciaron a sus agresores, pero se redujo el número de órdenes de protección dictadas por los jueces: se desestimaron el 44,2% de las solicitudes, mientras que en 2004 –primer año de aplicación de la ley contra la violencia de género– las rechazadas fueron el 22,2%.

Uno de las explicaciones para este descenso, sostiene Yolanda Besteiro, es que los magistrados "conocen las leyes y los mecanismos a su disposición, pero no conocen el fenómeno de la violencia de género ni saben el peligro que corre la mujer que tienen enfrente". Con ella coincide Nina Infante, presidenta del Fórum de Política Feminista, que plantea la necesidad de poner en marcha "campañas de formación" porque "no ha calado" entre jueces y policías la gravedad del problema de la violencia machista y no se dictan las medidas de acompañamiento y protección tanto como se debería.

Besteiro exige, además, que se derogue el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que en un proceso judicial "están dispensados de la obligación de declarar los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, [así como] su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial". Y con ella coincide la fiscal adscrita a la Sala de la Violencia contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, que aseguró hace unos días que este artículo es el "mayor obstáculo para una respuesta efectiva, justa y proporcionada" en casos de violencia machista.

Poner la violencia en el centro del debate

Y si, según estas asociaciones, el Gobierno debe poner en marcha campañas para sensibilizar a las víctimas y a jueces y policías sobre la violencia de género, también debe ser objeto de ellas el conjunto de la sociedad. Besteiro llama la atención al último barómetro del CIS, en el que tan sólo un pírrico 0,4% de los consultados situaba la "violencia contra la mujer" como uno de los tres principales problemas de España, mientras que Nina Infante pone un ejemplo claro: "Si para los accidentes de tráfico la DGT está haciendo campañas permanentes, para la violencia machista debería hacerse lo mismo".

"En la sociedad ahora mismo hay una cierta conciencia, pero no la suficiente. Si alguien roba en casa del vecino se llama a la policía, pero si un hombre pega a su mujer y el vecino lo sabe no lo denuncia", abunda Infante, que sostiene que el Gobierno debe poner en marcha campañas para que "el entorno" y no sólo las víctimas –que, asegura, "son quienes más miedo tienen a denunciar"– se implique con el problema. "Y para eso son necesarios más recursos, porque ha habido un repunte clarísimo de la violencia y el Gobierno no ha hecho ningún caso", denuncia.

"La condena social de la violencia es una de las medidas más eficaces para el aumento de las denuncias", asegura por su parte Marisa Soleto, que sostiene que para que exista "una respuesta social contundente" se deben invertir "recursos en educación social para adultos". "Hay que hablar del problema, publicitarlo, ver cuáles son los elementos dentro de las relaciones afectivas que lo provocan. Si le preguntamos a la sociedad sobre qué le parece que ocho niños hayan muerto a manos de sus padres, igual su respuesta sería diferente" a la que aparece reflejada en el CIS, señala.

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Formación en los colegios

Las activistas, no obstante, creen que la prevención debe iniciarse "desde la educación infantil" y extenderse hasta las etapas universitarias. La concienciación desde la escuela es algo que, según señala Yolanda Besteiro, estaba previsto en la norma aprobada en 2004, pero que nunca ha llegado a ponerse en práctica: "La ley decía que tenía que incluirse en los programas educativos formación en igualdad, violencia machista y resolución pacífica de conflictos, pero sólo se incluyó una parte en Educación para la Ciudadanía, que ya ha sido retirada del currículum".

Nina Infante alerta, de igual forma, de la necesidad de comenzar a sensibilizar sobre el problema desde las primeras etapas educativas, y reclama que se introduzca en los consejos escolares "una figura que vigile a los niños que son víctimas de violencia" tanto en el colegio como en su casa. Y, dado el caso, tomar medidas con respecto a la custodia de los menores, apunta Marisa Soleto, que señala que "a pesar de que hay medidas específicas para evitarlo, lo que nos encontramos en la aplicación de la ley es que en muchos casos los niños siguen manteniendo el contacto [con los maltratadores], por lo que no se aleja a las víctimas del foco de la violencia".