El fin de la impunidad por los bebés robados, un paso más cerca con la ley que tramita el Congreso

“La sensación de que algo raro había pasado ha permanecido durante décadas en mi familia”. La historia que cuenta con voz pausada Soledad Luque al otro lado del teléfono se remonta a los últimos compases de la dictadura franquista. Comenzó un 25 de enero de 1965 en la Maternidad de O’Donnell. Allí, a escasos metros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, fue donde esta madrileña y su hermano mellizo Francisco respiraron por primera vez. La niña nació sana. El niño, sin embargo, lo hizo con poco peso. En una incubadora permaneció durante un par de semanas. Cada día recibía la visita tanto de su padre como de su hermano mayor. Todo parecía ir bien. El recién nacido iba progresando y la familia ya estaba preparando su llegada a casa. Sin embargo, “de un día para otro” falleció. Luque cuenta que su familia no pudo ver nunca el cuerpo. “Les dijeron que lo habían incinerado”, explica. En aquellos momentos, asumieron el relato. Pero en 2010, con el boom de los bebés robados, empezaron a cuestionarlo. Y desde entonces, tanto ella como su hermana Carmen no han parado de buscar. De momento, sin éxito.

Su caso no es una excepción. En los últimos años, por toda la geografía española se han repetido cientos de denuncias similares. Como la de Ainhoa Arrate, que busca a su madre. O la de Paqui Serrano, que hace lo propio con su hermana. No se sabe a ciencia cierta el número de víctimas. El juez Baltasar Garzón, en uno de los autos emitidos hace más de una década desde la Audiencia Nacional, calculaba que podía haber unos 30.000 casos sólo hasta 1952. Las estimaciones de las asociaciones, por su parte, lo elevan por encima de los 100.000 durante toda la dictadura y los primeros compases de la democracia. Luque es presidenta de una de ellas: Todos los niños robados son también mis niños. A través de su experiencia, lleva años dedicando sus fuerzas a un activismo social y político que parece llenarla. Porque no sólo busca a su mellizo. También ayuda a todas aquellas personas que creen que haber sido víctimas de lo mismo. No es sencillo. Sobre todo, cuando chocan una y otra vez contra el muro de la “impunidad”. “No nos hemos sentido arropadas en absoluto”, explica en conversación con infoLibre.

A pesar de las piedras en el camino con las que se han ido topando, los colectivos siguen en la brecha. Y todavía conservan la esperanza de que después de varias décadas puedan terminar llegando al fondo del asunto. Sobre todo, después de conseguir recabar el respaldo de la inmensa mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Una Cámara Baja que este martes, si no hay sorpresas de última hora, dará el primer paso para la tramitación de la Proposición de Ley de Bebés Robados en el Estado Español. La iniciativa cuenta con la firma de una decena de formaciones políticas –desde el PSOE o Unidas Podemos hasta EH Bildu o las CUP– que, en conjunto, superan la mayoría absoluta en el hemiciclo. Luque, además, explica que los contactos que se han mantenido también con Ciudadanos o el PP en este sentido invitan a pensar que también respaldarán el texto. Con los únicos con los que no se han reunido los colectivos ha sido con los diputados de Vox. Pero la posición de los ultras no importa. Sólo con el visto bueno de los firmantes es suficiente.

Una investigación nacional

La presidenta de la asociación espera entusiasmada la aprobación de una norma que “supone un progreso importante en la defensa de las víctimas del franquismo y, especialmente, de la trama de bebés robados”. Y lo supone porque abre la puerta a que se investiguen a fondo estas denuncias. Si son necesarias exhumaciones, el Ministerio de Justicia se hará cargo de ellas. Y si hay que hacer pruebas de ADN, estas no podrán tener un coste para las víctimas. Todas las instituciones están obligadas a arrimar el hombro. Cada administración censal, si así le requiere la autoridad judicial o policial durante las pesquisas, deberá poder proporcionar de forma informatizada todos los datos de nacimientos o defunciones desde 1936 ocurridos en cada una de las provincias o distritos de los niños comprendidos entre los cero y los cinco años. Esta información, además de las modificaciones de filiación por nacimiento, deberá poder ser facilitada también por la oficina del Registro Civil o, en su caso, el Instituto Nacional de Estadística.

La Fiscalía jugará un papel clave en todo este proceso. Primero, porque deberá ejercer de oficio o a instancia de las víctimas “cuantas acciones judiciales procedan, en cualquier orden jurisdiccional, para la exigencia de las responsabilidades que correspondan”. Y segundo, porque tendrá que hacerlo a través de la Fiscalía Especial sobre Bebés Robados, cuya creación viene contemplada, como la de una unidad de policía judicial especial, en una de las disposiciones adicionales de dicha norma. A ojos de Maite Parejo, abogada socia en Maio Legal, esto permitiría que pudiera llevarse a cabo una investigación “a nivel nacional”. Esto es lo que ya intentó la asociación Anadir en 2011. Sin éxito. La Fiscalía General del Estado acordó a través de un oficio desglosar la denuncia y remitirla a las fiscalías territoriales competentes para su investigación. Lo hizo al entender que no existían indicios para mantener que las supuestas sustracciones puestas sobre la mesa fueron realizadas de forma de forma concertada. Es decir, entendía que no había conexión aparente entre los diferentes casos.

Para Parejo, el hecho de desglosar una causa de estas características a nivel territorial dificulta que se investiguen los hechos como un crimen de lesa humanidad, que a diferencia de la sustracción de menores no prescribe. ¿Por qué? Principalmente, porque este tipo requiere que los actos fueran cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático”, según se marca en el Estatuto de Roma de 1998. “Si no se investiga de forma apropiada, es muy difícil probar todo esto”, explica la abogada de Maio Legal, que lleva años colaborando con los colectivos de bebés robados. Por eso, considera necesaria tanto una unidad de policía judicial como una Fiscalía especializada en la materia que “coordine, tenga una base de datos común, una posición unificada y un conocimiento generalizado que pueda ir aplicando”. Como ya existe Anticorrupción o Antidroga. Es algo que durante los últimos años ha reclamado también el Defensor del Pueblo y que se ha rechazado desde el Ministerio Público.

El bloqueo de la Iglesia

No es el único escollo con el que han chocado las víctimas a la hora de investigar los casos. Los colectivos tampoco se olvidan de la Iglesia. Al fin y al cabo, tal y como señala la antropóloga e investigadora Neus Roig en su libro No llores que vas a ser feliz, el tráfico de estos niños “no hubiera sido posible sin la participación de las órdenes religiosas”. Por eso, otro de los pilares sobre los que se sostiene la norma que comenzará es la apertura de archivos. Las víctimas tendrán derecho a consultar los de las administraciones públicas o sus organismos, cementerios o residencias públicas o internados de madres solteras dependientes del extinto Patronato de Protección de la Mujer –ingresos, partos, prohijamientos o adopciones–. Una labor de transparencia a la que también quedan obligadas las autoridades eclesiásticas. Establecimientos y organizaciones que tendrán que conservar, bajo pena de sanción administrativa, “la integridad de los archivos” donde consten todos aquellos datos que pudieran ser relevantes para las víctimas, desde los bautizos hasta las cremaciones, pasando por los abortos.

“La Iglesia jugaba un papel fundamental durante la dictadura. Y tiene en su poder documentación que puede ser importantísima”, señala Luque. En este sentido, pone como ejemplo todos los libros y documentación de las casas cuna regentadas por religiosas, donde deberían estar los nombres de las madres biológicas y las adopciones que se realizaron durante aquellos años. 

Sin embargo, las autoridades religiosas nunca han sido partidarias de abrir el cerrojo. En su informe de julio de 2014, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Voluntarias de Naciones Unidas hacía mención al “difícil acceso” a estos archivos. “Dado que muchos cementerios están dentro de propiedades de la Iglesia Católica, y que datos de bautismo o de defunciones constan en archivos eclesiásticos, la apertura de los mismos y la facilitación de su acceso a quienes buscan a personas desaparecidas o niños presuntamente robados, resultaría esencial para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas”, recordaban. Algunas asociaciones, incluso, se reunieron el pasado verano con el papa Francisco en el Vaticano para demandar que la institución facilitara el acceso a estos legajos. Sin embargo, Luque considera que no se puede depender “de un deseo o disposición de la jerarquía eclesiástica”. “Hay que hacerlo por ley”, insiste.

La receta con la que las víctimas pretenden que se les garantice su derecho a la verdad, justicia y reparación se completa con la creación de un banco único de ADN al que podrán acudir todos aquellos que hayan formalizado denuncia por un supuesto caso de robo de bebé. Las pruebas deben estar listas a la mayor brevedad posible, sobre todo para aquellas personas de avanzada edad. La base de datos será estatal. Principalmente, porque esto permitiría encontrar coincidencias entre personas que puedan estar viviendo a cientos de kilómetros de distancia. “Nos facilita poder cruzar muchos más datos”, explica Parejo. El organismo está pensado a imagen y semejanza del argentino Banco Nacional de Datos Genéticos, que en sus algo más de tres décadas de historia ya ha conseguido devolver la identidad a 130 bebés sustraídos durante la dictadura argentina gracias a una base de datos con miles de muestras almacenadas. El último, Javier Matías Darroux, hijo de un miembro de la inteligencia naval y un ama de casa argentina desparecidos en diciembre de 1977.

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2.136 diligencias de investigación en nueve años

La proposición de ley llega al hemiciclo doce días después del primer pronunciamiento del Supremo sobre un caso de estas características. Fue el de Inés Madrigal, la niña a la que en 1969 separaron de su madre biológica en la Clínica San Carlos de Madrid y que logró sentar en el banquillo de los acusados al doctor Eduardo Vela, ya fallecido. En la sentencia, el Alto Tribunal confirmó los delitos de falsedad documental y simulación de parto. Pero eliminó el de detención ilegal. Y lo hizo por un motivo concreto. Madrigal encontró a su familia biológica a través de un banco de ADN y descubrió que su madre la había entregado en adopción de forma voluntaria. Sin embargo, los magistrados evitaron entrar en el fondo del asunto en lo que realmente interesa al resto de víctimas. La dichosa prescripción. “Esto nos ha vuelto a poner un poco en la casilla de salida”, explica la presidenta de Todos los niños robados son también mis niños. Ahora, el caso de Madrigal se pone permanentemente sobre la mesa por aquellos a los que los relatos de las víctimas generan dudas.

Por el momento, ninguna sentencia ha confirmado la existencia de una trama organizada de robo de bebés. Si bien es cierto que no muchos casos han conseguido prosperar judicialmente. Y los que lo han hecho no han acabado llegando a buen puerto. Un ejemplo es el de María Gómez Valbuena, más conocida como sor María, una instrucción que avanzaba a buen ritmo pero que terminó descarrilando con el fallecimiento de la religiosa. “Las denuncias se archivan en un porcentaje escandaloso”, critican los colectivos de víctimas. Según datos del Ministerio de Justicia facilitados a los colectivos el pasado 30 de abril, entre 2011 y 2019 la Fiscalía incoó 2.136 diligencias de investigación. De ellas, fueron judicializadas alrededor de medio millar. Ahora, las víctimas esperan que este nuevo marco legal pueda suponer un revulsivo para sus casos. Mientras se aprueba, Luque sigue pensando cada día en aquella pregunta que le hizo su hermana y que le cambió el chip hace casi una década: “¿Tú crees que Francisco puede estar vivo?”.