Los paraísos fiscales en los programas de los partidos: de las 'listas negras' a la eliminación del secreto bancario

Los paraísos fiscales, al descubierto. Los papeles de Panamá, un total de 11,5 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas offshore, que en España están revelando en exclusiva El Confidencial y La Sexta, han vuelto a poner el foco en todos aquellos lugares que por su jurisdicción opaca resultan deliciosos para ocultar al fisco grandes fortunas. Los documentos han salpicado ya a más de 70 líderes mundiales –el presidente ruso, Vladimir Putin; su homólogo argentino, Mauricio Macri; o el ahora exprimer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson–, así como a personalidades del mundo de la política, la cultura y el deporte. 

Sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales que obligaron el pasado viernes a José Manuel Soria a presentar su renuncia como ministro de Industria después de que el diario El Mundo hiciese público, el jueves, un documento en el que se demostraba la presencia del titular de la cartera en una sociedad en Jersey en 2002, cuando ya era alcalde de Las Palmas. Una semana negra que comenzó con la revelación de su firma en los papeles de Panamá y continuó con una serie de comparecencias contradictorias de Soria sobre el tema. Declaraciones que fueron desmontando los medios de comunicación con informaciones en las que quedaba patente que el ministro había mentido sobre su relación con estas empresas.

Sólo un día después de que se comenzaran a poner sobre la mesa los primeros nombres, los partidos empezaron a pronunciarse. El diputado socialista Pedro Saura lo calificó de "escándalo de primera magnitud que daña la conciencia fiscal de los españoles". Desde Podemos, el parlamentario Pablo Bustinduy señaló la necesidad de crear una agencia fiscal internacional auspiciada por Naciones Unidas y criticó la retirada de Panamá en 2011 de la lista de paraísos fiscales porque "hace que estas prácticas sean legales". Finalmente, Ciudadanos pidió luchar contra el fraude con medidas de control y el PP anunció multas de hasta el 150% a los defraudadores. Pero, ¿qué propuestas llevaban las principales formaciones en esta materia en sus programas electorales para el 20-D?

PP: expresión tabú

La expresión "paraíso fiscal" parece un tema tabú en el documento con el que se presentaron los conservadores a las elecciones generales. En las 226 páginas no hay una sola mención explícita a estos territorios que dan la espalda al fisco. Ni siquiera se mencionan en el apartado dedicado a la lucha contra el fraude, en el que se recogen cuatro propuestas concretas. En primer lugar, el partido liderado por Mariano Rajoy propone reducir los plazos entre la declaración de los hechos imponibles y su comprobación a través de medios tecnológicos, algo que "permitirá una lucha más eficaz". Para ello, y como segunda medida, la formación política promete mejorar la relación entre los contribuyentes y la Administración.

El PP también propuso en el programa "cambios en las prácticas de Gobierno Corporativo": "Exigiremos que las empresas introduzcan en sus informes de auditoría una valoración expresa de los riesgos fiscales y obligaremos que declaren a la Administración Tributaria aquellos esquemas que puedan entenderse como una planificación fiscal agresiva", añade la formación conservadora. El partido completa esta batería de medidas proponiendo continuar con la mejora e incremento de las vías de obtención de información tributaria a través de sistemas de intercambio automático de información.

En este sentido, el pasado jueves el ministro de Economía, Luis de Guindos, firmó con sus homólogos de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia un acuerdo, al que tuvo acceso Europa Press, para implementar "lo antes posible" un sistema automatizado de intercambio de información sobre la propiedad efectiva de sociedades, estructuras fiduciarias, sociedades instrumentales y otras entidades no transparentes. Un "proyecto piloto" que quieren hacer extensible al G-20, en cooperación con la OCDE. "Esto otorgará a las autoridades fiscales la capacidad de conocer, a través de cantidades ingentes de información, los entramados que utilizan los criminales a través de rutas offshore", apuntan los titulares de Economía en el documento.

PSOE: 'listas negras'

Una medida similar a la anterior recoge también el PSOE en su pograma electoral: "España promoverá en la OCDE y el G-20 la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos fiscales", señala el partido liderado por Pedro Sánchez en el documento programático. Además, los socialistas proponen "reforzar los requisitos de control y de exigencia de información con empresas que realicen operaciones financieras en países o territorios" con una jurisdicción opaca y exigir a las entidades bancarias que operan en nuestro país que notifiquen a las autoridades españolas "los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales". En caso de falta de colaboración, el texto señala que podrán "ser sancionadas económicamente" y, si son reincidentes, proponen que se les retire la ficha bancaria.

En este sentido, el caso de los papeles de Panamá dejó al descubierto la participación del BBVA, Santander y Sabadell, al igual que otras firmas internacionales, como intermediadores a la hora de crear sociedades offshoreoffshore en el país centroamericano para algunos de sus clientes. Los dos primeros hicieron estos movimientos en beneficio de personas con un gran patrimonio. En concreto, la entidad que preside Francisco González creó 19, mientras que la que por aquel entonces dirigía Emilio Botín lo hizo en 118 ocasiones.

Además, el PSOE propone impulsar en el seno de la Unión Europea la confección de "una lista negra de paraísos fiscales" que se actualice "periódicamente conforme a una serie de criterios comunes de carácter objetivo". "Aquellas jurisdicciones que aparezcan en dicho listado deben estar sujetas a una lista consensuada de sanciones", completan los socialistas. El partido encabezado por Pedro Sánchez también propuso en el documento hacer lo mismo con aquellas empresas que cometen "fraude fiscal, planificación fiscal agresiva con la finalidad de eludir el pago de impuestos, o que colaboran en las conductas anteriores", prohibiendo que todas estas entidades mercantiles puedan contratar en algún momento con la Unión Europea.

Un camino que ya trazó el pasado 7 de abril la Comisión Europea (CE). "Necesitamos ahora una verdadera lista europea basada en criterios comunes. Urjo a los países a pactar una metodología común para la lista y la quiero en los próximos seis meses como tarde. Seamos rotundos al respecto", afirmó de forma categórica el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, que recordó que el país centroamericano tan sólo está definido como paraíso fiscal por ocho de los Estados miembro. No es la primera vez que Bruselas se pronuncia en este sentido. En junio de 2015, la CE hizo pública una lista negra con 30 territorios que no cooperan en la lucha contra el fraude fiscal. 

Podemos: eliminación del secreto bancario

Una "verdadera lista" y el establecimiento de medidas sancionadoras también se recogen en el documento programático de Podemos. Todo ello acompañado de un refuerzo de la acción contra el blanqueo de dinero "mediante el apoyo a iniciativas de restitución de capitales irregularmente evadidos, especialmente en los países del Sur" y de la aprobación de un paquete de medidas para conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales, así como para garantizar la transparencia financiera, la supervisión y control y las correspondientes sanciones. "Se desarrollarán con especial atención para el caso de los grupos multinacionales", añade el partido morado en su texto de presentación ante el electorado.

Además, la formación dirigida por Pablo Iglesias propone la eliminación del "secreto bancario privilegiado" de estos territorios opacos con el objetivo de "favorecer la desaparición de la extraterritorialidad y la deslocalización del capital financiero", además del establecimiento de una tasa Tobin y un impuesto global sobre la riqueza. Y, culminando en este sentido, la medida recordada por el responsable de Relaciones Internacionales del partido, Pablo Bustinduy: la creación de una agencia fiscal internacional bajo auspicio de la ONU que obligue a las empresas a tributar donde generan beneficios y que fije "una definición universal y normativa vinculante" para estos Estados opacos.

Ciudadanos: eliminación del régimen ETVE

Ciudadanos arranca este apartado de su programa, concretamente en sus páginas 106 y 107, recordando que "España no es el único país perudicado por la escasa tributación de las grandes multinacionales" ni "afectado por los paraísos fiscales", dos asuntos que define como "problemas globales que requieren soluciones globales". En este sentido, la primera medida del partido presidido por Albert Rivera es la elminación del régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE): "Si estas entidades distribuyen dividendos a accionistas no residentes, estos habitualmente no tributan", argumentan en el documento desde el partido naranja.

La formación también centra el foco en la lista de paraísos fiscales. Sin embargo no propone la elaboración de un listado a nivel comunitario, sino que pide revisar el español. Actualmente, nuestro país contabiliza un total de 33 Estados con una jurisdicción opaca. La República de Panamá fue eliminada en 2011, durante la legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "España ha sacado, por ejemplo, a Andorra, para encontrarse a continuación que Andorra no intercambia información con España (caso Pujol) o que no controla eficazmente el blanqueo en su sistema financiero, por decirlo suavemente, con perjuicio para la Hacienda española", apunta el partido.

A nivel europeo, Ciudadanos propone promover medidas coordinadas, como la obligación de las entidades financieras de informar sobre las operaciones de sus clientes en paraísos fiscales. Además, en el ámbito español, buscan reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o fraude de sus clientes. Todas estas medidas recogidas en el programa electoral, junto con la eliminación del secreto bancario, fueron recogidas en una proposición no de ley que se aprobó el pasado 16 de marzo en la Comisión de Hacienda del Congreso con el voto a favor de todos los grupos y en contra del PP.

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IU: impuesto sobre las transacciones financieras

Otro de los dirigentes políticos que se pronunció nada más conocerse el caso fue el diputado de IU-UP en el Congreso, Alberto Garzón. Lo hizo a través de Twitter con un mensaje dedicado a "los patriotas de boquilla" que copan "la lista de políticos con cuentas en paraísos fiscales". Un día después, el parlamentario exigió en la Cámara baja la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y aseguró que "ni el PP ni el PSOE tienen interés en acabar con estos mecanismos". "La Unión Europea protege los paraísos fiscales. No se trata de poner el foco en las personas señaladas sino de la voluntad política", añadió. Pero, ¿qué proponía Izquierda Unida en su programa?

El documento con el que Garzón se presentó a las elecciones generales el 20-D comienza proponiendo la "supresión de mecanismos de elusión fiscal como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Además, IU-UP apuesta, del mismo modo que Podemos, por la creación de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras que sea sustituido, "cuando proceda", por "un tributo a escala de la Unión Europea. Finalmente, en lo relativo a los Estados opacos, la formación política recoge en el texto la "adopción de medidas concretas contra los paraísos fiscales y contra la especulación financiera". Sin embargo, no hace propuestas concretas: "Prohibir en las instituciones financieras españolas o cualquiera de participación pública, la operativa hacia y desde paraísos fiscales. Fortalecer el papel regulador del Banco de España con medidas para el control del sector financiero", señala.