La Fiscalía permite al emérito esquivar el banquillo por delito fiscal al darle un año para regularizar parte de su dinero oculto

Juan Carlos I ha realizado una regularización ante la Agencia Tributaria que supone la confesión de un delito fiscal. Pero no será juzgado por estos hechos porque la Fiscalía no le había notificado aún de manera oficial la investigación que mantiene abierta sobre las finanzas ocultas del rey emérito desde hace un año. La admisión del fraude tributario va implícita a la regularización ante la Agencia Tributaria de 678.393,72 euros que el exjefe del Estado ha comunicado este miércoles, dinero que se correspondería con los impuestos, más recargos, que habría dejado de pagar durante unos meses de 2016 y los ejercicios completos de 2017 y 2018 por las cantidades recibidas del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Según la ley, quedará exento de responsabilidad penal quien regularice su situación tributaria antes de que la administración tributaria o de justicia notifiquen al interesado que han abierto actuaciones para comprobar las deudas que mantiene con el fisco. En concreto, el artículo 305.4 del Código Penal determina que "se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

En el breve comunicado que difundió el abogado del emérito, Javier Sánchez-Junco, se indica que la regularización de su cliente se realizó "sin requerimiento previo", confirmando por tanto que ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria le habían enviado notificación formal alguna de momento. Todo ello enmedio de los rumores que apuntan a que el Juan Carlos I habría mostrado su deseo de regresar a España en las próximas semanas.

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón fue la que hace un año abrió las diligencias de investigación 12/2019, las referidas a los gastos que Juan Carlos I y otros miembros de su familia –entre los que no están los actuales reyes Felipe y Letizia– habrían realizado procedentes del dinero que le habría ingresado Sanginés-Krause, vía transferencia bancaria, a la cuenta del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, quien fue ayudante de campo del rey emérito durante casi diez años y habría sido el responsable de administrar esos fondos, a modo de una especie de testaferro.

La Fiscalía General del Estado, que dirige desde el pasado febrero Dolores Delgado, tuvo conocimiento de esta investigación y más tarde, a principios del pasado noviembre, la propia responsable del Ministerio Público ordenó el traspaso de las diligencias a la Fiscalía del Tribunal Supremo, debido a que Juan Carlos de Borbón está aforado ante este tribunal desde su abdicación en junio de 2014.

Ni está imputado ni ha habido querella

En ningún momento se comunicó formalmente al rey emérito que era objeto de una investigación penal, aunque éste tuviese conocimiento por las informaciones de medios de comunicación, primero, y por las confirmaciones que se iban produciendo desde el Ministerio Público, después. Por ende, ni está imputado ni se ha presentado querella contra él ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo. Tampoco la Agencia Tributaria ha informado en todo este tiempo de que haya iniciado actuaciones dirigidas a determinar si Juan Carlos I había evadido impuestos. Esta ausencia de notificación formal por uno y otro lado ha facilitado que el rey emérito haya podido saldar esta deuda con el fisco.

Fuentes jurídicas especializadas en Derecho Tributario subrayan que, para Hacienda, lo importante es que el defraudador devuelva el dinero que ha venido evadiendo, sea cuando sea, antes de que haya una acusación formal o durante un posible juicio. Pero, eso sí, tal y como recuerdan técnicos de Hacienda consultados por infoLibre, la opción que da el artículo 305.4 del Código Penal de no perseguir el delito fiscal implica una "regularización veraz y completa", lo que significa que si más adelante se descubriera que Juan Carlos de Borbón ha cometido otros delitos fiscales, la regularización que acaba de hacer no le serviría para evitar una posible responsabilidad penal.

El ilícito por fraude a la Hacienda Pública se produce cuando la cuota evadida supera los 120.000 euros por ejercicio fiscal, de modo que el rey emérito habría excedido con creces esta cantidad, de acuerdo con el comunicado remitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco. Según las fuentes consultadas, del importe que ha regularizado el ex jefe del Estado se puede deducir que la cuota total defraudada habría sido de unos 525.000 euros, y sumando los intereses de demora y recargos hacen la suma de 678.393,72 euros. Esta cuantía de impuestos lleva a concluir que Juan Carlos I habría recibido de su amigo mexicano alrededor de 1,2 millones de euros.

Tal y como publicaron varios medios de comunicación, el coronel Murga intentó exculpar al exmonarca cuando fue citado por la Fiscalía, ante la que argumentó que los gastos para Juan Carlos de Borbón y familiares eran regalos que había efectuado con sus propios ingresos, a pesar de que su patrimonio no podía justificar tales desembolsos. El empresario mexicano, por su parte, justificó los ingresos por la amistad que dice le une al ex jefe del Estado desde hace años.

Decaerían otros delitos derivados

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Esta es la situación en que se encuentra el rey emérito a día de hoy. Si la regularización que se acaba de conocer le permite eludir el delito fiscal, podría evitarse también una posible imputación por blanqueo de capitales, ya que para que exista este delito han de poder vincularse los fondos con un ilícito previo. Es decir, un investigado puede mover grandes cantidades de activos, pero si éstos no proceden de una actividad delictiva, no habría blanqueo cuando se intentan introducir esos fondos en el circuito legal. En todo caso, todo dependerá del devenir de las pesquisas que desde hace meses tiene abiertas la Fiscalía.

Las diligencias fiscales relativas a los gastos de los fondos del empresario Sanginés-Krause no son las únicas que se han abierto en los últimos años para investigar las finanzas del rey emérito. Hace sólo un mes, el Ministerio Público comunicó que se acababan de abrir pesquisas por una alerta emitida por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) sobre movimientos económicos desde un trust radicado en la Isla de Jersey y que también apuntarían a Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, tal y como han informado en los últimos días varios medios de comunicación, desde su entorno vienen asegurando que ni tiene intereses en las Islas del Canal ni ha acometido trasvase alguno de fondos.

También están abiertas aún las diligencias por presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de la construcción del AVE a la Meca que llevaron a averiguar que el rey emérito habría recibido una donación de 65 millones de euros por parte de Arabia Saudí y que después transfirió a una cuenta en Suiza propiedad de su examante Corinna Larsen. No obstante, cuando ocurrieron los hechos, Juan Carlos de Borbón aún era jefe de Estado y, por tanto, inviolable, por lo que la Fiscalía del Supremo previsiblemente archivará esta investigación. Este más que probable desenlace facilita al rey emérito no regularizar los impuestos que evadió con esta fortuna que manejó antes de abdicar la Corona.