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La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia del abogado de Podemos cesado bajo acusación de “acoso sexual”

  • Una resolución rechaza la reclamación de José Manuel Calvente contra el secretario de Organización y la gerente del partido por injerencias en su trabajo como Delegado de Protección de Datos
  • Calvente, que niega los motivos aducidos para justificar su cese, denunció que la causa era que investigaba una “brecha de seguridad” y una “cesión de datos” a Facebook
  • La Agencia afirma en su archivo del caso: “No aporta ninguna acreditación de que se hayan producido las infracciones”
  • El denunciante asegura a infoLibre que dispone de pruebas, pero que las aportará “en vía judicial” y no ahora para proteger a ex compañeros

Publicada el 15/06/2020 a las 14:00 Actualizada el 15/06/2020 a las 14:50
Encabezado de la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos.

Encabezado de la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos.

La Agencia Española de Protección de Datos ha archivado la denuncia contra el secretario de Organización y la gerente de Podemos presentada por José Manuel Calvente, que fue coordinador del equipo legal del partido y Delegado de Protección de Datos, despedido el 2 de diciembre de 2019.

La resolución de archivo, firmada por la directora de la Agencia, Mar España Martí, señala que la obligada garantía de la independencia del Delegado de Protección de Datos, que según Calvente fue vulnerada, “no es incompatible” con que Podemos “pueda organizar el trabajo y priorizar distintas actividades” [ver aquí la resolución].

Sobre las supuestas irregularidades y vulneraciones de la protección de datos cometidas –según Calvente– por el partido, como una “brecha de seguridad”, una “cesión de datos a Facebook para publicidad y recopilación de datos sobre opiniones políticas” o diversas manipulaciones electorales, la resolución señala que no se aportan pruebas.

Calvente, que estuvo en nómina de Podemos desde el 1 de agosto de 2014, fue cesado de sus dos responsabilidades por una supuesta “desobediencia” a sus superiores, “acoso sexual” y “hostigamiento laboral”, según la carta de despido, acusaciones que el abogado siempre ha negado.

Una de las derivadas del sonado enfrentamiento entre ambas partes se dirime en la Agencia Española de Protección de Datos, que el 10 de junio dictó una resolución de archivo de actuaciones.

El reclamante, en declaraciones a infoLibre, señala que su denuncia ante Protección de Datos iba inicialmente encaminada a que cesara el “hostigamiento” contra él, por lo que, tras ser cesado, no ha querido “ahondar más en esta vía”. “Me centro en la vía judicial, que es más efectiva y contundente”, señala Calvente, que asegura que no ha aportado más documentación probatoria por no perjudicar a antiguos compañeros, ya que hubieran tenido que “ser llamados como testigos”.

Según Calvente, hay temor entre trabajadores de Podemos a ser identificados con él por posibles represalias. “No he querido aportar las pruebas en vía de protección de datos, para aportarlas en la vía judicial”, asegura el abogado.

Podemos, consultado por este periódico sobre la decisión de la Agencia favorable al partido, declinó la realización de comentarios.

Enfrentamiento

Calvente, que se considera él mismo víctima de acoso laboral y acusaciones infundadas, presentó su reclamación contra Podemos ante Protección Datos antes de su despido, si bien la amplió con posterioridad.

La denuncia inicial tuvo entrada en la Agencia el 27 de octubre, después de que el secretario de Organización del partido, Alberto Rodríguez, avisara a Calvente de que su "negativa" a facilitarle determinada información sobre asuntos jurídicos vigentes era considerada como "desobediencia intencional a la organización" y, en algunos extremos, "negligencia grave".

En el escrito de denuncia, publicado por infoLibre en diciembre, Calvente apuntaba contra el secretario de Organización y la gerente del partido, Alberto Rodríguez y Rocío Esther Val, respectivamente, por un supuesto "incumplimiento de las obligaciones establecidas" en la normativa de protección de datos.

El abogado acusaba a ambos cargos de haber cometido "ciertos actos en el desempeño de sus funciones" que interfirieron en su trabajo, supuestamente incurriendo en una "infracción grave". Según Calvente, Rodríguez y Val impidieron su "participación adecuada" en las "cuestiones relativas a la protección de datos personales del partido", tanto mediante injerencias como mediante exclusiones (de los grupos de Telegram, entre otras).

Denuncia

Calvente situaba el “inicio de las desavenencias y las interferencias” en el nombramiento, “a principios de 2019”, de Rocío Esther Val como gerente de Podemos. El ex responsable de la seguridad de la información en el partido relata en su denuncia varios ejemplos de las supuestas injerencias, que a su vez son recogidos en la resolución de archivo.

El ex Delegado de Protección de Datos asegura que la gerente intentó publicar la web del perfil del contratante de Podemos “sin los correspondientes avisos legales”. Ante la negativa de Calvente, este denunció que la gerente “empezó a acosarle y desacreditarle”, según recoge la resolución de archivo de Protección de Datos.

El segundo enfrentamiento con la gerente se produjo, siempre según el denunciante, "tras el cese" de la abogada Marta Flor N., como miembro del equipo legal. Se trata de un episodio controvertido, porque según señaló el partido en la carta de despido de Calvente dicho cese nunca se produjo. La resolución recoge así la denuncia: “cesaron a una abogada del equipo legal, amiga de la gerente, y él [Calvente] pidió el cese automático de la autorización para tratar datos personales y acceder a expedientes judiciales, suprimiendo el acceso a las herramientas digitales, como marca el protocolo de seguridad. Al enterarse la gerente, dio la orden de que no se cumpliera las instrucciones que él había solicitado como Delegado de Protección de Datos”. En su denuncia, ahora archivada, el letrado explicaba que se aplicó en ese mismo momento "el protocolo de seguridad informática establecido" para suprimir el acceso de su compañera "a los expedientes judiciales que lógicamente contienen datos personales y confidenciales".

Tercer enfrentamiento: Calvente “encontró a un jurista del Congreso de los Diputados sentado en un ordenador de una abogada del equipo legal, indicando que lo estaba utilizando para gestionar candidaturas para las elecciones generales de 2019”, recoge la resolución de Protección de Datos. La abogada cuyo ordenador se estaba usando fue despedida a los pocos días, añade la resolución, repasando la denuncia de Calvente. El que fuera Delegado de Protección de Datos se puso en contacto con los responsables de la asignación de los ordenadores a los miembros del partido, quienes le dieron explicaciones "contradictorias" sobre lo sucedido, algo que, desde su punto de vista, demostraba que desde la Gerencia y la Secretaría de Organización "se habían dado instrucciones para aleccionar a los empleados" al objeto de ocultarle la verdad, "que no es otra que el incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas", siempre según la denuncia de Calvente, ahora archivada.

El abogado también acusó al partido de haber “dificultado el acceso” a un expediente de la Agencia Española de Protección de Datos recibido en octubre de 2019. El retraso fue, según Calvente, “injustificado y no explicado”, según recoge la resolución de archivo.

Por último, Calvente denunciaba la creación de un “nuevo equipo legal”, que “coexistía” con el suyo, dependiendo cada uno de una secretaría distinta. El ex Delegado de Protección de Datos del partido aseguraba que, como se negó a traspasar todos los asuntos al nuevo equipo, el secretario de la Organización lo acusó de desobediencia intencionada y negligencia grave, para “doblegar su voluntad”, señala la resolución de archivo.

Calvente presentó documentos adjuntos a su denuncia el 14 y 15 de noviembre de 2019, entre los que había conversaciones por mensajes telefónicos y correos electrónicos.

La Agencia recibió, el 5 de diciembre, otra denuncia, de una segunda reclamante, la Asociación Española de Delegados de Protección de Datos, que hacía saber que había tenido conocimiento del despido de Calvente y pedía que se investigaran los hechos y que se la tuviera por personada.

Podemos

Podemos, tras recibir la notificación de la denuncia, alegó que el secretario de Organización, Alberto Rodríguez, “comenzó a notar lo que presuntamente podía ser acoso” de Calvente a una abogada del equipo, “tema en el que no se entra" por estar sub iudice en la vía penal, según recoge la resolución de Protección de Datos.

El partido morado repasa una a una las supuestas injerencias y vulneraciones de la ley que denuncia Calvente, negando irregularidades y pidiendo el archivo, que finalmente se produjo.

Sobre la página web del perfil del contratante, “los correos aportados sólo demuestran lo que sucede en el día a día del trabajo, pero nada más lejos de impedir cumplir la normativa de protección de datos”, según las alegaciones. “Su participación en el asunto demuestra que la gerente no impedía su trabajo”, añade Podemos, como recoge la resolución de Protección de Datos.

Podemos niega que se produjera el despido de la abogada que según Calvente es “amiga íntima” de la gerente. “La abogada nunca fue cesada de su puesto y no se le quitaron los poderes de representación; de hecho, continuó representando al partido”, según Podemos, como recoge la resolución de archivo de Protección de Datos.

El partido liderado por Pablo Iglesias, en sus alegaciones, también se refiere al episodio en que que un jurista del Congreso de los Diputados trabajaba en el ordenador de una persona del equipo legal. “No hay motivo para creer que no era cierta la contestación que se le dio al interesarse por el asunto. Y de haber pensado que era una incidencia de seguridad o una brecha, hubiese sido su obligación comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos”, señala Podemos, como recoge la resolución.

Acerca del supuesto retraso en facilitarle a Calvente la información remitida por la Agencia, el partido destaca que hubo una demora de cinco días ya que “cuando se recibió el partido estaba inmerso en plena campaña electoral”, aunque en cualquier caso “el plazo de contestación a la solicitud era de un mes”, como detalla la resolución.

En cuanto a la solicitud de información del secretario de Organización, que Calvente se negó a facilitar, Podemos señala que lo hizo cuando Rodríguez “comenzó a desempeñar el puesto de jefe del equipo legal”.

Ampliación

Calvente amplió su reclamación el 14 de enero de este año. El ex Delegado de Protección de Datos de Podemos aseguraba que fue cesado el 2 de diciembre como consecuencia de la reclamación presentada en octubre y “por estar investigando actuaciones presuntamente ilícitas en materia de protección de datos”, según la resolución de archivo

Entre las materias que investigaba Calvente, este hacía referencia en la ampliación de su denuncia a “una brecha de seguridad a raíz de la recepción de mails por parte de Más País a militantes de Podemos ofreciéndoles microcréditos; pudiendo haber facilitado los correos algún trabajador de Podemos”, como recoge la resolución.

También, siempre según el contenido de la denuncia tal y como lo recoge la resolución de Protección de Datos, “se podría haber producido una cesión de datos a Facebook para publicidad y recopilación de datos sobre opiniones políticas”. Calvente asegura que “en octubre de 2019 se enteró que habían pagado 700.000 euros a Facebook para la campaña electoral”.

Según Protección de Datos, no aporta pruebas, ni de la “brecha de seguridad” ni de la “cesión de datos” a Facebook.

Calvente también denunciaba “una presunta manipulación de los resultados de las votaciones internas de Podemos, cancelando datos personales de afiliados”, según recoge la resolución de Protección de Datos. Según el letrado, “se ha producido un tratamiento de datos personales de forma paralela al tratamiento del censo de afiliados, según criterios estadísticos de participación, sin informar y para manipular el número de afiliados con derecho al voto”, como recoge la resolución de Protección de Datos.

El ex Delegado de Protección de Datos aseguraba también en su ampliación de denuncia que “se ha podido producir una vulneración del secreto del voto en las consultas internas”, que incluiría “órdenes” para averiguar el sentido del voto y conocer “tendencias de voto por municipios”, según recoge la resolución de archivo.

Por último, Calvente asegura que “se ha podido producir un acceso indebido” a un ordenador.

El 23 de enero la Agencia recibió una reclamación de un tercer reclamante, no identificado, aportando noticias relativas a la supuesta manipulación de datos en Podemos. “Las tres noticias que acompañan su reclamación recogen las mismas manifestaciones realizadas a esta Agencia por el reclamante 1 [Calvente], en fecha 14 de enero de 2020, e indican que la fuente es el propio reclamante y otra persona cesada del equipo legal. En las noticias también aparece la contestación de Podemos señalando que desde la dirección del partido desmienten las acusaciones que, aseguran, no tienen ningún fundamento”, señala la resolución.

Calvente presentó un escrito más, el 13 de marzo, indicando que había tenido acceso a las alegaciones de Podemos, ante lo que realizaba varias apreciaciones: que el partido “quiere tergiversar los hechos y que parezca que actuó por venganza, cuando no es así”, y que es incierto que la abogada amiga de la gerente “nunca fue cesada”. “Siguió trabajando en el partido, pero no en el equipo legal”, según Calvente, como recoge la Agencia en su resolución.

Resolución

La Agencia Española de Protección de Datos archiva la reclamación. “Como se recoge en el artículo 39 del Reglamento General de Protección de Datos, las funciones del Delegado de Protección de Datos son informar, asesorar, supervisar, auditar, comunicar posibles vulneraciones… Si el Delegado de Protección de Datos informa a la organización de que no se puede habilitar una web sin aviso legal y se publica sin dicho aviso legal, el responsable hubiese sido Podemos. Su función, al haber advertido la información que debe incluirse al recabar datos mediante una página web, sería la exigida al Delegado de Protección de Datos”. Es decir, Calvente sí pudo hacer su trabajo, según Protección de Datos. Y añade la resolución: “El hecho de que el responsable deba garantizar la independencia del Delegado de Protección de Datos no es incompatible con que pueda organizar el trabajo y priorizar distintas actividades. Máxime si, como en este caso, el Delegado de Protección de Datos era también un abogado del equipo legal [...]”.

La resolución de archivo también se refiere a la ampliación de la denuncia, en la que “expone aspectos que consideraba ilegales y que estaba investigando”. La Agencia Española de Protección de Datos es taxativa: “No aporta ninguna acreditación de que se hayan producido las posibles infracciones a las que se refiere”.

En cuanto a las denuncias sobre vulneración de datos de afiliación política, basadas en “noticias aparecidas en prensa”, la Agencia señala: “La reclamación no aporta ninguna evidencia”. Por lo tanto, se impone el principio de presunción de inocencia.

La Agencia aclara que todo lo relativo al despido de Calvente y sus causas no es de su competencia, por lo que deberá aclararse en la jurisdicción social.


Por todo ello, la Agencia procede al archivo de las actuaciones y las notifica a Calvente y a Podemos. Cabe recurso ante la directora de la Agencia Española de Protección de Datos o ante la sala de lo contecioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

El reclamante

Calvente señala que, a su juicio, la resolución de archivo “no está fundamentada, porque no se ha investigado nada”. Además, recalca, ve erróneo que Protección de Datos identifique a Podemos como la entidad objeto de la reclamación, cuando él la presentó contra “personas concretas”, en referencia a Rodríguez y Val.

El ex Delegado de Protección de Datos explica que inicialmente presentó la denuncia para que cesara el “hostigamiento” contra él, por lo que el procedimiento perdió interés cuando fue cesado. Ello, además del deseo de no perjudicar a excompañeros, es lo que ha hecho que no acompañe más material probatorio en sus ampliaciones de denuncia. “No quiero fastidiar a nadie”, afirma. No tiene previsto, por ello, presentar recurso en esta vía, según explica a este periódico.

Eso sí, Calvente asegura que dispone de pruebas y las aportará en vía judicial. Explica que se mantiene abierto un contencioso por despido nulo y vulneración de derechos fundamentales, aunque está retrasado por la pandemia de coronavirus. En cuanto a la acusación contra él por “acoso sexual” a una compañera, Calvente asegura que prefiere no hacer declaraciones, pero indica que ha presentado una “denuncia de hechos”, sin más detalle.

 

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