El año en que la justicia acabó tuerta

Esa estatua de la justicia con venda en los ojos, ciega ante las presiones y que sostiene la balanza con pulso de cirujano, ha terminado 2018 tuerta, con los platillos descabalados y el ropaje de la credibilidad hecho trizas. Porque sea cual sea la lectura jurídica que se haga de ellos, nadie cuestiona que tres episodios han agujereado este año como nunca antes desde la restauración democrática la fe ciudadana en el tercer poder del Estado: la sentencia de La Manada, la maniobra del Tribunal Supremo para invalidar el nuevo criterio que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas y, como colofón, la crisis desatada por el whatsapp que retrataba el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como una jugada maestra con la que el PP controlaría "desde detrás" la Sala de lo Penal del alto tribunal. 

La primera alarma se disparó en abril en cuanto la Audiencia de Navarra difundió la sentencia que condenaba a nueve años de cárcel solo por abuso y no por violación a los cinco miembros de la autodenominada Manada. Perpetrado en los sanfermines de 2016, el tribunal sostuvo que en aquel ataque grupal no había mediado violencia ni intimidación pese a declarar como hecho probado lo siguiente: que la víctima "sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados".

Confirmada ahora por el Tribunal Superior de Navarra (TSJN), aquella resolución levantó en primer término una gigantesca ola de indignación y puso luego el foco sobre la pantanosa frontera que el Código Penal establece entre abusar y violar. Lo sucedido forzó al Gobierno a encomendar a una comisión de expertos la tarea de cerrar el paso a la ambigüedad si es que resultaba preciso. La comisión ha concluido que, en efecto, el Código Penal debe revisarse. Y que todos los delitos sexuales han de ser conceptuados como agresión.

  Jolgorio, regocijo... y descalabro

Nadie sabe con exactitud si realmente fue la gota que colmó el vaso pero, desde luego, en el tsunami de ira provocado por la sentencia de La Manada jugó un papel relevante el voto particular con que uno de los miembros del tribunal, Ricardo González, se mostró partidario de la absolución. El juez González no había percibido miedo ni sometimiento ni impotencia en la joven víctima. Tan solo, "un ambiente de jolgorio y regocijo".

"Lo que me sugieren sus gestos, expresiones y los sonidos que emite es excitación sexual", escribió el magistrado. En la calle prendió la sospecha –o la certeza– de que con aquella sentencia, y con aquel voto particular, la Audiencia de Navarra había hecho suya una visión retrógrada. Y que, según esa doctrina, solo merece la calificación de violada aquella víctima que se haya opuesto con vehemencia, de forma expresa y sostenida aun si ello entraña un riesgo para su vida.

Que esa percepción se extendió como la pólvora lo ilustra el lema unánime con que decenas de miles de mujeres –y de hombres– reaccionaron ante la resolución judicial: "¡Yo sí te creo!". En el siguiente barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el de mayo, la furia se materializó en porcentajes: la preocupación ciudadana por la justicia acababa de alcanzar su máximo histórico. En un mes, la tasa de encuestados que mencionaban la justicia entre los principales problemas del país saltó del 2,9% al 6,8%.

La resolución judicial de segunda instancia, la rubricada por el Tribunal Superior de Navarra (TSJN) y que confirma la condena a nueve años por abuso sexual impuesto por la Audiencia Provincial, vio la luz la primera semana de diciembre. Por supuesto, generó de nuevo indignación y alentó movilizaciones. Pero para entonces el desgaste de la justicia se había cronificado de tal forma por lo ocurrido en los meses inmediatamente anteriores que el impacto de esa nueva sentencia fue mucho menor.

Porque lo que en octubre y noviembre había ocurrido no tuvo ya como escenario un tribunal provincial ni autonómico y, por ende, alejado del eje gravitatorio. Esta vez, el epicentro del desastre fue nada menos que el Tribunal Supremo. Y acabó deslizándose hasta la placa tectónica contigua: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto el alto tribunal como el órgano de gobierno de los jueces comparten jefatura. Quien presida el CGPJ preside de manera automática el Supremo. Y esa conexidad entre ambas instituciones tuvo un efecto sinérgico.

  El bloqueo que siguió al escándalo

En medio de la vorágine informativa, el escándalo permanece ahora larvado. Pero el año se cierra sin que pueda vislumbrarse aún la dimensión real que alcanzará el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el alcance del ya célebre whatasapp difundido por el portavoz del PP en el Senado y exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, y que presentaba como un éxito para el PP el pacto con el PSOE para situar a Manuel Marchena como máxima autoridad judicial del país aun a costa de ceder la mayoría numérica del Consejo del Poder Judicial al denominado bloque progresista.

Colocar a Marchena ahí –y ese era el mensaje central del whatsapp, parte de él meridianamente explícito– le dejaba fuera del tribunal de la Sala Segunda del Supremo que juzgará a los líderes independentistas catalanes. Pero la maniobra –y eso es lo que el texto decía sin subterfugios– garantizaría a los conservadores seguir "controlando la Sala Segunda desde detrás".

La existencia de ese mensaje telefónico enviado a parlamentarios del PP trascendió –lo publicó elespanol.com– el 19 de noviembre. Para entonces habían pasado cinco días de la confirmación oficial de que el nuevo presidente del Supremo y el CGPJ sería con toda certeza el conservador Manuel Marchena, pese a que en aquel momento ni siquiera se conocía la identidad de los 20 vocales del Consejo a los que, teórica y legalmente, corresponde designar a quien ocupará ese cargo. Pero el impacto del whatsapp, la forma en que desnudó lo que las asociaciones de jueces consideraron de manera unánime y solo con variantes terminológicas un puro y simple tejemaneje, todo eso hizo que Marchena diera un portazo.

El PP, cuyo whatsapp –detonante de la crisis– abocó al CGPJ a un bloqueo que se presume largo dado el intenso carácter electoral de 2019 –municipales, autonómicas y lo más probable, generales–, rompió las negociaciones tras la renuncia de Marchena. Ahora, tanto el PP y Ciudadanos como las cuatro asociaciones de jueces, incluida la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) auspician que los 12 miembros del Consejo que obligatoriamente han de ser miembros activos de la carrera judicial sean elegidos solo por sus compañeros de profesión. Es decir, sin intervención parlamentaria y sin que, por tanto, el voto de los ciudadanos tenga algún peso directo o indirecto en la designación de quienes deben gobernar el tercer poder del Estado en una etapa de máxima preponderancia en asuntos que involucran a figuras o cuestiones políticas.

  El impuesto de las hipotecas: crisis sin precedente

La crisis del whatsapp llegó encadenada a otra de distinto signo pero que golpeó la imagen de imparcialidad del Supremo con una virulencia desconocida: la crisis del impuesto de las hipotecas. Porque, si bien ya en ese momento –octubre– el Supremo era percibido por una parte de la ciudadanía, especialmente aquella parte de la ciudadanía catalana afín a los postulados soberanistas, como un tribunal a la medida de los intereses del españolismo, fue la decisión del presidente de la Sala Tercera del tribunal de revisar a marchas forzadas el nuevo criterio que obligaba a la banca a pagar el impuesto de las hipotecas lo que rompió los diques. Y esta vez la desconfianza se extendió de manera transversal o uniforme.

De hecho, jueces y otros operadores jurídicos de todo signo, la mayoría resguardados por el anonimato dada la envergadura de la institución pero algunos a pecho descubierto, como el magistrado emérito del Supremo Joaquín Giménez, no dudaron en calificar lo sucedido con el impuesto de las hipotecas como una crisis sin precedente en la historia del Tribunal Supremo.

Una vez que el presidente de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo, utilizó el 6 de noviembre su propio voto en el pleno de la Sala para restituir la doctrina favorable a la banca en detrimento de los clientes, la rapidísima actuación del Gobierno salvó paradójicamente al tribunal de seguir dando titulares cada día o, lo que es lo mismo aquí, de seguir evidenciando sus fracturas sin disimulo: a partir de ahora, decretó el Ejecutivo, el impuesto de actos jurídicos documentados derivado de la escritura de una hipoteca lo pagará la entidad financiera  y no el hipotecado. 

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Ni Díez-Picazo, que durante seis años había sido profesor de Cunef, el centro universitario propiedad de la banca, ni su valedor durante años y ahora presidente interino del Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, ofrecieron ningún signo de que se hubieran planteado dimitir. El hecho de que, entonces, la renovación del Poder Judicial estuviera a tiro de piedra –el mandato expiraba el 4 de diciembre y el acuerdo político para su renovación se daba todavía por seguro– disminuyeron la presión. Lesmes pidió disculpas. Díez-Picazo, no.

Tras el descalabro que la primera sentencia de La Manada había implicado en primavera para la imagen de la justicia, el episodio de las hipotecas volvió a pasar factura demoscópica. Y, así, el barómetro del CIS de noviembre arrojó la segunda peor marca del año: el 3,8% de los encuestados opinó ese mes que la administración de la justicia constituye uno de los tres grandes problemas del país.

No se sabe todavía si la crisis del whatsapp divulgado por Cosidó –tanto el exministro Rafael Catalá como el número dos del PP, Teodoro García Egea, niegan ser los autores– hará de nuevo mella en la próxima entrega del CIS. O si, por el contrario, la vertiginosa velocidad de los acontecimientos políticos habrá desplazado el asunto cuando los datos se conozcan en enero y la imagen de la justicia aparecerá ya entonces tuerta pero alejada del proscenio.