La querella de Podemos por las hipotecas agrava el desgaste del Supremo

La querella por prevaricación presentada este martes por Podemos contra el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha venido a añadir complicaciones al alto tribunal en el laberinto en que permanece enredado por la sorpresiva reacción del ahora querellado tras la sentencia que obliga a los bancos a pagar el impuesto derivado de la firma de hipotecas. Para empezar, el magistrado que en principio debería comandar el trámite de admisión o inadmisión de la querella, Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, también fue durante un cuatrimestre profesor en Cunef, el centro universitario propiedad de la Asociación Española de Banca (AEB).

Dirigida a la Sala de lo Penal del Supremo, la querella sostiene que al convocar, una vez conocida esa sentencia y aduciendo su "enorme repercusión económica y social", un pleno de la Sala para rectificar o confirmar el nuevo criterio de que paguen las entidades financieras y no sus clientes, Díez-Picazo no actuó por razones jurídicas. Lo hizo, afirma la formación morada, guiado "por un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española".  

En su querella, Podemos pide que se investiguen las llamadas telefónicas recibidas por el magistrado entre la fecha de la sentencia –16 de octubre– y el día –19 de octubre– en que ordenó la suspensión de los señalamientos sobre recursos de similar naturaleza y la convocatoria del pleno de la sala para confirmar o rectificar el criterio aplicado en esa resolución judicial. La querella reclama al Supremo que suspenda la celebración de ese pleno, fijado para el día 5 de noviembre.

Aunque fuentes jurídicas de Podemos aducen que "por prudencia" el Supremo debería congelar su celebración, la mayoría de los juristas consultados por este periódico consideran altamente improbable que el tribunal acceda a ello. 

Pero lo cierto es que tanto si el Supremo admite a trámite la querella como si la rechaza de plano, y en un escenario donde cada día resulta más difícil encontrar defensores para la actuación de Díez-Picazo, su presentación tensa las cuerdas y augura nuevos problemas al tribunal. Este martes, la web losgenoveses.net publicó en su cuenta de Twitter que el presidente de la Sala de lo Penal y que es quien en principio debe decidir sobre la admisión de la denuncia, Manuel Marchena, también aparece vinculado a Cunef, el centro universitario propiedad de la banca española. Como publicó infoLibre el lunes, Cunef mantuvo durante seis cursos contratado como profesor a Díez-Picazo.

En efecto, y así lo confirmó este periódico a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Marchena impartió clases en Cunef durante el último cuatrimestre de 2017: exactamente, entre el 11 de septiembre y el 21 de diciembre. Y un segundo magistrado de la Sala de lo Contencioso, Rafael Fernández Valverde, sigue perteneciendo a su claustro a día de hoy, según los datos de la página de transparencia del CGPJ.

La Sala del 61

Dado lo insólito de la situación, varios juristas consultados expresaron dudas sobre la ruta exacta que debe seguir la querella. Sobre todo, porque para investigar a un presidente de Sala existe un tribunal específico dentro del Supremo, la coloquialmente denominada como Sala del 61. Pero Podemos entiende que es la Sala Penal a la que debe dirigirse la denuncia en primera instancia. Y que si la Sala de lo Penal la admite, será entonces cuando deba canalizarla hacia la Sala del 61. ¿Qué sucederá si la querella llega a manos de Manuel Marchena, que preside la denominada Sala de Admisión de la Sala de lo Penal? De momento, es una incógnita.

La relación de Marchena como docente con el colegio universitario de la Fundación AEB, que a su vez depende de la Asociación Española de Banca (AEB), goza de las bendiciones del CGPJ, que le concedió compatibilidad. Pero en la querella de Podemos sí ocupa un lugar relevante la presencia de Cunef en la vida profesional de Díez-Picazo, a cuyos portavoces preguntó de nuevo infoLibre este martes sin éxito a cuánto ascendieron sus retribuciones como profesor a lo largo de los cursos comprendidos entre 2011 y 2017. La pertenencia del presidente de lo Contencioso al claustro de Cunef  –dice el texto– "ha podido conducir al magistrado querellado a dictar la resolución de dejar sin efecto los señalamientos pendientes y avocar al pleno para conocer de ellos".

Díez-Picazo –enfatizan sus portavoces– no considera que quepa hablar de conflicto de intereses y tiene la firme intención de participar en el pleno donde, el 5 de noviembre y salvo improbable suspensión, los 31 integrantes de la Sala de lo Contencioso deben confirmar si el criterio a aplicar en cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados –los gastos de escritura– relativos a hipotecas es el marcado por la sentencia de la semana pasada.