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El juez inmoviliza de forma cautelar la vivienda de Oropesa (Castellón) de la familia de Carlos Fabra

  • Esa casa es la que se puso como aval para responder al préstamo de 1,4 millones de euros que concedió a Carlos Fabra una mercantil absorbida por otra
  • La orden se produce en el marco de la causa en la que se investiga si el exmandatario conservador ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales

Publicada el 02/12/2020 a las 12:36 Actualizada el 02/12/2020 a las 12:46
El expresidente popular de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, comparece en la comisión de investigalación de Les Corts Valencianes sobre la gestión de Feria Valencia.

El expresidente popular de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en una imagen de archivo.

EFE

El juzgado de instrucción número 4 de Castellón ha inmovilizado de forma cautelar la vivienda de Oropesa del Mar (Castellón) de la familia del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra en el marco de la causa en la que se investiga si el exmandatario conservador ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dicha vivienda es la que se puso como aval para responder al préstamo de 1,4 millones de euros que concedió a Carlos Fabra una mercantil absorbida por otra cuyo representante era el presidente del Grupo Pamesa y del Villareal CF, Fernando Roig, informa Europa Press.

Fernando Roig figura entre los 27 investigados en estas diligencias, en los que se incluyen el propio expresidente de la Diputación y varios de sus familiares.

Según informó en su día el TSJCV, entre los investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012.

Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense.

El juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

La investigación, que ha estado secreta hasta septiembre de este año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.

El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.

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1 Comentarios
  • JJJ JJJ 02/12/20 13:42

    No ha trabajado en su vida, ha montado chiringuitos desde su influencia y cargos políticos para prevalerse y sacar tajada. Le ha tocado la Lotería seis o siete veces, una forma de ocultación de sus ingresos. Es un jeta.

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