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Justicia

El Supremo se pone del lado de la banca y decide que sea el cliente quien pague el impuesto de las hipotecas

  • El pleno de la Sala de lo Contencioso, completamente dividido, adopta la decisión por 15 votos a 13
  • Tras una deliberación maratoniana de dos días en que la sala ha permanecido fracturada por la mitad, los magistrados han dictado sentencia: todavía no se conocen los argumentos

Publicada el 06/11/2018 a las 19:35 Actualizada el 06/11/2018 a las 20:45
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Carlos Lesmes, a su entrada este martes al TS.

Carlos Lesmes, a su entrada este martes al TS.

E. P.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha tumbado este martes por 15 votos contra 13 la nueva jurisprudencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. Tras una deliberación maratoniana de dos días en que la sala ha permanecido fracturada por la mitad, y horas después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hubiese cifrado en 5.000 millones el coste de aplicar la retroactividad de la nueva doctrina a los últimos cuatro años, los magistrados han dictado sentencia Todavía no se conocen los argumentos. Tan solo, que gana la banca. La jurisprudencia favorable al cliente ha durado exactamente 21 días.

Con su decisión, el alto tribunal recupera el criterio vigente hasta el 16 de octubre, según el cual es el prestatario –es decir, el cliente– quien se beneficia del préstamo y quien, por tanto, debe asumir el pago del tributo. La sala rechaza así tres recursos planteados por el Ayuntamiento madrileño de Rivas, el mismo que había logrado que el 16 de octubre la sección segunda de esa misma sala se desdijera en otras tres sentencias de su anterior criterio. La nueva doctrina pasaba así a atribuir a las entidades financieras el abono del impuesto.  Lo sucedido entraña la paradoja de que tres resoluciones judiciales contradicen a otras tantas. Y que todas ellas son relativas a la misma materia y al mismo municipio.

El escándalo, que amenaza ahora con ir ahora en ascenso, estalló hace tres semanas cuando, una vez que la Sección segunda de lo Contencioso ya había anulado el artículo del reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados que endosaba a los clientes el pago de ese tributo, Díez-Picazo anunció la convocatoria de un pleno para revisar la nueva doctrina. Desde entonces, las presiones de la banca no han cesado. La firma de nuevos préstamos se congeló de facto. Y hubo alguna entidad –Bankinter – que anunció un encarecimiento de las hipotecas si el Supremo confirmaba el nuevo criterio.

El paso dado por Díez-Picazo, que durante seis cursos académicos y hasta hace solo un año fue profesor de Cunef, el centro universitario propiedad de la Asociación Española de Banca (AEB), desató una oleada de indignación e introdujo al Supremo en un laberinto de dimensiones y alcance inéditos. El magistrado justificó su decisión en la "enorme repercusión económica y social" del "giro radical" en la jurisprudencia que entrañaban las sentencias dictadas por la sección segunda.

Este martes, Díez-Picazo fue uno de los últimos en intervenir en un pleno que en tal ha durado casi 20 horas. En el pleno no han participado tres de los 31 magistrados de la sala: Rafael Fernández Valverde, de viaje fuera de España y que este curso imparte clases en Cunef: Octavio Herrero, dos de cuyos hijos residen en pisos de protección oficial en Rivas; y Segundo Menéndez, miembro de la Junta Electoral Central y centrado ahora en las elecciones andaluzas.

En las dos jornadas de deliberación hubo tres magistrados ausentes: Rafael Fernández Valverde, que se encuentra de viaje y que también imparte clases en Cunef; Octavio Herrero, que se apartó porque dos de sus hijos viven en pisos de protección oficial en Rivas; y Segundo Menéndez, miembro de la Junta Electoral Central y ahora centrado en las elecciones autonómicas andaluzas.

Podemos presentó de inmediato una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala de lo Contencioso, querella en la que solicitaba investigar las llamadas recibidas por el juez entre el 16 de octubre, cuando se conoció la primera de las tres sentencias que instauraban una nueva doctrina, y el 19 de octubre, cuando el magistrado anunció que avocaba a pleno los tres recursos pendientes de Rivas. La denuncia fue rechazada de plano por la llamada sala del 61 del Supremo, encargada de investigar a los presidentes de sala contra los que se dirija una acción penal.

El presidente de la Sala de lo Contencioso nunca ha explicado por qué, dada la trascendencia que él mismo atribuía al asunto, no encomendó al pleno de la sala resolver sobre los recursos de Rivas cuando estos fueron admitidos a trámite en vez de esperar a la sentencia. Él mismo firmó en enero el auto de admisión del recurso que originó la sentencia del 16 de octubre.

El descrédito a que la convocatoria del pleno condujo al Supremo empujó al presidente del tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a pedir perdón por la "deficiente" gestión del caso al tiempo que exponía ante los periodistas su desacuerdo con la decisión de Díez-Picazo de convocar un pleno de la Sala.  Lesmes afirmó ese día –25 de octubre– que, en su opinión, lo pertinente hubiera sido emitir una nota aclaratoria porque no habría generado "incertidumbre". Y contrapuso los efectos de esa nota que jamás llegó a existir a los del pleno convocado por Díez-Picazo:  "La convocatoria del pleno ha generado desconfianza, a mi juicio indebidamente porque en el Supremo cuando se producen asuntos de especial trascendencia, modificaciones de jurisprudencia, lo normal es que se examinen en plenos jurisdiccionales (…), pero es cierto que ha habido una percepción de que lo que se quería era revisar lo que se había dicho. Esta percepción que no se ajusta a la realidad, [aunque] el pleno de la sala tercera es absolutamente soberano. Esa percepción nos ha producido un gran daño reputacional".

Tras conocerse la decisión del Supremo, infoLibre preguntó a los portavoces de Lesmes si el magistrado se siente corregido o desautorizado por la Sala de lo Contencioso, que en efecto ha revisado lo dicho por la sección segunda. Pero, según las fuentes consultadas, lo que Lesmes quiso decir aquel día es que la convocatoria de un pleno "no anticipa" su resultado ni podía en este caso interpretarse como un paso destinado a rectificar los efectos de la nueva jurisprudencia.

La incógnita del reglamento

Ahora, toda vez que el Supremo ha dado marcha atrás para regresar a la jurisprudencia mantenida durante tres décadas, una de las grandes incógnitas reside en conocer cómo cubre el tribunal el hueco dejado por la derogación parcial del artículo 68 del reglamento. Dado que las tres sentencias de la sección segunda, que confirman la anulación de ese precepto, son firmes, el Supremo no puede reincorporar su texto a la norma legal. Al menos, así lo aseguran las fuentes jurídicas consultadas. ¿Resulta factible que el Supremo haya aducido que, incluso sin necesidad de acudir a ese artículo del reglamento, la ley que regula el impuesto de actos jurídicos documentados ya es suficientemente explícita como para interpretar que es el cliente quien debe pagar? Se sabrá cuando el Supremo difunda las resoluciones.

La sentencia que hace tres semanas imprimió un giro radical a lo que hasta ahora había sostenido el Supremo, y a la que siguieron otras dos de idéntico tenor, anula el segundo párrafo del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El tribunal justificó la derogación "por cuanto que la expresión que contiene («cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario») es contraria a la ley".  Exactamente, contraria a lo que la ley preceptúa en su artículo 29, que dice así: "Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan".

La doctrina marcada por la Sala de lo Contencioso con la oposición –voto particular– de uno de sus integrantes sostenía que la interpretación correcta de ese artículo es la siguiente: que pagar el impuesto corresponde a quien tiene el verdadero "interés" en que la escritura notarial se inscriba en el Registro de la Propiedad. Y quien tiene ese interés es el banco, dado que la inscripción registral constituye condición sine qua non para que epueda ejecutar el préstamo llegado el caso y quedarse con el bien que el prestatario aportó como garantía: la vivienda. 

De hecho, la sentencia remarca que el impuesto de actos jurídicos documentados solo es exigible cuando la escritura sea "inscribible" en un registro público. Los préstamos no lo son, añade la resolución, mientras que para que la hipoteca goce de valor resulta "indispensable" que el documento que acredita su constitución quede inscrito en el Registro de la Propiedad.

"Aun reconociendo la solidez de buena parte de los argumentos en los que descansa la jurisprudencia actual –dice la resolución–, debemos corregirla porque, frente a la conclusión extraída por esa jurisprudencia, entendemos que el obligado al pago del tributo en estos casos es el acreedor hipotecario, sujeto en cuyo interés se documenta en instrumento público el préstamo que ha concedido y la hipoteca que se ha constituido en garantía de su devolución".



 
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42 Comentarios
  • CarlosP58 CarlosP58 08/11/18 00:31

    Los miembros del Tribunal Supremo del Reino de España se han guillotinado solos. Hacer lo que han hecho, autoenmendándose la plana contra la ciudadanía y a favor de quién exige seguridad jurídica para desahuciarte, no tendrá arreglo. Lesmes y Díez-Picazo aún no son conscientes del daño causado a lo que algunos quieren que veamos como una democracia liberal parlamentaria. Pero, sin justicia para el pueblo.
    Saludos y Periodismo Libre.

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    • COLOJ. COLOJ. 08/11/18 03:19

      Carlos P58.- ¿Que se han guillotinado?. ¡¡Que te crees tu eso!!. Cuando cumplidos los plazos legales, si no los prolongan artificialmente con artimañas y complicidades y salgan de sus tronos oficiales, les verás cruzar triunfantes las doradas puertas giratorias de algún banco o multinacional que tan solícitamente "engrasaron con sus "fallos" (¿fallos?), a "desempeñar" cargos de relumbrón en temas de los que no tendrán ni puta idea, pero que les reportarán cuantiosos ingresos y, sobre todo, mantenerse en el "candelabro" social de salones en penumbra, confidencias en voz tenue, y copa en mano.
      ¿Que no son conscientes del daño causado?. Hombre, no les des falsos diagnósticos médicos o psicológicos que atenúen su responsabilidad o la gravedad de su delito. Pueden ser y de hecho son malvados, pero no son tontos. Lo que sucede es que a ellos no les preocupa el MAL GENERAL CAUSADO, sino que su meta es siempre el BIEN PARTICULAR LOGRADO. ¿O NO?. ¿ME CONFUNDO MUCHO?.

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      • CarlosP58 CarlosP58 08/11/18 13:42

        Estimado COLO J. , compartiendo parte de tus argumentos, no olvides que hablamos de la cúspide Judicial del Reino de España. Y ahora piensa quién de estos "Supremos " pueden acabar en cargos Judiciales importantes fuera de España. Y eso duele, una carrera judicial manchada una y otra vez y corregida por Tribunales Europeos.
        Ellos saben que no valen y no los querrán allí donde contaminen con sus "fallos".
        Saludos y Periodismo Libre.

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  • svara svara 07/11/18 18:03

    ¿Quieres decir que vivimos en una república bananera? Creo que esto es peor, porque allí no hay justicia y aquí actúa siempre en la misma dirección, solo falla a favor de la banca, lo cual es todavía peor.
    Esta lacra nombrada por y al servicio de la corrupta derecha pepera, que a su vez desciende de lo mas inmundo del régimen franquista, sigo diciendo que constituye una rémora para el desarrollo democrático. Nunca estuvo afectada, ni siquiera por las microreformas, en su ámbito en la etapa democrática. Nos esta arruinando el porvenir como país y como pueblo. Necesita de una REGENERACIÓN en firme cuanto antes, puede que ya sea tarde.

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  • cea cea 07/11/18 12:37

    Puaaaaaf!Cuarenta años para sacar al dictador del mausoleo,cuántos para sacar de la justicia a sus seguidores?

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    • luzin luzin 07/11/18 12:51

      Pues llevan cuarenta años eligiéndolos los representantes del pueblo que ustedes votan y jalean cada 4 años ¿o no se ha enterado? :)

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  • senenoa senenoa 07/11/18 09:16

    Prevaricación, rapiña, trágala, toma del frasco Carrasco... y, como no: ¡La banca siempre gana!. Por las buenas o por las malas.

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  • pitis pitis 07/11/18 08:20

    La banca gana, pero el desprestigio judicial es tremendo, el requisito de inscribir en el registro una hipoteca, únicamente favorece a la Entidad que presta porque dispone del poder ejecutar el bien en caso de impago del cliente y quedárselo. Lógicamente está sentencia será recurrida a la justicia europea y tiene todas las posibilidades de prosperar, con lo cual sólo servirá para ganar tiempo para la Banca (que vayan haciendo provisiones para pagarlo) y volverá a desprestigiar a la "justicia española". Y seguiremos mientras tanto hablando de separatismo, cuando este tipo de sentencias hace más daño aún, por la desconfianza absoluta de la población hacia esa Justicia, que daña absolutamente el concepto de País.

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  • paco arbillaga paco arbillaga 07/11/18 07:47


    ¡Joé, qué país!: la ¿Justicia? a favor de los bancos (esto no es muy nuevo), y algún partido de izquierda diciendo que no apoya el aumento del salario mínimo a 900 €, ni tampoco alguna mejora más que favorecería a la población más necesitada. ¡Yo me apeo! Osasuna y República Libertaria.

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  • itsuga itsuga 07/11/18 06:11

    Justicia?, son ustedes justos, o vendidos a los ricos, a banqueros?... son ustedes unos prevaricadores y no lícitos ni legales a ley, indecentes, estos jueces si son, de verdad terroristas de extrema derecha

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  • COLOJ. COLOJ. 07/11/18 03:27

    Desde que en España arribamos a la democracia devenida en pocos años en memocracia ¿o cleptocracia?, se ha rumoreado con demasiada frecuencia la existencia de relaciones de naturaleza económica/ financiera/empresarial/jurídica. Antes de llegar y durante el desempeño de responsabilidades, parece que algunos juristas, primero para ascender en el escalafón y luego para engrasar los goznes de las puertas giratorias hacia canonjías que aseguren un plácido post.
    Por otra parte, parece bien probado que a diferencia de tantos abnegados funcionarios públicos como ellos son, se desenvuelven en un magma social y económico bien cálido. Todo indica que en sus familias y entornos no hay parientes próximos ni amigos que, habiendo tenido que recurrir a una hipoteca para resolver un problema tan vital como la propia vivienda, las estén por tal causa pasando canutas y permanentemente amenazados de lanzamiento a la puta calle con lo puesto y cargados de deudas. Muchas veces, después de haber pagado incluso miles de euros más que los que les fueron dados en préstamo.
    Grave es lo anterior. Pero más grave es aún que en la práctica, según se desprende de las actuaciones del llamado Poder Judicial en los últimos años, este se ha convertido de hecho en el omnipresente y omnipotente Gobierno de España en prácticamente todos los aspectos de la vida política, social o económica. Sin que ninguno de los componentes de estos sanedrines se hayan tenido que someter ante la sociedad a la que gobiernan y pretenden representar, a campaña electoral alguna ni elección abierta y libre de los españoles.
    Cierran tan esperpéntico cual dramático e intolerable círculo de suplantación de poderes, cuando sus actuaciones no parece deban responder ante un Parlamento legítimamente electo sino, según se desprende del tufo que emanan sus decisiones, ante Procónsules del capital financiero y monopolístico.
    Parece más objetivo que la Banca engorde y redondee su ya suculenta Cuenta de Resultados, a que los míseros prestatarios redondeen o engorden sus barrigas, aunque sólo sea con papas y sopas de ajo. ¡Ah!, y a la Iglesia, el Rey y a la bandera, desagradecidos paganos, ni nos los toquen

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    • luzin luzin 07/11/18 09:45

      Pero si el Parlamento legítimamente electo es el que nombra al Poder judicial ¿Qué falla? Y si falla algo ¿Qué propone?

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  • luzin luzin 07/11/18 00:35

    Decía Montesquieu que el poder judicial en el Estado Constitucional debía ser invisible y casi nulo. Es decir, el poder judicial debe ser constitucionalmente organizado de manera que acabe siendo así. El poder judicial debe ser el encargado de transmitir seguridad en el respeto a las reglas de juego. Y debe ser casi nulo ya que depende la aplicación de las leyes que elabora y aprueba el órgano encargado de legislar, que debe ser el legislativo. A través de sus representantes en el legislativo los ciudadanos se aseguraban la capacidad de colaborar en esa tarea, constituyendo la ley en la expresión de la voluntad de la comunidad (artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789). Dentro de esta estructura se encuentra el Tribunal Supremo, que no es propiamente un órgano de administración de justicia sino de unificación de jurisprudencia. La ley tiene que ser aplicada de manera uniforme en todo el Estado y como inicialmente es aplicada por jueces y tribunales independientes que pueden tener criterios distintos, es necesario un órgano con competencia en todo el territorio que unifique la jurisprudencia de tal manera que la ley acabe siendo, también en su aplicación, igual para todos.
    Y ahora, podemos preguntarnos ¿qué es lo que no funciona? ¿qué ocurre y por qué? ¿existen mejoras o soluciones? Pero si uno lee los comentarios que aquí se vierten llega a la conclusión que el problema son los jueces concretos que participan en la toma de esta decisión, imaginando que se refieren a los 15 que votaron en el sentido mayoritario. Jueces que son prevaricadores, incluso se dice que han sido sobornados o que son franquistas recalcitrantes. Pero si uno analiza cómo han sido elegidos resulta que es a través del CGPJ como se nombran y el CGPJ se elige por el poder legislativo (Congreso y Senado) que es elegido por los ciudadanos.
    Es decir, ustedes con sus votos delegan en sus representantes para que hagan las leyes y reglamentos, y elijan el poder judicial que elige los miembros del TS. Entonces, ¿de qué se quejan?

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    • Isasi Isasi 07/11/18 21:28

      Si es que hay que quererle luzin! con este comentario, magistral. Me pregunto qué uso podríamos hacer del preliminar "la soberanía nacional reside en el pueblo español" sin depender de quien..es-son los elegidos y me da la risa de la tontería, pero por otro lado... si partimos de esa base..
      A propósito de preguntas. Artículo 87. 3 Iniciativa legislativa popular ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo. ¿Qué opciones quedan útiles .. me refiero, se puede corregir/transformar algo colectivamente importante con esta ley, en relación a los casos presentes? No tengo ni idea

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  • Isegor Isegor 07/11/18 00:15

    En España, los financiadores de golpes de Estado ya no tienen necesidad de recurrir a los Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch o Alfonso Armada con sus bandoleros armados del 23-F. Ahora les basta con llamar a Carlos Lesmes, a Luis Díez-Picazo y a su pandilla de salteadores ataviados con toga y birreta, mal llamados jueces, para arrasar con los derechos de los ciudadanos.

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