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Crisis del coronavirus

El Gobierno espera una rectificación de Ayuso para no tener que intervenir Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro del lunes.

Fernando Varela

Nunca, desde que estalló la pandemia, las discrepancias sobre la gestión sanitaria en ningún territorio habían desembocado en un choque institucional como este. Ni siquiera con Cataluña, en los días en que los primeros rebrotes hacían temer que los contagios se estaban propagando sin control. “Y son los partidos que habitualmente exigen la aprobación del 155 a la autonomía catalana, PP, Ciudadanos y Vox, los que ahora exigen que se respete el criterio de la Comunidad de Madrid”, se lamenta una fuente de Moncloa consultada por infoLibre.

La discrepancia pública ente el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de Madrid, apenas cinco días después de que los presidentes Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso firmasen la pipa de la paz en la primera entrevista que mantuvieron desde que ambos están al frente de sus respectivos gobiernos, ha hecho saltar todas las alarmas. Unos y otros ofrecieron este viernes versiones absolutamente contradictorias de lo ocurrido en los últimos días.

Moncloa sostiene que lleva una semana hablando con la Consejería de Sanidad de Madrid para que extienda las medidas de contención del virus ya aprobadas para una treintena de áreas de salud a toda la capital y a los municipios con una incidencia por encima de 500 casos por 100.000 habitantes, el doble de exigente de lo marcado por la Comunidad (1.000 casos). Y que tanto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, estaban de acuerdo. El propio presidente Sánchez pidió el lunes estar “listos para contemplar otros escenarios si fuera necesario”, en alusión directa a la necesidad de implementar medidas más estrictas.

Los aludidos dicen lo contrario. Que Sanidad no les planteó extender las restricciones de movilidad y reducir la ratio de contagios hasta este jueves y sostienen que nunca dieron su visto bueno a esas medidas. Tienen además el respaldo de Ciudadanos, socio de gobierno del PP, y de Vox. Imposible saber quién miente y quién dice la verdad.

Según la versión de Moncloa, la Comunidad cambió de criterio el jueves por sorpresa. “Pedían siete días. Ayer les trasladamos que no era prudente esperar más, pero no son conscientes de que están ya en una situación de emergencia”, explica una fuente muy cercana a los contactos con el equipo de Ayuso. “La presión hospitalaria va creciendo, lenta pero constantemente”, advierten.

“Lo ideal hubiera sido ponerse de acuerdo, salir juntos a anunciar las medidas y que luego tuviéramos el respaldo de los alcaldes”, según la misma fuente, que apunta a una gestión compartida de la decisión para dividir la responsabilidad. Sin embargo, Madrid no quiso, aseguran, entre otros motivos para que no se viese como una rectificación de lo hecho hasta ahora. Por eso Illa se vio obligado a comparecer, según esta versión. “Dijimos que no íbamos a imponer o tutelar, pero tampoco a avalar acríticamente”, razonan las fuentes consultadas.

El resultado es que, de momento, en Madrid se seguirán aplicando las normas decididas exclusivamente por la Consejería de Sanidad, que sólo afectan a poco más de cuarenta barrios y distritos de la capital y de algunos ayuntamientos de la comunidad. Medidas que Sanidad y los epidemiólogos del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES) que dirige el doctor Fernando Simón, sin cuyo visto bueno el Gobierno no da un solo paso, consideran claramente insuficientes para “tomar el control” del virus.

Vienen semanas “difíciles”, insistió Illa en una rueda de prensa en la que, por primera vez en varias semanas, no descartó ningún escenario ni excluyó expresamente la declaración del estado de alarma para intervenir la sanidad madrileña y forzar la adopción de las restricciones de movilidad que sus técnicos consideran imprescindibles para frenar el virus. El Ejecutivo “siempre ha actuado con actitud de transparencia” a la hora de explicar sus decisiones, de “enorme respeto al mandato constitucional y de lealtad con las Comunidades Autónomas”, declaró. Así que habrá que ver “cómo evolucionan las cosas en los próximos días”, precisó.

Reunión en Moncloa

Después de la rueda de prensa, el ministro se trasladó a la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con su director de gabinete, Iván Redondo, y analizar la situación. Redondo es una pieza clave de la interlocución con la Comunidad, en la que como contraparte ejerce el director de gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien el Gobierno atribuye la negativa a extender las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad.

Sobre la mesa, todos los escenarios posibles, según las fuentes consultadas por infoLibre. Desde estrategias para presionar a Ayuso para que endurezca y extienda las restricciones a la movilidad hasta las diferentes opciones legales para tomar el control de la Comunidad, desde el estado de alarma a la aplicación del artículo 155.

Si Sánchez e Illa acordaron una estrategia, no ha trascendido. A la hora de redactar esta información las competencias seguían en manos de la Comunidad de Madrid y las únicas medidas que se van a aplicar a partir del lunes son las planteadas por su Consejería de Sanidad, que el departamento que dirige Salvador Illa considera insuficientes para detener la expansión incontrolada del virus.

Mientras tanto, los ministerios que hipotéticamente estarían implicados en una intervención de Madrid para tratar de frenar la pandemia en la capital ultimaban este viernes diferentes planes de contingencia para estar preparados y, si Sánchez lo decide, actuar.

Formalmente, los contactos entre las autoridades sanitarias estatales y las madrileñas no están rotas, porque la comisión creada para analizar las medidas y compartir puntos de vista sigue existiendo. De hecho, han estado en contacto de manera fluida durante toda la pandemia. Pero políticamente la quiebra es enorme.

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El enfado con Ayuso en Moncloa es monumental. Creen que está poniendo excusas para evitar deliberadamente tomar medidas impopulares y sostienen que su gestión es la única responsable de lo que está pasando en la capital, con cifras de contagio disparatadas.

Durante la desescalada recibió 1.500 millones de euros para contratar rastreadores, reforzar la atención primaria y ampliar el colchón de unidades de cuidados intensivos. “No ha hecho nada”, se lamentan las fuentes consultadas. “El milagro hubiese sido que no pasara esto”, señalan en referencia a las cifras de contagios, al colapso de las PCR y la incapacidad de rastrear los contactos. A día de hoy, recuerdan, las únicas comunidades que no han puesto en marcha la aplicación para móviles Radar Covid, capaz de rastrear e identificar contactos son Cataluña y Madrid.

“Las medidas no deben contar con un rechazo social", razonan en el Ejecutivo, no por un motivo político sino "de salud pública”, insisten. El Gobierno, de momento, no mueve ficha. Aunque las fuentes consultada aseguran que, si finalmente Sánchez se decide a intervenir Madrid, nadie lo sabrá hasta que convoque a los medios de comunicación.

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