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Puigdemont pide ser oído por el TC antes de que éste resuelva sobre su candidatura

  • La personación de Puigdemont puede tener problemas para ser admitida, según informan a Europa Press fuentes del Constitucional
  • Será uno de los asuntos que los magistrados del TC estudiarán en un Pleno extraordinario que se celebrará en los próximos días, previsiblemente el lunes 29 de enero

Publicada el 26/01/2018 a las 16:09 Actualizada el 26/01/2018 a las 16:39
El candidato a president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El candidato a president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

EFE
El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido ser parte en el procedimiento que ha comenzado a tramitarse este viernes en el Tribunal Constitucional (TC) tras la presentación por el Gobierno de una impugnación contra su candidatura, han señalado a Europa Press fuentes de la corte.

La personación de Puigdemont puede tener problemas para ser admitida, según las mismas fuentes, y será uno de los asuntos que tendrán que estudiar los magistrados en un Pleno extraordinario que se celebrará los próximos días, previsiblemente el lunes 29, si bien aún no ha sido convocado oficialmente.

El recuso que ha preparado la Abogacía del Estado ya ha sido entregado en el Tribunal Constitucional, y la sesión extraordinaria del TC se limitará a estudiar su admisión o no a trámite, sin entrar en el fondo.

El Gobierno pide concretamente la nulidad del anuncio de candidatura a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, firmada por el presidente del Parlament y publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC).

El Ejecutivo ha mantenido su criterio de recurrir esa candidatura firmada por Roger Torrent el pasado día 22 y publicada el 23 de enero a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional.

El recurso se presenta "con todo respeto al parecer del Consejo de Estado", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: el Gobierno cree que es la vía de "evitar que alguien huido de la justicia pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico".
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