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Crisis del coronavirus

Expertos advierten de que las restricciones de movilidad fijadas por la orden de Sanidad son de obligado cumplimiento

  • De este modo la Comunidad de Madrid debe materializar los criterios señalados, pese a que votara en contra de su aplicación
  • El ejecutivo de Ayuso considera que el acuerdo no es "jurídicamente valido" y anuncia que lo acatará pero que lo impugnará ante los tribunales

Publicada el 01/10/2020 a las 15:35 Actualizada el 01/10/2020 a las 15:45
El Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, anuncia que el Gobierno de la ComuEl Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, anuncia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado aplicar medidas más drásticas para frenar la covid-19.nidad de Madrid ha rechazado aplicar medidas más drásticas para frenar la covid-19.

El Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, anuncia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado aplicar medidas más drásticas para frenar la covid-19.

Borja Puig de la Bellacasa

Expertos en Derecho Contencioso-Administrativo consultados por Europa Press han advertido de que las restricciones de movilidad fijadas por la orden del Ministerio de Sanidad tras ser aprobadas este miércoles por la mayoría de las Comunidades del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) son de obligado cumplimiento. Esto significa que la Comunidad de Madrid debe materializar los criterios señalados, pese a que votara en contra de su aplicación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad por la que se da publicidad al último acuerdo adoptado para hacer frente a situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por la covid-19. En ella se señalan medidas como la restricción de entrada y salida de personas, salvo casos justificados, en municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de Covid-19.

Catedráticos de Derecho Contencioso-Administrativo y magistrados de este orden jurisdiccional precisan que esta resolución no es de obligado cumplimiento, pero sí la orden ministerial que ha sido notificada a las comunidades autónomas, y que incluye el contenido del acuerdo adoptado.

Según han explicado, esto se debe a que el artículo 65 de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud –al que alude la orden del ministro Salvador Illa prevé que la declaración de actuaciones coordinadas corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas.

Dicho artículo también señala que en situaciones de urgente necesidad se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se informará de manera urgente de las medidas adoptadas a las comunidades y ciudades autónomas.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid considera que el acuerdo no es "jurídicamente valido" porque el artículo 14.1 del reglamento del consejo interterritorial indica que los acuerdos que se adopten en relación a las materias que expresamente en la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud "se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso".

Por ello, la presidenta regional Isabel Díaz-Ayuso ha anunciado que acatará pero que la impugnará ante los tribunales. Un recurso que cabe ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y que podrá pedir la suspensión de la aplicación de las medidas por la vía de urgencia (cautelarísima) para que se resuelva en 48 horas o cautelar mientras se estudia el fondo del asunto.

Debate jurídico

Ante este debate jurídico, los magistrados y catedráticos consultados por Europa Press señalan que la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público regula las conferencias sectoriales, que son equivalentes al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que a su vez distingue entre acuerdos y recomendaciones.

En este sentido, subrayan que el artículo 151 de la mencionada ley determina que "cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación (...) el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial, y en el que se incluirán los votos particulares que se hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto".

Las fuentes jurídicas consultadas recalcan que en este caso concreto de emergencia sanitaria, la coordinación del Estado no sólo está justificada por el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, sino también por el apartado 16 del artículo 149 de la Constitución que establece que el Estado tiene "competencia exclusiva" en las "bases y coordinación de la sanidad".

"Coordinación significa decidir, no cooperar" 

"Eso significa que, aunque la comunidad autónoma no haya votado a favor, es irrelevante porque le vincula", ha afirmado el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid Javier Bermúdez Sánchez, que ha añadido que "la coordinación es un término jurídico muy específico que significa decidir, no cooperar".

Alguno de los magistrados consultados coinciden en que aunque es deseable que todas las medidas se alcancen por consenso no siempre ocurre así y por tanto la orden ministerial es el mecanismo jurídico adecuado para que todas las comunidades autónomas materialicen los puntos aprobados en el acuerdo, en este caso concreto las restricciones de movilidad, límite de aforo y horario de cierre de locales y establecimientos de hostelería.

No obstante, otros consideran que se deberá estudiar la validez de los acuerdos del Consejo interterritorial debido a que estos encierran recomendaciones, que no son de obligado cumplimiento.

Por último, los expertos apuntan que para que las nuevas restricciones sean de obligado cumplimiento para los ciudadanos deben ser publicadas en el boletín oficial regional y que si no ocurre así, el Gobierno puede hacerlo efectivo mediante decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros.

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4 Comentarios
  • jorgeplaza jorgeplaza 01/10/20 20:54

    Las normas dictadas (nunca mejor dicho) por Illa son directamente anticonstitucionales, no ya ilegales. Cualquier privación de libertad de movimientos genérica lo es salvo si la ampara el Estado de alarma. Con leyes sanitarias se pueden limitar los movimientos de personas concretas, con nombre y apellido, pero no de pueblos, barrios o ciudades. Da igual que sea una orden ministerial que un bando municipal. Nadie protesta, pero si cedemos en esto luego nos encerrarán por el menor capricho del primer tiranuelo de provincias al que le venga en gana por cualquier motivo que se le tercie.

    El Gobierno puede decretar el Estado de alarma por dos semanas mañana mismo y legalizar la situación. Si no confía en tener mayoría para prorrogarlo, que se las maraville como pueda, igual que va a tener que hacerlo para sacar adelante los PGE. La solución que propone el PP es todavía peor: modificar las leyes para que sea legal lo que todavía no lo es aunque la gente no proteste. Ni el PP ni ningún partido protesta porque todos están encantados de poder llevarnos del ronzal a su antojo en aquellos sitios donde gobiernan. Los incautos de los jóvenes dan por descontado que las libertades individuales de que han gozado toda su vida están garantizadas para el resto de sus días, pero pronto saldrán de su error porque si les damos a los sátrapas de todos los niveles la oportunidad de cercenarlas arbitrariamente, lo harán. No solo en Polonia o Hungría se está acabando con las libertades: con la excusa de la COVID, aquí vamos por el mismo camino. Que los jóvenes no se enteren es comprensible, pero que los viejos de mi edad encima aplaudan no lo es. Salvo que el Alzheimer esté aún más extendido de lo que pensaba.

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    • DNSS DNSS 01/10/20 23:49

      100% toda la razón.
      Tienen que trabajar para evitar hacinamientos en transporte público, en los colegios, en los trabajos, en los lugares de ocio y educar enseñar a ponerse bien la mascarilla en sitios cerrados y en los abiertos cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad.

      Pero jamás debe restringirse la.libertad de movimiento.

      Nos toman el pelo

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  • M. Vega M. Vega 01/10/20 19:05

    Y mientras los politicastros siguen con sus rifirafes, los ciudadanos se siguen muriendo....

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    • jorgeplaza jorgeplaza 01/10/20 22:38

      La población diaria crece (nacimientos menos muertes) en más de doscientas mil personas diarias. De COVID mueren unas 6.000 al día, pongamos que dos millones al año. En DIEZ DÍAS nuestro querido mundo ha reemplazado con recién nacidos los muertos por COVID de todo un año.
      Curioso, no?

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