Ley Memoria Histórica

El prior del Valle de los Caídos sólo acatará la decisión de los tribunales y no la del Gobierno

El prior administrador del Valle de los Caídos, Santiago Cantera Montenegro (d)

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El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha asegurado que la comunidad benedictina del Valle de los Caídos acatará la decisión de la autoridad civil sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco, que "en este caso", según indica, corresponde a los tribunales y no al Gobierno.

"La comunidad benedictina respetará la decisión de la autoridad civil que en este caso no es el poder ejecutivo, sino la autoridad judicial, como recordó el Tribunal Supremo, ya que existe el derecho a recurrir y a solicitar la tutela judicial", ha explicado Cantera en declaraciones a Europa Press.

Así lo ha manifestado después de que este miércoles se conociese que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, remitió el pasado 14 de febrero una carta a la vicepresidenta del Gobierno,  Carmen Calvo, en la que afirmaba que "la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone".

Sobre esta carta, el prior del Valle de los Caídos ha puntualizado que "es una interpretación parcial y muy particular del Gobierno y en la que se cita sólo una parte del texto".

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Cantera ha recordado que en un Estado de Derecho "un particular o una institución tienen derecho a verse amparados ante lo que legítimamente pueden considerar que vulnera sus derechos e incluso un derecho fundamental".

En este caso, ha precisado que "es el poder judicial quien decide y sentencia, cabiendo la posibilidad incluso de agotar toda la vía de recursos judiciales posibles". "Esto es lo propio de un Estado de Derecho", ha zanjado.

Este martes, el Gobierno admitió en el acuerdo que ordena la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos que necesita la autorización de la comunidad benedictina que custodia la Basílica para acceder al lugar de culto a ejecutar el desenterramiento o, en su caso, el visto bueno de la autoridad judicial competente, en este caso el Tribunal Supremo.

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