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La crisis del coronavirus

El PP pasa de la "lealtad" con peros a una veintena de reproches para votar "no" a los decretos económicos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en el Congreso.

Cuando no se ha cumplido todavía una semana de que el Congreso de los Diputados diera luz verde, con los votos del Partido Popular, a la prórroga del estado de alarma, los conservadores ensayan un distanciamiento del Gobierno que, según todas las fuentes consultadas, anticipa la labor de oposición que prepara el partido de Pablo Casado para el momento en el que la virulencia del coronavirus baje y la política pueda ir, poco a poco, volviendo a la rutina.

Hasta la madrugada del jueves pasado, el Partido Popular había ido de la mano del Gobierno en todo lo que tiene que ver con la gestión de esta pandemia. Ni siquiera planteó propuestas de resolución a los reales decretos convalidados en la Cámara —se limitaron a registrar decenas de iniciativas—. Pero ahora, tras un fin de semana en el que el Ejecutivo endureció las medidas limitando la actividad económica a aquellos ámbitos considerados esenciales, el PP asegura que se le ha acabado la "paciencia" y que la "lealtad" prometida no implica que vayan a ser "cómplices" de todas las decisiones del Gobierno.

Así las cosas, la amenaza de no apoyar en el Congreso los últimos decretos de hibernación de la economía, no es un farol, según destacan en el partido. "Si no son modificados, votaremos en contra. Sánchez tiene que hacer algún gesto", insisten.

En sus comparecencias públicas, tanto Pablo Casado como el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se han quejado de no haber sido informados por el Gobierno de las medidas y de lo perjudicial de las estas para pymes y autónomos. De que Pedro Sánchez apostó el sábado por la tarde, cuando anunció el freno de la actividad económica considerada no esencial, justamente por lo contrario a lo que se había. Pero más allá de sus intervenciones públicas, el PP distribuyó este martes una argumentario entre sus dirigentes y cargos públicos en el que enumera más de una veintena de razones por las que no pueden apoyar el decreto ley de "apagón empresarial" aprobado, insisten, de manera "unilateral" por el Gobierno.

"Sánchez no ha dicho la verdad"

En el primero de los puntos con los que el PP justifica el hecho de que ahora estén en no apoyar los reales decretos económicos, los conservadores acusan a Sánchez de no haber dicho la verdad, de haber dicho a Casado lo contrario y de haber votado contra esa medida en el Congreso.

En el argumentario, el PP abunda en la idea de que, además de que el Ejecutivo no haya dicho la verdad, se ordenó la "parálisis productiva del país sin consultar" ni con los partidos ni con los agentes sociales. 

El Gobierno pidió este martes "disculpas" por el "ritmo vertiginoso" al que se ve obligado a tomar decisiones ante el coronavirus y se comprometió a seguir "estrechando la coordinación" con las comunidades autónomas y los partidos políticos. La decisión, señalan, se tomó el mismo sábado por razones estrictamente sanitarias, para extender por unos días, y aprovechando el parón de la Semana Santa, la reducción de circulación de personas que suele darse los fines de semana en este contexto de estado de alarma.

En rueda de prensa telemática al término del Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, justificó la inmediatez con la que está actuando el Gobierno por la necesidad de adecuarse al "rumbo" que van marcando las autoridades sanitarias. La dirigente socialista señaló que el Gobierno se puso en contacto con todos los presidentes autonómicos la víspera de aprobar la medida para avanzarles la decisión. Sólo dos de ellos, a los que no identificó, no atendieron esa llamada. Además, recordó que hay dirigentes del PP que en los últimos días venían demandando medidas más estrictas.

A vueltas con los impuestos... y la solución del Gobierno

Otra de las razones por las que el PP cree que deben cambiarse los decretos económicos es porque, a su juicio, el peso de la crisis no pueden pagarlo ni los empresarios ni los trabajadores, sino el Estado. También se quejan de que se obliga por decreto a empresas y autónomos a soportar "todas las cargas laborales del cierre empresarial" y de que se obliga a muchas de estas empresas y autónomos "a seguir pagando impuestos y cotizaciones sociales durante el apagón".

No obstante, tras el Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo anunció que se había habilitado a la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos y se permite el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio. Asimismo, puede leerse en la nota remitida por la Moncloa, los autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad "podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad Social de marzo por los días que hayan trabajado".

"Riada de cierres empresariales"

Los autónomos son los protagonistas de cuatro de los puntos con los que el PP pide a sus dirigentes que defiendan el plante de Casado ante Sánchez. Creen los conservadores que "España se ha quedado a la cola de la protección de los autónomos" y, además, que si no se dan facilidades a empresas y autónomos, se avecina "una riada de cierres empresariales".

Entre las últimas medidas del Gobierno está la posibilidad de que los autónomos que hayan visto cesada su actividad o reducidos sus ingresos en más de un 75% puedan ser perceptores del bono social eléctrico. potenciales perceptores del bono social eléctrico. También se incluye en la moratoria de hipotecas los inmuebles afectos a la actividad económica de autónomos. Y aquellos autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos del Covid-19 pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones.

Habrá que ver si con este tipo de medidas recién anunciadas este martes los conservadores ablandan su postura en el proceso de negociación con los grupos parlamentarios. El debate y votación sobre la convalidación o derogación de los reales decretos debe producirse en el Pleno de la Cámara antes de que  transcurra el mes siguiente a su promulgación. Este tipo de iniciativas solo se pueden modificar o con otro decreto ley o tramitándolos como proyecto de ley. En teoría, la semana que viene debería celebrarse una sesión plenaria en el Congreso en el caso de que el Gobierno considere necesario prorrogar el estado de alarma, algo que, con los datos de contagios y fallecidos en la mano, parece bastante probable. 

Lo que no está claro a día de hoy es que la convalidación de los últimos reales decretos vaya a ser llevada a ese eventual Pleno. Este martes hubo reunión virtual de la Mesa del Congreso, pero no se abordó nada al respecto de las últimas iniciativas del Ejecutivo para paliar los efectos económicos de esta crisis sanitaria.

La propuesta del PP, según fuentes de las dirección nacional del partido es "inyectar liquidez inmediata en las empresas, pymes y autónomos para garantizar el 100% del empleo de los trabajadores durante el estado de alarma". Algo que, dicen, debe venir acompañado de una eliminación de impuestos a todos aquellos que no tienen ingresos como consecuencia del estado de alarma y un aplazamiento del pago de todos los impuestos a septiembre, tanto IRPF como sociedades.

"Durante el estado de alarma no pueden efectuarse trámites de forma ágil y el aplazamiento es vital para que los españoles puedan preocuparse sólo de estar en casa y no de su futuro económico", añaden en el partido.

Contra las políticas de Pablo Iglesias

Cuatro de la veintena de razones por las que el PP pide que se modifiquen los decretos tienen como protagonista al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Si cuando el presidente Sánchez pidió hace un par de semanas apoyo a los partidos para unos Presupuestos "extra sociales", los conservadores se negaron de forma tajante a dar un cheque en blanco al Ejecutivo para poner en marcha la agenda de Podemos, ahora defienden argumentos similares para oponerse a las medidas.

El documento de los conservadores, al que ha tenido acceso este diario, considera que las medidas económicas del Gobierno "responden a la agenda caduca y ultraideológica de Podemos". En el PP se niegan a que su apoyo a los decretos pueda ser utilizado por Sánchez para aplicar las medidas económicas de Podemos.

En línea con lo señalado por Casado el lunes, en la rueda de prensa en la que advirtió al PSOE de que el apoyo del PP no iba a ser gratuito, el PP defiende que hay "indicios de que Pablo Iglesias pretende aprovechar la crisis económica para intervenir sectores estratégicos de la economía española y aumentar el gasto público mediante subidas confiscatorias de impuestos a empresas y familias". "No entendemos cómo se permite que Podemos alardee de que la propiedad privada puede ser expropiada", había dicho el jefe de los conservadores.

En el citado texto también el PP considera que la Unión Europea nunca va a financiar "el intervencionismo ideológico del Gobierno". El propio Casado ya ha exigido al jefe del Ejecutivo que no culpe a la UE de la "imprevisión" de su Gobierno.

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El Senado, nuevo foco

La labor de oposición del PP al Gobierno en los próximos días va a tener dos frentes: el de la posición ante los decretos económicos y el abierto este mismo martes en el Senado. Gracias a los votos del PNV, muy distanciado ahora de Sánchez por las últimas iniciativas en materia económica, la Mesa de la Cámara Alta aprobó, sin el apoyo del PSOE, la propuesta del PP de convocar una reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas para debatir sobre las medidas contra el coronavirus.

La iniciativa pasa ahora a la Comisión, presidida por Manuel Cruz (PSOE). Este senador tendrá que convocar a la mesa de este órgano para poner fecha a la sesión. 

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