Rajoy responde sobre la polémica entre Montoro y Llarena: "El Gobierno ha cumplido su labor"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentó este martes quitar hierro al enfrentamiento entre los Poderes Ejecutivo y Judicial después de que el juez del Supremo Pablo Llarena reclamase al Ministerio de Hacienda los detalles sobre el control que lleva de las cuentas públicas de Cataluña. La polémica arrancó después de que el ministro Cristóbal Montoro asegurase que el 1-O no se había financiado con fondos públicos, una afirmación que se contradice con los informes en poder del magistrado, que apuntan a que la cantidad malversada roza los dos millones de euros. A juicio de Rajoy, no existen "discrepancias" entre Montoro y Llarena, el Gobierno ha cumplido con su misión. Y ahora debe ser la Justicia la que determine si se han "falseado" facturas. 

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto al primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, Rajoy destacó que su Ejecutivo "siempre" ha colaborado con la Justicia. Y que tanto ésta, como el Gobierno, velan por el "cumplimiento de la ley".

El presidente insistió, en la línea de lo que se viene sosteniendo por Hacienda en los últimos días, que ahora los jueces intentan "determinar" si se han "falseado las facturas", si estas están encubriendo conceptos diferentes a aquellos que figuran o incluso si "no se han pasado por la intervención".

"Pero ésa ya es una labor de los jueces. El Gobierno ya ha cumplido la suya, que era que no hubiera facturas en el Presupuesto dedicadas a esos efectos", dijo.

El enfado con Ciudadanos

Rajoy no citó a Ciudadanos en su respuesta, pero el jefe del Ejecutivo no ocultó su malestar con "los partidos que hacen análisis que no son verdad". Algo, que a su juicio, "no dice nada bueno en favor de la política en general". Fue la respuesta del presidente a otra pregunta, en este caso, sobre si el Gobierno tenía en mente transferir a Euskadi la Seguridad Social o las competencias de Prisiones a cambio del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, que este miércoles se enfrentan al debate de totalidad. Tras negar tajantemente que eso esté sobre la mesa en la negociación para las cuentas públicas, el presidente consideró que poner eso en duda "no tiene sentido". Sólo 24 horas antes, el partido de Albert Rivera había anunciado que se bajaría del acuerdo presupuestario si desde el Gobierno se daban más "privilegios" al País Vasco. 

Pero el tratamiento que ha hecho Ciudadanos de la crisis entre Montoro y Llarena también ha enfadado a los conservadores hasta el punto de considerar, como sostuvo la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, que "atacar" al Ejecutivo de Mariano Rajoy "hace un favor a los independentistas".

 

Antecedentes

El pasado miércoles, Montoro decidió aguantar el pulso que le había planteado el juez Llarena. El origen de la crisis está en una entrevista publicada en El Mundoen la que el ministro negaba que el 1-O hubiese sido financiado con fondos públicos. Sus afirmaciones levantaron ampollas en el Supremo, ya que el juez ya había detallado en el auto de procesamiento de Puigdemont y otros políticos catalanes los gastos públicos que habría conllevado la consulta.También, porque las palabras de Montoro dieron pie a que algunos de los acusados utilizaran las declaraciones para cuestionar al Supremo. En respuesta, el magistrado requirió este miércoles a Montoro que aclarase sus palabras. Y éste respondió valorando "positivamente" el llamamiento. Porque le iba a permitir aportar a la Justicia datos "que hasta ahora no se habían solicitado".

"El Ministerio de Hacienda y Función Pública valora positivamente el requerimiento del juzgado, ya que da la oportunidad a este departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado", podía leerse en un comunicado difundido por el departamento de Montoro, en lo que supuso una evidente carga de profundidad contra la instrucción del juez.

El documento recordaba que el ministerio "inició diversos controles en el año 2015, los reforzó en julio de 2017 y aprobó la intervención del propio presupuesto de la Generalitat en septiembre de 2017, situación que se mantiene en la actualidad".

En este sentido, señalaba que aportará toda la documentación, "donde se detalla el control de la ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles".

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Esta era la respuesta de Montoro horas después de que Llarena le requiriese "a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones" al diario El Mundo, algo que a juicio del magistrado contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.

En la providencia, el instructor señalaba que en las declaraciones indagatorias celebradas esta semana, varios de los procesados habían argumentado "la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros". Y que esos alegatos tienen base "en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación" del 1-O.

En la citada entrevista, el titular de Hacienda señalaba que desde el pasado septiembre su departamento tiene el control sobre los 35.000 millones de euros que maneja la Generalitat. "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", dijo Montoro, según el relato que ofreció el periódico.