Tribunales

Segunda batalla del Estado contra los Franco: "Iremos a aplaudir a la Benemérita cuando vaya a cambiar la cerradura del Pazo de Meirás"

Un grupo de manifestantes se concentra a las puertas de los Juzgados de A Coruña, este lunes, de cara al comienzo del juicio sobre la propiedad del Pazo de Meirás.

El Estado y la familia Franco comienzan este lunes su segunda gran batalla en la guerra que mantienen abierta desde hace un par de veranos. Con los restos del dictador ya fuera del Valle de los Caídos, la primera victoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, las dos partes volverán a sentarse frente a frente en un tribunal en la pugna abierta por la recuperación del Pazo de Meirás, una demanda histórica de la sociedad civil gallega. A un lado de la sala se sentarán los representantes de la Abogacía del Estado, que mantienen que la operación de compraventa fue fraudulenta. Al otro, la defensa de la familia del dictador, que sostiene que fue totalmente válida y que los gastos derivados del palacete del siglo XIX no fueron asumidos por el erario público. Y a las puertas del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña se apostarán los colectivos memorialistas, que se muestran muy esperanzados. Tanto es así, que creen posible que la recuperación pueda terminar siendo una realidad este mismo año: “Iremos todos a aplaudir a los miembros de la Benemérita cuando vengan a cambiar la cerradura del Pazo de Meirás”.

Los servicios jurídicos del Estado centran buena parte de su ataque en la nulidad de la compraventa. En la demanda, interpuesta hace justo un año, la Abogacía sostiene que la operación fue “simulada y fraudulenta”. Lo hace apoyándose sobre un documento que consiguió localizar en el curso de sus pesquisas. En concreto, un acta que demuestra que el 3 de agosto de 1938 se otorgó escritura de compraventa entre la entonces propietaria del palacete –Manuela Esteban Collantes– y la Junta Pro Pazo del Caudillo por 406.346 pesetas, un dinero que había sido adelantado en hipoteca por el Banco Pastor y cuya financiación se planteó inicialmente a través de una suscripción popular que, al no dar el resultado esperado, se convirtió en recaudación forzosa. A ojos de los servicios jurídicos, esto demostraría que el contrato de compraventa entre la misma Collantes y el dictador por 85.000 pesetas que se celebró en escritura pública en mayo de 1941 y que permitió a Franco inscribir a su nombre el inmueble en el Registro de la Propiedad no habría sido otra cosa que “un negocio simulado” porque ya había sido vendido.

Por otro lado, la Abogacía trata de atar también el argumento de que desde el momento de su compra en 1938 fue utilizado como residencia oficial y el Estado se encargó del mismo. Esto es importante a la hora de defender que el inmueble es propiedad de la administración por usucapión. Así, recuerdan que el pazo se empleaba para celebrar Consejos de Ministros, actos o audiencias. Y que funcionaba exclusivamente con fondos y funcionarios públicos, señalando que la propiedad fue objeto de actuaciones y obras, entre las que se incluyeron la dotación de infraestructuras, la construcción de carreteras o el amurallamiento del recinto, financiadas y ejecutadas por la propia Administración General del Estado. Incluso plantearon en la audiencia previa celebrada hace un par de meses que el Ayuntamiento de Ferrol se encargó de pagar hasta la década de los setenta el impuesto de contribución urbana. Sin embargo, en respuesta a un oficio de la jueza, el consistorio señaló a comienzos de marzo que no había localizado ni anotaciones contables sobre esos abonos ni acuerdos que indicasen cuándo comenzaron o cuándo dejaron de realizarse los pagos.

Los Franco, por su parte, mantienen que si se formalizó en 1941 la compraventa fue porque la operación realizada tres años antes adolecía de vicios. La vendedora, dicen, “no disponía del indispensable título sucesorio a partir del cual poder arrogarse la propiedad”, por lo que a su entender la escritura del año 1938 carecería de validez. La familia del dictador también responde al uso de fondos públicos en el pazo. Así, argumentan que los desembolsos realizados fueron para las tareas de mantenimiento necesarias para la adaptación de la propiedad a las exigencias de una residencia de “Jefe del Estado”. Unos argumentos que la defensa de la familia completa poniendo sobre la mesa documentación con la que tratan de demostrar que el dictador se hizo cargo de algunos gastos. La suscripción de una póliza contra incendios para asegurar el pazo, extractos del pago de los impuestos de los rendimientos agrícolas de las distintas fincas –incluyendo la que se encuentra en el municipio coruñés de Sada– o las declaraciones de la renta del caudillo son algunos de ellos.

Un “armazón” jurídico “muy sólido”

El juicio se prolongará durante cinco sesiones con comparecencias de todo tipo, desde vecinos hasta historiadores pasando por el guardia hortelano de la propiedad hasta 1990. Los colectivos memorialistas están esperanzados con el procedimiento. Lo confiesa Fernando Souto, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, en conversación con infoLibre: “El armazón jurídico del Estado es muy sólido”. Se le escucha ilusionado al otro lado del teléfono. E incluso confiesa que ve factible que la recuperación de la propiedad pueda ser una realidad antes de que finalice el año. Echa cuentas. Si el juicio acaba el viernes, en unos “pocos meses” se conocerá el fallo, que da por supuesto que será favorable para el Estado. Será entonces, dice, cuando se pedirá la ejecución de la sentencia. “Será maravilloso hacer un pasillo a la Guardia Civil cuando abra las puertas. Te aseguro que iremos todos a aplaudir a los miembros de la Benemérita cuando vengan a cambiar la cerradura del Pazo de Meirás”, apunta.

Para el presidente de la CRMH de A Coruña, el procedimiento tiene una importancia enorme. Por un lado, porque a nivel histórico servirá para tumbar de una vez el cuento oficial de que el inmueble fue una generosa donación a la familia Franco. Hubo expropiaciones forzadas. Se recaudaron fondos reteniendo parte del sueldo de los funcionarios. Incluso se enviaron grupos de falangistas casa por casa para recoger donativos particulares en una época en la que cualquier tipo de disidencia era paseada y arrojada a una cuneta. Pero no solo eso. Para Souto, la recuperación de la propiedad también sería un gigantesco gesto simbólico como sociedad. Una sociedad que todavía a día de hoy sigue anclada en algunos aspectos a ese pasado tan oscuro de la historia reciente. “Una sentencia favorable hará que el pueblo recupere la capacidad de decidir sobre su propio destino y no estar en manos de una familia”, asevera la cara visible de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, que recalca en más de una ocasión el “incalculable” valor que tienen las Torres de Meirás. No tanto para los Franco, que lo han intentado colocar a través de inmobiliarias de lujo en más de una ocasión.

Una demanda histórica

La recuperación del pazo ha sido una de las reivindicaciones históricas de buena parte del pueblo y la izquierda gallega. “Ya había textos anarquistas durante la guerra civil en los que se hablaba de la devolución de Meirás”, apunta Souto. Sin embargo, las movilizaciones ciudadanas no empezarían a coger fuerza hasta bien entrada la democracia. Allá por 2004 tuvo lugar la primera acción reivindicativa por parte de la CRMH. Participaron alrededor de un centenar de personas. A esta le siguieron muchas más a las que se fueron sumando vecinos. Las protestas han sido de todo tipo. Desde la tradicional marcha con pancarta hasta la organización de contrabodascontrabodas. El 8 de agosto de 2008, cuando se celebraba en la finca el enlace matrimonial de la bisnieta del dictador con su prometido, tres centenares de personas se aglutinaron a las puertas del pazo para exigir su devolución. No estaban solos. La comparsa Os Maracos se encargó de que el mismísimo caudillo llegase hasta la entrada de la finca montado en un Rolls Royce para tan destacado evento.

La comparsa 'Os Maracos' a las puertas del Pazo de Meirás en 2008. | EFE

Y mientras los colectivos memorialistas presionaban en las calles, las formaciones de izquierda hacían lo propio en las instituciones. En septiembre de 2007, la Cámara Baja aprobaba una proposición no de ley del grupo IU-ICV en la que se instaba al entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a adoptar “las iniciativas o actuaciones necesarias” para colaborar con la Xunta en el procedimiento para declarar el pazo “patrimonio cultural” y para estudiar “las posibilidades de expropiación como patrimonio público”. Dicho y hecho. Sólo un año después, en 2008, el Gobierno bipartito gallego de PSOE y BNG dio luz verde al decreto por el que Meirás pasaba a ser Bien de Interés Cultural. Este movimiento obligaba a la familia del dictador a abrir la propiedad cuatro veces al mes de forma gratuita. Y eso, para variar, no gustó nada. La hija del caudillo llevó el decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. No tuvo suerte. Lo intentó también ante el Tribunal Supremo, pero lo magistrados no dudaron en rechazar sus pretensiones. La familia tenía que abrir las puertas del inmueble al pueblo.

Los herederos del dictador terminaron cediendo la gestión de las visitas a la fundación que, tras cuatro décadas de democracia, todavía se encarga de enaltecer tanto su figura como la de su régimen represivo. Fue entonces cuando el Parlamento gallego puso en marcha la famosa comisión de investigación. Los expertos concluyeron que era factible la recuperación de la propiedad vía demanda civil. Pocos meses después, la Cámara exigía a la Xunta que reclamase al Gobierno central el inicio de las acciones pertinentes. Aquel pleno evidenció la soledad de la familia Franco en el noroeste. Todos los grupos dieron el visto bueno a la iniciativa. Ni siquiera el PP decidió desmarcarse. “Esta unanimidad perjudica a quien está por el mantenimiento del legado del dictador”, señaló entonces el portavoz de los conservadores, Pedro Puy, quien agregó que todos estaban contribuyendo a “recoger los escombros del peor episodio de la historia contemporánea de España”. “Yo creo que tanto las enormes evidencias que había como la falta de aprecio de los Franco al sentir del pueblo provocaron que el PP terminara desmarcándose”, opina Souto.

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Las otras derivadas judiciales

En todo lo que tiene que ver con Meirás, la familia del dictador siempre ha reaccionado con mano dura. Eso explica las diferentes derivadas judiciales que en la actualidad giran alrededor del inmueble. Porque los tribunales no solo tendrán que decidir sobre la propiedad. También deberán pronunciarse sobre la protesta llevada a cabo en el verano de 2017 por varios militantes del BNG que decidieron tomar el pazo de forma simbólica. Encima de la mesa, peticiones de castigo de hasta trece años. También por la vía penal intentaron golpear en su momento al investigador Carlos Babío, autor junto con Manuel Pérez de Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio, por unas declaraciones realizadas en televisión. Ninguna de las dos demandas prosperó. Ahora, el escritor, a quien el Gobierno solicitó en su momento toda la documentación recogida en la obra para estudiarla de cara a las acciones judiciales, se enfrenta a una demanda por la vía civil. Fuentes conocedoras del caso explican que el procedimiento está a la espera de que se fije vista previa. Le piden una indemnización por daños morales y que se retracte de lo dicho en esas entrevistas.

Babío será uno de los peritos que tomará asiento ante la jueza y las partes personadas en la causa –Diputación de A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, Xunta y el Concello de Sada–. Su testimonio puede ser clave para la recuperación del palacete de estilo romántico propiedad en su origen de la escritora Emilia Pardo Bazán. Una victoria que permitirá que el inmueble vuelva a ser lo que siempre fue. “Un espacio de creación literaria, de encuentro, de educación para la paz. Un lugar para crear y disfrutar del momento”, señala el presidente de la CRMH coruñesa. Para Souto, Meirás siempre será “doña Emilia”. Franco, dice, sólo quedará como “un momento trágico” de la historia de aquel lugar que tanto inspiró a la autora de Los Pazos de Ulloa. Así lo reconocía ella misma: “En donde me hallo mejor para sentir esta grata fiebre de la creación artística es aquí en la vieja Granja de Meirás”. Ahora, el Estado trata de dar respuesta a lo que los colectivos memorialistas califican de “clamor popular”. Pero todavía le queda una dura batalla por librar en los tribunales.

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