La rendición de cuentas no avanza en las Cortes: nadie vigila los currículums y las declaraciones de bienes

El caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto en el foco social y político no sólo sobre los posibles tratos de favor a los políticos por parte de instituciones públicas, sino también hasta qué punto son escrupulosos a la hora de consignar los datos sobre su formación, actividades anteriores y bienes y rentas que se les demanda en el momento de la asunción del cargo público. Y lo que va más allá: ¿qué pasa si mienten?

Este debate sobre la rendición de cuentas y la transparencia de quienes gobiernan lleva varios años generando debate entre sus protagonistas y en la opinión pública, sobre todo a raíz de la aprobación de la ley de transparencia a finales del año 2013. Un debate que, no obstante, tiene momentos desiguales en función de que estallen casos concretos que lo pongan de actualidad, como ha ocurrido ahora con el máster de Cifuentes y el goteo de informaciones sobre políticos de todos los partidos que habrían mentido o cometido inexactitudes en sus currículums.

Congreso y Senado se han propuesto que esta legislatura sea realidad la adopción de un código ético para los diputados y que, ya abierto el debate en las respectivas comisiones que tienen por objetivo dar luz verde a las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los parlamentarios, se planteen si es necesario que sus señorías ofrezcan más datos de los consignados en estos formularios.

El PP niega "oportunismo"

En plena ebullición del escándalo de Cifuentes, el Partido Popular ha anunciado una propuesta para que la Comisión del Estatuto del Diputado Partido Populardel Congreso puede sancionar a aquellos diputados que mientan en sus currículums. El grueso de la oposición salió a censurar la oportunidad de este anuncio de Rafael Hernando, el portavoz conservador. Y a recordar además que, si bien los parlamentarios tienen la obligación de informar sobre sus actividades, bienes y rentas, en cambio aportar datos sobre sus estudios es algo voluntario que queda más dentro del terreno de la ética.

En defensa de su propuesta, fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular aseguran que no viene al calor del caso que afecta a la presidenta madrileña y que ya lo pusieron sobre la mesa en la corta XI Legislatura. "De oportunismo, nada", defiende un diputado.

El Senado está dando los mismos pasos

Fue el pasado mes de febrero cuando la Mesa del Congreso de los Diputados, el órgano de Gobierno de la Cámara, encargó a la Comisión del Estatuto de los Diputados que redactase, a lo largo de este año, un código ético aplicable a los parlamentarios y que estudie si deben publicarse más detalles de sus declaraciones de bienes y patrimonio. El Senado, por su parte, está trabajando también en la misma dirección.

A día de hoy, las Cámaras carecen de un código ético que sirva de guía para actuar en casos en los que sus señorías mienten a la hora de facilitar datos que se consideran obligatorios o a la hora de ocultarlos. Tampoco se contemplan sanciones para estos escenarios. Nadie vigila, pues, la corrección de los datos publicados y, por lo general, los errores, incongruencias o la ocultación de información salen a la luz gracias a investigaciones periodísticas y son subsanados por sus protagonistas sin sanciones de por medio. Este tipo de cuestiones, pues, queda en manos de los respectivos partidos. De sus propios códigos éticos.

Fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre aseguran que en los últimos meses se han analizado códigos éticos de otros parlamentos de nuestro entorno y, sobre todo, el de los miembros del Parlamento Europeo, al que consideran una "buena base".

La Comisión del Estatuto de los Diputados se reunió por última vez antes de Semana Santa y en la próxima convocatoria, todavía sin fecha, podrá abordarse la documentación reseñada y las propuestas de todos los partidos. Las fuentes consultadas se muestran poco optimistas de que los trabajos puedan llegar a buen puerto si los grupos llegan con "propuestas de máximos". El código ético podría incorporarse al reglamento de la Cámara o constituirse como un documento asumido por todos los parlamentarios y de carácter público.

Último informe del GRECO

El debate sobre la necesidad de este tipo de normas y controles no es algo exclusivo de esta legislatura. Pero la petición de la Mesa a la Comisión del Estatuto de los Diputados vino motivada por el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Dependiente del Consejo de Europa, realiza una serie de rondas de evaluación por diferentes países para analizar cómo actúan en esta materia. 

El documento, publicado el pasado enero, saca los colores a España por no haber implementado el grueso de las recomendaciones de revisiones anteriores, e insiste en la necesidad de la puesta en marcha de ese código de conducta accesible al público y con la participación de los integrantes de Congreso y SenadoCongreso.

En este sentido, demanda que se tomen las medidas necesarias para "supervisar" los requisitos vigentes para las declaraciones de los parlamentarios y los nuevos requisitos que se vayan adoptando. Y que la información sea más concreta, más detallada.

Así, insiste en la necesidad de que los parlamentarios aporten el valor de mercado de los bienes inmuebles y vehículos, proporcionen los nombres de las empresas en las que tienen acciones, informen sobre los intereses que pagan por los créditos obtenidos o incluyan información sobre los regalos que reciben. Y destaca que la experiencia internacional demuestra que "puede ser prudente" ampliar el alcance de las declaraciones a los cónyuges y familiares de los parlamentarios.

Exigencia de veracidad

"Hay una presunción de que todo lo que se vuelca en las declaraciones de bienes, rentas y actividades es cierto. Pero hay que reforzar que lo que se dice es efectivamente cierto. Y partiendo de esta premisa tenemos que empezar a desarrollar ese código ético", relatan fuentes parlamentarias que aseguran que la comisión no se ha marcado ningún plazo. "Ahora vamos a estar muy volcados, hasta finales de junio, en los Presupuestos Generales del Estado y va estar complicado que haya muchos avances", añaden.

Hasta la fecha, no se ha hablado de sanciones, sólo de "fórmulas de exigencia de responsabilidades". Pero el grueso de las fuentes consultadas considera que sería bueno establecer un sistema de multas.

Las mismas fuentes destacan que el principio inspirador debe ser mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Y que, con este punto de partida los parlamentarios han de ser rigurosos con la información que facilitan y con actualizar cada cambio de circunstancia que experimenten. En este sentido, se aboga por fijar un plazo máximo para comunicar esos cambios y por que, en algunos casos, sus señorías no puedan compatibilizar el escaño con otra actividad sin contar previamente con la autorización del Pleno del Congreso. 

El informe que permite a los diputados sumar otro tipo de ocupaciones a la parlamentaria se aprobó casi un año después de arrancar la legislatura. Y, por primera vez, sin una postura unánime del Pleno por la apuesta de los socialistas por la dedicación exclusiva.

Otro de los asuntos más urgentes tiene que ver con las declaraciones de bienes y actividades. Representantes de todos los grupos coinciden en que los formularios deben ser "mejorados" para que la concreción sea mayor y, sobre todo, fijar unos estándares para que la información que se vierte sea equiparable. "Que los parlamentarios dispongamos de unas instrucciones muy precisas sobre los datos que no pueden faltar y que ello sirva de base para comprobar qué información falta", señala un diputado.

Dentro de la labor de control supervisión, uno de los debates abiertos es el de si se refuerza el papel de la Comisión del Estatuto de los Diputados o si se puede crear un órgano específico. En el Parlamento Europeo, por ejemplo, existe la figura del Comité consultivo sobre la conducta de los diputados, un órgano que investiga casos de posibles infracciones al código de conducta y que asesora a los parlamentarios sobre la aplicación e interpretación del citado código. Este comité emite un informe anual sobre su actividad. 

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Uno de los documentos que se pretende que sirva de base para el código de conducta de los parlamentarios españoles es el que se aplica en el Bruselas. En el Parlamento Europeo, los diputados no podrán ser elegidos para ejercer cargos en sus órganos, "ni ser nombrados ponentes, ni formar partes de delegaciones oficiales o negociaciones interinstitucionales, si no han presentado su declaración de intereses económicos". También se pueden tomar medidas si el presidente de la Eurocámara considera que la declaración de intereses de un diputado es "sustancialmente incorrecta o anticuada " y el interesado no la corrige.

Además, no pueden aceptar obsequios de más de 150 euros que no les hayan sido entregados "con arreglo a las normas de cortesía".

Si se demuestra que un parlamentario ha infringido el código de conducta se impondrán sanciones. Estas pueden ir desde la amonestación o pérdida del derecho a las dietas para gastos de estancia durante un período de dos a treinta días a la suspensión temporal o cese de los cargos que ocupe.