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Ministerio de Hacienda

Gestha pide que Montoro no tenga potestad para aprobar más medidas vía decreto ley

  • Entiende el gesto político de reprobación del ministro por parte de los partidos, pero va más allá y reitera su petición de dimisión
  • "Con el decreto ley de la amnistía fiscal quebró los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad que deben regir el sistema tributario", subraya el sindicato

infoLibre Publicada 27/06/2017 a las 18:25 Actualizada 27/06/2017 a las 18:26    
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño este miércoles.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden que el Gobierno no apruebe ninguna medida propuesta por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vía decreto ley, y que tenga hacerlo mediante un proyecto de ley con el objetivo de que los distintos partidos políticos puedan debatirlo en el Parlamento, de modo que no sea aprobada sin consenso.

Ante la reprobación a Montoro que se realizará este martes por la tarde en el Congreso de los Diputados tras la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la amnistía fiscal, Gestha "entiende" este gesto político de reprobación por parte de los partidos, pero va más allá y reitera su petición de dimisión al ministro, desde un punto de vista "exclusivamente técnico".

El sindicato pide su dimisión porque "con el decreto ley de la amnistía fiscal quebró los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad que deben regir el sistema tributario según la Constitución, de modo que su continuidad al frente del Ministerio es insostenible".

Para Gestha, Montoro debe asumir responsabilidades después de la sentencia del Constitucional, y esto empezaría por no poder acometer ningún cambio legal sin el debate y propuestas de enmiendas del resto de grupos parlamentarios, pues esta decisión judicial le invalida para ello tanto a ojos del resto de grupos políticos como de la sociedad. En este sentido, pide que se abra en el Congreso una subcomisión de estudio de la AEAT, de los Tribunales Económico Administrativos y del Ministerio de Hacienda para que afloren los problemas estructurales que impiden que se reduzca la economía sumergida, que no se controle el gasto público con eficacia, que se produzcan dispendios o que se demore la resolución de las reclamaciones de los contribuyentes.

"Las conclusiones de esa subcomisión deberían establecer un mandato al Gobierno para que adopte las principales medidas de mejora y su orden de prioridad en el tiempo", señala.

Igualmente, los técnicos reiteran su petición de que se incluya en el artículo 31.1 de la Constitución española, que hace referencia a los principios esenciales del sistema tributario, la prohibición de aprobar nuevas amnistías fiscales, sean estas en la forma que sean.
Para Gestha, esta es la única forma de asegurar a los contribuyentes que no se volverá a producir una situación como la de 2012, en la que más de 30.000 personas pudieron regularizar su situación con Hacienda "sin ningún tipo de penalización".

"Esta medida es más necesaria aún a la luz de los datos recogidos por el colectivo, pues al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal han continuado defraudando una vez regularizada su situación, lo que supone el porcentaje más elevado de fraude dentro de todos los grupos de contribuyentes que hay en España", subraya.

Por ello, también reitera la necesidad de que se abra una investigación tributaria a las 29.065 personas y 618 sociedades que se acogieron a la amnistía para determinar si han cambiado su compartimiento evasor o siguen defraudando. Además, en estos años de investigaciones, también se ha detectado que 705 personas que tienen indicios de haber blanqueado se habían acogido igualmente a la amnistía fiscal, lo que representa al 3,4% de los amnistiados.

Ante estas cifras, además de la investigación, Gestha solicita que se hagan públicos los nombres e importes de la amnistía fiscal, al igual que se hace con la lista de morosos, para que toda la sociedad sepa el nombre e importes aflorados de esas personas o compañías que han aprovechado la amnistía fiscal.


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1 Comentarios
  • irreligionproletaria irreligionproletaria 28/06/17 14:09

    Las peticiones de Gestha, las compartimos millones de ciudadanos de bien; pero, los ministros han sido nombrados por el presidente del gobierno y ante él responden. Es al Presidente, investido por las Cortes, a quien procede LIMITARLE -conforme a Derecho- la ABUSIVA UTILIZACION DE LOS D-L. La CE en su "arlo 86.1 En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las CCAA ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES A SU PROMULGACIÓN. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia."
    STC de 8 junio, 2017, estimando el recurso de inconstitucionalidad 3856/2012, declara inconstitucional y nula la disposición adicional primera del RDL 12/2012 de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público con los efectos señalados en el FJ 6, de esta Sentencia: '6. En conclusión, la medida prevista en la disposición adicional primera del RDL 12/2012 ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el arlo 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria ... Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo EXCEPCIONAL previsto en el arlo 86.1; esto conduce necesariamente a declarar la disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto constitucional." Salu2.

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