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Operación Púnica

Granados lanza otro dardo al declarar que Aguirre le ordenó para evitar polémica desistir de la mansión que le hacía un promotor

  • El antiguo número dos del PP madrileño asegura que la entonces presidenta le preguntó si tenía mucho interés en el inmueble y le hizo desistir de la compra tras salir a la luz en febrero de 2009 que el proyecto se estaba haciendo a su gusto pese a que no era el propietario
  • Aguirre impidió a la Asamblea de Madrid acceder a la declaración de bienes de su entonces número tres tras estallar el escándalo de la mansión
  • Niega ante el juez haber cobrado comisiones para sí mismo y para el PP y se aferra a que las cifras que aparecen en su agenda solo reflejan los asistentes a actos del partido

Publicada 27/02/2018 a las 15:03 27/02/2018 a las 15:03    
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Francisco Granados llega a la Audiencia Nacional para declarar

Francisco Granados llega a la Audiencia Nacional para declarar

Francisco Granados ha lanzado este martes un nuevo dardo contra Esperanza Aguirre al declarar ante el juez de la Operación Púnica que fue ella quien en 2009 le ordenó renunciar a la mansión que un promotor estaba levantando a su gusto en su feudo de Valdemoro (Madrid) pese a que ni él ni su mujer constaban como propietarios. Según Granados, una vez que la noticia salió a la luz, Aguirre le preguntó si tenía mucho interés en el inmueble y le hizo desistir del proyecto pero solo para evitar polémica. 

Al ofrecer al juez esa versión, confirmada a infoLibre por distintas fuentes conocedoras del interrogatorio, Granados transmite objetivamente el mensaje de que, lejos de indagar en lo sucedido, su jefa tomó una decisión dirigida a acallar el escándalo. Cuando la oposición exigió en marzo de 2009 acceder a la declaración de bienes de Granados, Aguirre lo impidió. La Fiscalía, que este martes ha preguntado con reiteración a Granados por los "regalos" recibidos, cree que esa mansión era un soborno. Su promotor, el constructor Ramiro Cid, está considerado uno de los presuntos testaferros y socios ocultos de exdirigente conservador. Cid era también el propietario del Mini Cooper que en 2006 usaba la mujer de Granados, Nieves Alarcón, un dato que se destapó cuando el coche salió ardiendo. Granados le ha dicho al juez que el vehículo se lo habían prestado para un fin de semana.

Granados, que seguirá declarando el próximo 15 de marzo, no ha ampliado todavía formalmente ante el juez lo que sobre la financiación del partido sostuvo en su comparecencia del día 12 y ha dedicado buena parte del tiempo a exculparse y reiterar que jamás delinquió. El principal investigado en Púnica ha negado que las iniciales y las cantidades que aparecen en la agenda que le fue incautada en su domicilio se correspondan con donantes y comisiones pagadas a cambio de adjudicaciones.

Ni JEC significa José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona -ha dicho- sino "Jornadas de Educación Concertada" ni LD es Luis Delso, presidente de Isolux, sino "Lista de Diputados". Sobre por qué las cifras figuran en columnas bajo las preposiciones inglesas in (dentro o, en este caso, entradas) y out (fuera o salidas), Granados no ha dado una explicación precisa. 

En todo caso, ha venido a decir, las cifras bajo "in" significaban asistentes a los actos del partido. Los investigadores del caso creen que esa agenda manuscrita representa una verdadera contabilidad de los ingresos y repartos que reportaban los donantes. El pronombre "me" –yo o para mí en inglés– significa, según las pesquisas, lo que Granados se reservaba para sí mismo. La UCO sostiene que esa agenda involucra de manera clara al empresario Javier López Madrid, amigo y presunto socio del antiguo número dos de Aguirre.

Ante el juez sí ha deslizado, aunque con brevedad y sin lanzar ninguna acusación concreta, que fue la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y no él quien como consejera de Transportes adjudicó las obras del Metro que, según el arrepentido David Marjaliza reportaron 3,6 millones en mordidas para él mismo, para Granados y para el empresario Javier López Madrid.

Granados ha anunciado una querella contra el diario Abc por haber publicado que bajo las siglas JEC se esconde Entrecanales y que Acciona donó 60.000 euros en metálico al PP en la campaña de las elecciones europeas de 2014.

"Mi, me yo, conmigo", ha dicho Granados al término de la declaración al ser preguntado por esta cuestión por los periodistas que le aguardaban en la puerta de la Audiencia Nacional, informa Europa Press. El exdirigente popular madrileño ha insistido en que estas anotaciones hacen referencia a las personas que asistieron a actos del partido aunque se trata de un documento que tiene más de diez años, por lo que no recuerda íntegramente su contenido. Sí ha desmentido que haga referencia alguna a la contabilidad de la formación popular. Ante la prensa, Granados ha asegurado que se ratifica en lo que le contó al juez Manuel García Castellón el 12 de febrero: que Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes controlaban las "campañas paralelas". Pero de eso no ha aportado ningún detalle esta mañana en sede judicial.

"Se trata de una broma, es jugar al tetris a ver qué me cuadra, esto me viene bien en inglés, esto me viene bien en español...", ha dicho el también exconsejero regional al término de su declaración que se ha alargado tres horas y en la que se le ha preguntado sobre el contenido incluido en las anotaciones incautadas durante el registro de su domicilio por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En un momento del interrogatorio y para enfatizar sus intentos por cumplir las órdenes y los deseos de Esperanza Aguirre, Granados ha narrado la siguiente anécdota: que la entonces presidenta del Gobierno madrileño expresó en un Consejo de Gobierno la ilusión que le haría que la cantante Isabel Pantoja actuara en la inauguración de una nueva línea de metro. Granados dice que tomó nota inmediata y que a la salida de la reunión fue él mismo quien le pidió a su asesor Edelmiro Galván que se ocupara de contratarla. 

 


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1 Comentarios
  • alv107 alv107 27/02/18 16:28

    A la vista de la agenda , presuntamente había comisiones por contratos públicos que se repartían ,presuntamente entre políticos , la caja b del partido , y curiosamente personas de las empresas. Esto ultimo , presuntamente no era una exigencia de un presunto sistema corrupto y si una presunta confirmación que en el lado de los empresarios había presuntos delincuentes contra sus empresas.
    Las presuntas condiciones del mercado no exigían a los empleados de las empresas pillar cacho.

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