Puigdemont propone al Parlament suspender la independencia para negociar

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró este martes la independencia de Cataluña... y la dejó en suspenso apenas unos segundos después. Lo hizo durante su discurso en el Parlament, que comenzó una hora más tarde de lo previsto y en el cual aseguró que asume "el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república". Pese a que esa frase, por sí misma, carece de cualquier valor jurídico, Puigdemont pidió pocos segundos después suspender durante unas semanas el efecto de la declaración de independencia para que se abra un diálogo con el Gobierno.

El inicio de la comparecencia de Puigdemont estaba previsto para las 18.00, pero se retrasó una hora por dos motivos: una petición de Ciudadanos y el PP para que se suspendiera el pleno y una solicitud del propio president. Y es que la CUP discrepaba del texto planteado por Puigdemont, que pretendía dar por hecha una declaración de independencia sin citarla expresamente, amparándose en que estaba aplicando lo establecido en Ley del Referéndum si ganaba el sí. Es decir, un declaración ambigua, no expresa, no votada por los diputados y que no contaría con efectos jurídicos, como finalmente ha sido.

Durante la sesión, el Parlament no votó ningún texto ni dio luz verde a ninguna acción, por lo que la independencia sólo se mencionó retóricamente, aunque después de levantarse la sesión, los diputados independentistas se reunieron para suscribir una declaración de independencia en el Auditorio del Parlament. "Constituimos la República catalana como Estado independiente", se afirma en el documento firmado por los parlamentarios de PDeCAT, ERC y la CUP. 

Puigdemont realizó una intervención breve, de menos de una hora de duración, que comenzó haciendo un repaso de los agravios que, a su juicio, se han sucedido en los últimos años por parte del Estado contra Cataluña. Sólo al final, el president de la Generalitat aseguró lo que ya había dicho hace unos días: con los resultados del 1-O, "Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente" porque "las urnas dicen sí a la independencia, y este es el camino" que él está "dispuesto a transitar".

Pero, acto seguido, Puigdemont afirmó que "por responsabilidad", lo que "toca" es abrir un "diálogo con el Estado español" y, por ende, suspender temporalmente esa declaración de independencia –que únicamente ha sido retórica– buscando la "mediación". "Creemos firmemente que el momento pide no sólo rebajar la tensión, sino, sobre todo, la voluntad clara y comprometida para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir del resultado del 1 de octubre; resultados que debemos tener en cuenta de manera imprescindible en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir", señaló a este respecto el mandatario.

"Europa ya se siente interpelada sobre los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto. Todas estas voces merecen ser escuchadas y todas, sin excepción, nos han pedido que abramos un tiempo para dar una oportunidad de diálogo con el Estado español", insistió Puigdemont, que finalizó su discurso asegurando que "hoy, el Gobierno vuelve a extender la mano, y si todos actúan con la misma responsabilidad, el conflicto se puede resolver de forma serena y acordada".

La CUP se lamenta y la oposición critica a Puigdemont

Puigdemont recibió aplausos de Junts pel Sí pero no de la CUP, cuyos diputados se quedaron sentados en sus escaños. De hecho, los anticapitalistas mostraron su decepción con la postura del president por boca de su portavoz, Anna Gabriel, que aseguró que el Parlament "no puede suspender los efectos de nada", porque no ha habido declaración unilateral de independencia. Asimismo, la CUP rechazó la "negociación y mediación" con "un Estado que nos amenaza y persigue" y que "niega derechos civiles y políticos básicos". "Hoy, quizás, hemos perdido una ocasión", se  lamentó Gabriel.

La líder de la oposición, Inés Arrimadas (C’s) también fue muy crítica con Puigdemont, aunque por motivos obviamente diferentes. "Esto ha sido la crónica de un golpe anunciado", aseguró Arrimadas, que denunció que los independentistas "han roto la convivencia en Cataluña, enfrentando a la población y señalando a los disidentes". "Señor Puigdemont, está usted solo. En Europa nadie le da apoyo, y su irresponsabilidad ha puesto en peligro la autonomía y esta institución que ha estado tapiada 40 años", denunció la portavoz de Ciudadanos.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, coincidió con el razonamiento de Anna Gabriel. "No se puede suspender una declaración que no se ha hecho", afirmó el portavoz socialista, que sostuvo que "el aplazamiento sine die de no se sabe bien qué no hará más que incrementar la incertidumbre". "En esta hora grave, le pido que tenga la responsabilidad de decir que este Parlament no ha declarado la independencia", insistió Iceta, que exigió a Puigdemont la convocatoria de elecciones autonómicas "para poder votar de verdad".

Con la gravedad de la "crisis" estuvo de acuerdo Lluís Rabell, que intervino en nombre de Catalunya Sí que es Pot. Rabell alabó que Puigdemont haya abierto una "oportunidad" para el "diálogo", pero le recordó que "el 1-O es una formidable movilización y una muestra de fuerza del independentismo, pero no genera un mandato democrático". "Seamos valientes y no ignoremos la realidad. Dejemos la política de acción-reacción y evitemos un choque que podría tener consecuencias nefastas", pidió Rabell.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, utilizó su intervención para espetar a Puigdemont que no habrá independencia en Cataluña aunque "juegue al despiste" con una declaración ambigua y sin validez jurídica. "Ya no valen ambigüedades ni juegos de piruetas semánticas, porque el Estado de derecho no va a permitir ningún Estado independiente en forma de república, ni por etapas, ni en diferido", aseguró Albiol, que exigió al president que renuncie al "golpe de Estado que está perpetrando".

¿Qué dice la Ley de Transitoriedad?

El Gobierno catalán y los partidos independentistas mantuvieron durante todo el día un enorme hermetismo sobre el contenido final de la declaración de Puigdemont. El único que compareció fue el conseller de Presidencia, Jordi Turull, tras una reunión del Gobierno en el que el president trasladó a su equipo las líneas maestras de su discurso, pero no ofreció ningún detalle al respecto. "Las deliberaciones del Gobierno son secretas", se limitó a señalar Turull, que aseguró que el Ejecutivo está "absolutamente cohesionado" pese a que, en los últimos días, dirigentes como el conseller de Empresa, Santi Vila, hubieran mostrado sus dudas con respecto a una declaración unilateral de independencia.

El camino tomado por Puigdemont abre un periodo de incertidumbre que estará marcado, fundamentalmente, por la decisión que tome el Gobierno central con respecto a la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, así como por la falta de valor jurídico de la declaración. No obstante, de aceptar que la independencia ha sido efectivamente declarada, el camino a seguir por la Generalitat lo marca la Ley de Transitoriedad Jurídica, aprobada de manera polémica hace un mes y anulada por el Tribunal Constitucional, que establece que, una vez hecha la declaración de independencia, comenzaría un periodo de en torno a un año para redactar la nueva constitución.

Este "proceso constituyente" se iniciaría con una primera fase de "proceso participativo", explica la norma, que señala que esa primera fase debe durar seis meses y en ella el Parlament y el Gobierno seguirían en activo. El proceso participativo comenzaría con "un proceso deliberativo a nivel sectorial y territorial", y posteriormente se convocaría un "Foro Social Constituyente formado por representantes de la sociedad civil y los partidos políticos" para debatir propuestas para la nueva Constitución catalana. Un grupo de expertos académicos elegidos por el Gobierno catalán tendría la responsabilidad de "asesorar" en esta primera fase deliberativa.

El TSJC asegura que ninguna declaración "implícita o explícita" de independencia tiene validez jurídica

Ver más

Asimismo, en su artículo 10, el texto establece que "las normas estatales, autonómicas y estatales vigentes" en el momento de aprobación de la ley se continuarían aplicando siempre que no la contradigan, así como siempre que sean acordes al derecho catalán que se aprobaría con posterioridad a la desconexión. De manera similar, y tal y como se avanzaba en el artículo 4, las normas europeas y los tratados y leyes internacionales mantendrían su validez si no son contrarias a la legislación de la nueva república catalana.

El president Puigdemont pasaría a ser automáticamente jefe del nuevo Estado, y "mientras el Parlament no apruebe una ley del poder judicial y de la administración de justicia, se continuarán aplicando las leyes procesales existentes en el momento de entrar en vigor", apunta la legislación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasaría a ser el Tribunal Supremo de Cataluña y tendría el rango de "órgano judicial superior"; su presidente sería escogido por Puigdemont, mientras el fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlament a propuesta del Gobierno catalán.

Además, la Administración catalana sustituiría a la Administración española y, según la regla, los funcionarios pasarían a ser trabajadores públicos de Cataluña y ya no de España. Sin embargo, en este punto se establece una excepción, y es que el Ejército dejaría "de tener jurisdicción en el territorio catalán" de manera automática.