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Desde la tramoya

El circo de los horrores de Juana y Francesco

Yo no sé cuál de las versiones es más cercana a la realidad. Son tan disparatadamente distintas, que es obvio que ambas están contaminadas no sólo por las vivencias de los protagonistas, sino también por sus estrategias procesales y publicitarias. Recordemos los trazos esenciales de una y otra.

Según la madre, Juana Rivas, su exmarido es aún hoy un maltratador que la empuja, la agrede y la intenta ahogar. Según verdad judicial, él la maltrató, como dice una sentencia que le condenó en 2009 por lesiones. Hay una nueva denuncia de 2016 aún no juzgada. La Junta de Andalucía, los vecinos del pueblo granadino de Juana, y buena parte de los opinantes del país, se han puesto del lado de la madre, que ha desaparecido con sus dos hijos, de once y tres años, para no entregarlos al padre como le obliga la ley y el juzgado correspondiente. Juana arguye que sería peligroso para los niños y está en paradero desconocido.

Según el padre, el italiano Francesco Arcuri, él nunca maltrató a su exmujer. Aceptó la sentencia de 2009 para poder estar con su hijo, luego trató de reconstruir la relación con su exmujer, se mudaron a Cerdeña, tuvieron a su nuevo hijo y, tras infinidad de broncas, se volvieron a separar. Ella, simplemente, no quiere dejarle que esté con los niños, que tienen su residencia legalmente fijada en Italia.

El derecho procesal, con todas sus debilidades y sus problemas, al menos tiene algunas cosas buenas: las partes enfrentadas presentan sus argumentos, sus alegaciones y sus pruebas. Están asistidas por profesionales públicos —fiscales, peritos, funcionarios ...— y privados —los abogados con que cada uno puede contar—. Se dirimen las cosas en un entorno más o menos neutral y discreto. Y hay un tribunal que estudia y decide. Se puede recurrir luego, si no se está de acuerdo, a instancias superiores. No es una maquinaria perfecta, ni mucho menos, pero al menos tiene sus ciertas garantías.

Y entonces vienen a joderlo todo algunos abogados ansiosos, los hooligans de las asociaciones a favor de unas y de otro y los periodistas y opinantes que viven del circo. Por eso yo no puedo ya fiarme de lo que dice Juana, ni tampoco de lo que dice Francesco. Ella fue la primera que convocó a los medios de comunicación y decidió hacer de su asunto un debate nacional. A partir de ahí, todo se prostituye. Los abogados se apoyan en la publicidad del caso y fuerzan los argumentos a favor de su cliente; las pasiones se acentúan; se forman tribus, como ese pueblo entero de Maracena en el que los vecinos han cerrado filas con su vecina, como en Fuenteovejuna; los políticos se ven obligados a hablar e incluso a modificar las normas; y las asociaciones —de feministas y de padres separados en este caso— aprovechan el caso para defender sus argumentos.

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Después de la publicidad que Juana dio al caso, y demasiado tarde para su defensa, diría yo, el padre también se percató de la fuerza y la influencia de los medios de comunicación. Y decidió romper el silencio y presentarse de plató en plató como un hombre bueno, como un buen padre, que tan solo quiere negociar la custodia compartida con su exmujer para poder estar con sus hijos.

Mientras tanto, esa pobre señora tiene que esconderse ella misma y a sus hijos para que no la detengan y la metan en la cárcel por secuestro de niños, el padre no puede ver a los dos pequeños, y ellos asisten al peor de los espectáculos posibles, como protagonistas y víctimas involuntarios de la historia del odio de sus propios padres.

Quizá parezca una quimera, pero creo que hay casos —y quizá este fuera uno de ellos— en los que los jueces instructores deberían prohibir la publicidad de las causas. No basta con decretar el secreto del sumario. En ocasiones debería prohibirse incluso la actuación pública de las partes. Sobre todo cuando hay menores implicados. Este servidor, que trabaja con cierta frecuencia en el circo, se permite afirmar que hay circos que sería mejor no instalar, si está en juego la protección de dos niños que no tienen culpa de nada.

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