La propuesta de instalar cámaras en los mataderos aterriza en España

Las irregularidades en los mataderos españoles, una realidad velada pese a las denuncias animalistas, han ganado protagonismo en los últimos años. Esta mayor visibilidad tiene que ver con casos paradigmáticos como la popular denuncia que impulsó Jordi Évole en su programa Salvados, pero también con las exhaustivas investigaciones de plataformas como Igualdad Animal o Equalia. Esta última organización ha querido ir un paso más allá: llama a la implantación de cámaras en las instalaciones donde se manipulen animales para el consumo. La ONG ha logrado el apoyo explícito de CCOO y reuniones con algunos partidos para caminar hacia el objetivo último de convertir la iniciativa en una proposición de ley. De lograrlo, no sería España pionera en esta materia. La iniciativa bebe de otras previas que se desarrollan ya en otros países, como Francia desde el año 2017, Inglaterra desde mayo de 2018 o Escocia y Alemania, que dieron el paso a principios del presente año.

El protocolo que ha confeccionado Equalia para la puesta en marcha su iniciativa, al que ha podido acceder infoLibre, recuerda que "las autoridades públicas tienen el deber de velar por el buen cumplimiento de los preceptos del bienestar animal, higiene y seguridad alimentaria, siguiendo con estricto cumplimiento la normativa". ¿Cuál es la legislación que menciona? Se trata de un conjunto de preceptos nacionales e internacionales. Entre ellos, el Reglamento del Consejo Europeo 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, así como el 1099/2009 sobre la protección de los seres vivos en el momento de la matanza. También apela al Reglamento 854/2004 del Parlamento y el Consejo Europeo, respecto a las normas específicas para los controles oficiales, y al Real Decreto 37/2014, de nuevo en cuanto a la matanza.

Pero la base legal sobre la que se asienta la iniciativa es nutrida e implica también a las diferentes leyes de protección de los animales con las que cuentan las comunidades autónomas, estableciendo infracciones y sanciones administrativas. El mismo Código Penal tipifica en su artículo 337 las "conductas de muerte, lesiones que menoscaben gravemente la salud, y el maltrato de los animales, con imposición de penas". Según recuerda la organización, "864 millones de animales fueron sacrificados durante el año 2017" en los "alrededor de 400 mataderos" que existen en el país.

En este contexto, sostiene, "el bienestar de los animales en el matadero es especialmente clave a la hora de asegurar la calidad de la carne que entra en la cadena de consumo". La propuesta de instalar cámaras de videovigilancia, recalca Equalia, "permite una mayor seguridad para los trabajadores, sirve para prevenir casos de malas conductas en materia de higiene y preservar la normativa de seguridad alimentaria". Los efectos inmediatos tienen que ver con la prevención de la "hipotética comisión de presuntas infracciones administrativas e incluso presuntos delitos".

Equalia recuerda además que la Federación de Veterinarios de Europa (FVE) apuesta por la instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia, siempre que no suponga la reducción de plantilla de veterinarios en mataderos y consecuentemente de controles e inspecciones. De hecho, la medida propuesta "va unida a la reivindicación de un mayor presupuesto destinado al aumento de la plantilla de veterinarios" y más inspecciones. El sistema de cámaras que se propone "no pretende sustituir las importantes funciones de control" que ejercen los veterinarios, sino funcionar como complemento "de una gran eficacia precisamente en las funciones de control".

De lo voluntario a lo obligatorio

Silvia Mayorga, portavoz de Equalia, explica en conversación con infoLibre que la campaña brota tras la investigación de un matadero en Segovia, con "corderos lanzados, golpeados o que iban a la matanza sin aturdir", lo que supone un caso de "irregularidades en relación al bienestar animal y la seguridad alimentaria" que ya está judicializado. La instalación de cámaras para impedir casos como este, detalla Mayorga, se basa en tres puntos básicos: que se implanten en todos los puntos de manejo de animales –zona de transporte, de reposo, aturdimiento, sacrificio y post mortem–; que esas imágenes se mantengan guardadas durante un mes y que sean revisadas por los veterinarios.

Además de los veterinarios de cada comunidad autónoma, también el titular del matadero o su representante legal tendrá acceso exclusivo e ilimitado a las grabaciones. Pero serán los veterinarios quienes "establecerán la frecuencia del visionado de las imágenes en función del riesgo" y de cada matadero. Los operadores, además, tendrán un periodo de adaptación de ocho meses para la instalación del servicio desde la probación de la medida.

La camapaña de Equalia va dando sus frutos y las empresas comienzan ya a sumarse. "Carrefour ha pedido a todos sus proveedores que instalen cámaras en mataderos", recalca la organización, una decisión que "afecta a once instalaciones". Empresas como El Pozo Alimentación o Grupo Amaro también han confirmado su adhesión al protocolo de acción.

Mayorga insiste en que su máxima aspiración es la obligatoriedad de la medida. "Queremos que sea por ley, por eso hemos hablado con partidos políticos", comenta al otro lado del teléfono. La acogida ha sido positiva, valora, aunque las reuniones se produjeros antes del periodo electoral, por lo que la organización prevé retomar el contacto una vez existan "gobiernos estables". Equalia también ha intentado contactar con la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) para presentar el proyecto, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Vicente Canet, responsable de Industria Alimentaria de la Federación de Industria de CCOO, sostiene en declaraciones a este periódico que la iniciativa es "una causa justa". El sindicato que representa, asegura, "defiende el bienestar de las personas y de los animales". En ese sentido, el papel de CCOO será "actuar como catalizador, echar una mano y que se haga una ley que obligue a los mataderos a disponer de cámaras", de manera que "no quede al voluntarismo de las empresas".

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Infracciones y sanciones

¿Qué ocurre si las cámaras registran maltrato contra los animales? Equalia explica en su protocolo que los servicios veterinarios "disponen de un procedimiento de actuación general a nivel nacional ante la detección de incumplimientos de la normativa en materia de seguridad alimentaria y de bienestar animal, que contempla la subsanación de deficiencias y sanciones". En ese sentido, el abordaje de los problemas de bienestar debe ser llevado a cabo por el operador, siendo el veterinario –es decir, la administración– quien supervisa que esa subsanación es en tiempo y forma adecuada.

Una vez abierto el expediente, "es responsabilidad de la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma llevar a cabo las medidas sancionadoras pertinentes". Las infracciones oscilan entre las más leves –incumplimiento de las normas de protección animal en cualto al cuidado y manejo de los animales, entre otras–, otras de carácter grave –mutilaciones no permitidas o falta de colaboración con la autoridad inspectora– y aquellas consideradas muy graves –incumplir la obligación de aturdimiento previo o suministrar documentación falsa–. Las sanciones pueden ir de multas de 600 euros en los casos menos sangrantes hasta un límite de 100.000 euros para las infracciones de mayor peso.