Memoria histórica

El futuro de la casa fotografiada por Capa: Carmena quiere elevar su protección mientras Cifuentes la deja en suspenso

© International Center of Photography/Magnum Photos.

Raquel Maluenda

La Comunidad de Madrid decidió este viernes dejar en suspenso la posibilidad de declarar Bien de Interés Patrimonial (BIP) el número 10 de la calle Peironcely, la vivienda vallecana fotografiada por el fotoperiodista Robert Capa durante la Guerra Civil, por considerar que el inmueble “no encaja en ninguna de las figuras de protección existentes en la Ley de Patrimonio regional”. La decisión se produjo el mismo día en que el Ayuntamiento de Madrid anunció su intención de que la vivienda sea incluida en el Catálogo de Elementos Protegidos del Consistorio con nivel 2 grado estructural, para garantizar la salvaguarda de la “práctica integridad del inmueble”.

Así, tras escuchar al Consejo Regional de Patrimonio Histórico —cómo acordó la Asamblea de Madrid el pasado mes de noviembre—, la dirección general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid decidió posponer el expediente de declaración de BIP al considerar que la ley actual “no ofrece cobertura legal a esa posibilidad”. De este modo, el Gobierno regional consideró “más acertado esperar a la tramitación de la nueva Ley de Patrimonio”, que, de acordarlo los grupos, podría introducir nuevas figuras que permitan proteger “adecuadamente” el inmueble.

“A pesar de que no tiene encaje en la actual Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, creemos que vía legislativa se puede dar una solución para un inmueble que, en cualquier caso, siempre hemos creído que tenía valor histórico y de conformación de la memoria colectiva”, señaló la directora general de Patrimonio, Paloma Sobrini, que desestimó en agosto declarar BIP a Peironcely 10, al considerar que la vivienda no reunía "los valores materiales ni inmateriales para tal declaración".

La proposición no de ley que instó al Gobierno de la Comunidad de Madrid a consultar al Consejo de Patrimonio la declaración como BIP de la vivienda vallecana también hizo que el Gobierno instara al Ayuntamiento de Madrid al cumplimiento de la moción que aprobó el pasado de 20 de julio, especialmente en lo relativo a la “mejora de la calidad de vida de los vecinos del inmueble”, pero también en su compromiso de incluir la vivienda en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos municipal. La representante del Ayuntamiento de Madrid en el Consejo Regional de Patrimonio Histórico confirmó este viernes la intención del Consistorio de adquirir el inmueble y, de este modo, garantizar su protección.

La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid actual contempla tres niveles de protección: Bien de Interés Cultural (BIC), para aquellos que “tengan un valor excepcional”; Bien de Interés Patrimonial (BIP), para aquellos que “sin tener valor excepcional, posean una especial significación histórica o artística”; y el patrimonio documental y bibliográfico.

Salvaguardar la integridad del inmueble

Este mismo viernes, el Ayuntamiento de Madrid, apoyado por el PSOE, anunció su intención de que Peironcely 10 sea incluida en el Catálogo de Elementos Protegidos municipal con nivel 2 grado estructural, para proteger no solo la fachada, “como testimonio y memoria de la Guerra Civil”, sino también la organización de las estancias interiores de la vivienda, “como ejemplo de tipología residencial propia de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, que ya no existe en la ciudad”. Además, el Consistorio expresó su pretensión de calificar la parcela como dotación pública “por su interés como referente de los valores por los que se protege” y que se rectifiquen las alineaciones actuales, “para evitar la situación de fuera de ordenación que pudiera afectar al edificio”.

Este planteamiento será estudiado en la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid prevista para el próximo viernes, día 22 de diciembre. Para su defensa, el concejal del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y la concejala del Partido Socialista Obrero Español, María del Mar Espinar, firmaron un escrito en el que instaron a dicha Comisión a atender la solicitud municipal y dar los pasos necesarios para materializarla.

“Un lugar de memoria universal del horror de la guerra”

El pasado junio, una veintena de organismos nacionales e internacionales impulsaron la iniciativa #SalvaPeironcely10 para pedir, por un lado, al Ayuntamiento de Madrid la inclusión de la vivienda fotografiada por Capa en el Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del Consistorio y, por otro, solicitar a la Comunidad de Madrid que declarara Bien de Interés Patrimonial (BIP) la vivienda.

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El Ayuntamiento de la capital aprobó la protección de Peironcely 10 en julio, comprometiéndose a incluir la edificación en el catálogo y a mejorar las condiciones de vida de los vecinos del inmueble. En este sentido, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, anunció en octubre que el Ayuntamiento había iniciado el pasado 20 de septiembre el expediente para expropiar el edificio, mientras que el Ayuntamiento denegó la licencia de demolición que el propietario de Peironcely 10 había solicitado, que comunicó a El Confidencial que recurriría.

Paralelamente, el pasado 4 de agosto Patrimonio Cultural desestimó la solicitud de delcarar BIP a Peironcely 10 al considerar que el inmueble no reunía "los valores materiales ni inmateriales para tal declaración". Tras la negativa de Patrimonio, la plataforma recurrió y la Asamblea de Madrid aprobó a principios de noviembre una proposición no de ley para que en diciembre se sometiera a consulta previa del Consejo Regional de Patrimonio Histórico, como finalmente se produjo este viernes,la declaración de la vivienda fotografiada por Capa como Bien de Interés Patrimonial (BIP), como reclama #SalvaPeironcely10.

La propuesta impulsada por el Grupo Socialista pedía en un principio que en un plazo de tres meses se incoara el expediente de declaración como BIP de la edificación, pero finalmente salió adelante tras modificarse con las enmiendas del Grupo Popular, que reclamaba la consulta previa al Consejo Regional. Los conservadores instaron, además, al Ayuntamiento de Madrid al cumplimiento de la moción aprobada en julio por la que se comprometieron a proteger la vivienda.

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