Batet pide un informe a los letrados del Congreso para que la decisión sobre los diputados presos sea jurídica y no política

PSOE y Unidas Podemos impusieron este jueves su mayoría en la Mesa del Congreso para encargar a los letrados de la Cámara un informe que aclare la situación de los diputados soberanistas en prisión preventiva después de que el Tribunal Supremo declinase pronunciarse. PP, que amenaza con reprobar a la presidenta, y Ciudadanos, que se propone pedir su dimisión sin en 24 horas no los afectados no pierden sus derechos, se opusieron a la decisión y exigieron la suspensión inmediata de los parlamentarios que están siendo juzgados por el Alto Tribunal. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que se propone reunir de nuevo a la Mesa en la mañana del viernes, aseguró que el informe de los letrados permitirá a la Mesa tomar una decisión estrictamente jurídica y “no política”.

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La decisión de la Mesa ha trascendido horas después de que la Sala que juzga el procés independentista en el Tribunal Supremo denegase a la presidenta del Congreso el informe que le había pedido el pasado miércoles sobre la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los diputados soberanistas en prisión preventiva. Batet trataba de que el Alto Tribunal se pronunciase sobre su suspensión, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 384 bis, pero el TS le respondió que la elaboración del informe solicitado por la presidenta del Congreso es “inviable” de acuerdo con “la configuración constitucional del Tribunal Supremo”.

En su escrito, el magistrado Manuel Marchena despachó la petición de Batet aludiendo a  su auto del 14 de mayo. “A lo allí expuesto nos remitimos. La causa penal va a seguir su curso y es misión de esta Sala salvaguardar los fines del proceso”. Ese documento, sin embargo, no hace mención alguna a la suspensión de los parlamentarios que están siendo juzgados en la causa del procés. En aquella resolución, el TS se limita a fundamentar que no había necesidad alguna de solicitar el suplicatorio al Congreso y al Senado para seguir juzgando a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva y a autorizar su participación en la constitución de las Cámaras con el único propósito de que pudiesen adquirir su condición plena de parlamentarios.

El problema de fondo no es la suspensión de los diputados, que PP y Cs defienden y PSOE y Unidas Podemos consideran inevitable, sino la declaración misma de la suspensión, que la presidenta de la Cámara quería trasladar al Tribunal Supremo. No obstante, y más allá de si a los diputados presos les es de aplicación la Ley de Enjuiciamiento Criminal —hay quien sostiene que no, porque no eran parlamentarios en Cortes cuando fueron procesados en firme—, sobre lo que sí puede pronunciarse la Mesa es sobre si les afecta el artículo 21.4 del Reglamento de la Cámara, según el cual “el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva mientras dure ésta”. Los presos soberanistas con escaño cumplen estas condiciones, excepto la de la autorización del suplicatorio, un trámite que el Supremo considera innecesario.