El tribunal permitió interrogar sobre financiación irregular a los exdirigentes del PP que ocuparon los mismos cargos que Rajoy

La recta final hacia la declaración de Mariano Rajoy como testigo ante el tribunal de Gürtel mantendrá intacto hasta su último milímetro uno de los grandes interrogantes de la comparecencia con mayor relevancia política del juicio: el de hasta dónde permitirá este miércoles el presidente de la sala, Ángel Hurtado, que las acusaciones pregunten al presidente del Gobierno por la presunta financiación ilegal –en puridad, entonces solo irregular– plasmada en una contabilidad B que no solo Anticorrupción sino la propia Abogacía del Estado dan ya por acreditada y que habría permitido al PP ingresar entre 1990 y 2009 donaciones en negro así como pagar a sus dirigentes sobresueldos igualmente opacos.

Oficialmente, ese vasto apartado se incluye en la pieza de los llamados papeles de Bárcenas, distinta a la que está juzgando la Audiencia Nacional. Pero hace solo un mes, y cuando la citación de Rajoy era ya firme, el tribunal dio vía libre a las acusaciones para interrogar sobre esos puntos a los cinco antiguos dirigentes del PP que se sucedieron en los mismos cargos que había desempeñado el presidente antes de convertirse en líder máximo del partido: vicesecretario general y secretario general. Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y, muy especialmente, Javier Arenas recibieron una batería de preguntas al respecto. La fiscal Concepción Sabadell le preguntó, por ejemplo, a Arenas desde quién recibía los donativos a si el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, tenía autorización "para llamar a algún ministerio", en clara referencia a que las hipotéticas donaciones se entregarían a cambio de contratos.

El nombre de Mariano Rajoy aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de 6.300 euros trimestrales entre 2002 y 2008. Y durante su declaración ante el juez Pablo Ruz en julio de 2013, el extesorero sostuvo que, además, había entregado 20.000 euros al presidente "en el verano de 2009" y 25.000 "en marzo de 2010" en sendos sobres. Y otras dos cantidades idénticas en las mismas fechas a María Dolores de Cospedal. Bárcenas, cuya estrategia de defensa es hoy radicalmente opuesta a la de 2013, se opuso en abril a que el líder del PP fuese citado como testigo. Algunas fuentes de su entorno aseguran que este miércoles no estará en la sala de vistas durante la declaración de Rajoy, pero infoLibre no ha podido verificarlo.

Preguntas para obtener "una visión de conjunto"

El PP lleva días difundiendo la tesis de que Rajoy acude como testigo para decir lo que sabe sobre los 245.000 euros que los manejos de la trama habrían reportado al PP  –de ahí que se arriesgue a ser declarado partícipe a título lucrativo o beneficiario económico–. O más exactamente –y esa es la versión del PP, no la de la Anticorrupción– a los alcaldes de dos municipios madrileños, Majadahonda y Pozuelo, ambos acusados, que emplearon el dinero en su campaña municipal de 2003.

En realidad, no es así. Dictado el 19 de abril con el voto en contra del presidente de la sala, a quien este lunes dedicó una encendida alabanza el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, el auto de citación de Rajoy no acota el campo del interrogatorio al episodio de Majadahonda y Pozuelo. Muy al contrario, introduce un párrafo alusivo a la ausencia de límites. "Circunstancias procesales –dice la resolución–como la necesidad de fragmentación de las causas complejas para hacerlas mínimamente manejables no pueden llegar al punto de impedir al tribunal que disponga de una mínima visión de conjunto que le permita alcanzar una apreciación lógica, racional y lo más real posible de los hechos". En resumen: que una cosa es que el sumario se haya troceado en piezas porque de otro modo sería ingobernable y otra muy distinta que a Rajoy o cualquier testigo no se le puedan formular preguntas que ayuden al tribunal a obtener "una visión de conjunto".

De hecho, cuando la fiscal Concepción Sabadell la emprendió a preguntas con Javier Arenas el 20 de junio, el juez Hurtado no planteó objeciones. Tampoco las puso cuando la fiscal lanzó la siguiente pregunta a quien durante años gobernó el PP andaluz y ahora ostenta la vicesecretaría de política autonómica y local del PP: "¿Ha recibido alguna cantidad en efectivo?" Javier Arenas, que por no saber aseguró que ni siquiera sabía que alguien hubiera dado instrucciones en 2004 para no contratar más con determinadas empresas –las de Correa–, negó tajante el cobro de cualquier sobresueldo. Y todo lo demás. Ese todo incluye cualquier atisbo de conocimiento de que el partido manejara una contabilidad B paralela a la oficial. Los otros cuatro dirigentes tampoco saben qué hacía el partido con el dinero. Y tampoco –declararon sujetos a la obligación de decir la verdad– cobraron nunca sobresueldos en negro.

Los cinco declararon como testigos de espaldas al banquillo de los acusados pero a su misma altura y mirando de frente al tribunal. A diferencia de ellos, no se sabe dónde exactamente se sentará el presidente. Este lunes y en respuesta a la pregunta de la asociación de abogados Adade –la acusación popular que reclamó la declaración de Rajoy– sobre dónde se ubicará el testigo, el tribunal ha comunicado que la decisión no se tomará hasta este mismo miércoles. Fuentes jurídicas interpretan esa respuesta como un nuevo signo de discrepancia en el seno de la sala. El interrogatorio de Rajoy está fijado a partir de las 10.00 de la mañana.

De las comisiones del 3% a los "organismos centrales"

Pero no solo los antiguos vicesecretarios generales y/o secretarios generales han tenido que responder sobre la caja B, los sobresueldos anotados por Luis Bárcenas en lo que el extesorero define ahora como "anotaciones extracontables" y las donaciones/comisiones a las que nada más comenzar el juicio en octubre de 2016 se refirió Francisco Correa para sorpresa general e inquietud de quienes ya se habían congratulado por el cerrojazo a la instrucción de los papeles de Bárcenas.

La pieza de los papeles ha sido reabierta. Pero esa no ha sido la única consecuencia práctica de la declaración de Francisco Correa sobre el supuesto pago de comisiones del 3% abonadas por empresas que querían contratos públicos así como la brevísima prestada por otro de los acusados, el empresario Alfonso García Pozuelo. Antiguo dueño de Constructora Hispánica, Pozuelo alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena. En el juicio, y sin más detalles, hizo una confesión enigmática: que le había dado dinero al jefe de la trama para "organismos centrales". La fiscal no repreguntó. Y García Pozuelo rehusó contestar a las acusaciones populares, así que el misterio persiste nueve meses después.

Junto con la reapertura de la investigación sobre los papeles de Bárcenas, las declaraciones de Correa y García Pozuelo alcanzaron un segundo efecto inmediato: todo lo vinculado a la –presunta– financiación ilegal del PP ha sobrevolado desde entonces la sala de vistas donde se juzga la pieza denominada como Época I (1999-2005).

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Además de a Cascos, Arenas, Rato, Acebes y Mayor Oreja, el tribunal ha permitido que Anticorrupción y, en menor medida, las acusaciones populares pregunten a otros testigos por la contabilidad B del PP. Por ejemplo, al exsenador Luis Fraga, quien rebautizó los papeles de Bárcenas cuando la fiscal Sabadell le preguntó si había recibido retribuciones del PP sin declarar: "Eso ha salido en los llamados papeles de Génova". O al empresario Joaquín Molpeceres, a quien la fiscal interrogó sobre si es el "Volpeceres" que aparece en los papeles de Bárcenas.

También el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo se adentró en el territorio de los papeles de Bárcenas. Del Burgo admitió que el extesorero del PP Luis Bárcenas le entregó dinero en efectivo para que se lo hiciese llegar a otras personas, no por decisión suya sino porque era un "ejecutor de órdenes".

Incluso a Rosendo Naseiro,  protagonista del primer –presunto– caso de financiación ilegal del partido, que se salvó in extremis gracias a que el Supremo anuló en 1992 las principales pruebas que incriminaban a sus responsables y ahora de nuevo en primer plano tras su paso por la comisión de investigación del Congreso, le dirigió la fiscal Sabadell una pregunta sobre el asunto.  "¿Con usted se inició la caja B del PP?", preguntó Sabadell. "Falso, totalmente falso". Ocurrió el 7 de marzo. A diferencia de lo que hace dos semanas ocurrió en el Congreso, a Naseiro le resultó perfectamente audible lo que estaba diciendo la fiscal. Y abundó en su negativa: "Yo no he tenido nada que ver con eso", fue su añadido. Eso era la contabilidad paralela a la oficial.