A la carga

Balance de la legislatura (I)

Quiero dedicar este artículo y el siguiente a ofrecer un balance de la legislatura. No puedo, en tan breve espacio, cubrirlo todo, pero haré un intento por reseñar lo más importante. Espero que este repaso sirva para que algunos lectores puedan enjuiciar mejor la gestión de los últimos cuatro años de gobierno.

Para valorar al Ejecutivo, se pueden seguir dos vías. La primera examina la marcha general del país a través de diversos indicadores (el paro, el crecimiento, la desigualdad, etc.). Esta vía tiene la ventaja de que ilustra acerca de lo que verdaderamente preocupa a la ciudadanía, los resultados. Sin embargo, en muchas ocasiones, los resultados no son consecuencia únicamente de la acción de gobierno; dependen igualmente de factores externos (el precio del petróleo, las decisiones del Banco Central Europeo, etc.). Por eso, en una segunda vía, resulta esencial fijarse también en las propias políticas que ha desarrollado un gobierno, pues son reveladoras de los proyectos que un partido intenta poner en práctica al llegar al poder. Primero diré algo sobre los resultados, luego me centraré en las políticas.

Resultados

La gran baza del PP al final de su periodo es que, por primera vez desde 2008, la economía española está creciendo a buen ritmo. Resulta innegable que a partir de 2013 la economía comenzó a lanzar signos de recuperación. No obstante, durante los dos primeros años del PP, la situación había ido de mal en peor. La prima de riesgo, que según Soraya Sáenz de Santamaría tenía nombre, “José Luis Rodríguez Zapatero”, no dejó de subir por el hecho de que el PP se hiciera con el poder. Al contrario, subió a su máximo durante el primer año del PP, superando los 600 puntos y poniendo a España al borde del colapso. Se produjo la caída de Bankia y el Estado se vio obligado a pedir un rescate financiero con fuerte condicionalidad a las instituciones europeas.

Fue la intervención providencial de Mario Draghi en julio de 2012, anunciando que el BCE actuaría como prestamista de última instancia, lo que salvó tanto a España como a Italia. A partir de ahí, nuestra situación comenzó a mejorar, con la ayuda de un petróleo barato y una Comisión menos estricta con el calendario de reducción del déficit (austeridad). La recuperación de los dos últimos años se explica no menos por estos factores exteriores que por las reformas y políticas llevadas a cabo por el PP.

A continuación examino algunos resultados globales en empleo, indicadores macroeconómicos y desigualdad. Comienzo por el empleo, la principal preocupación de los españoles (véase la Tabla 1). Ha habido una reducción modesta del paro, sin duda una buena noticia. En el tercer trimestre de 2015 había 427.500 parados menos que en cuarto trimestre de 2011. Es una ganancia pequeña, que queda muy lejos de los 3,5 millones de empleos nuevos que anunció Esteban González Pons en la campaña electoral de 2011, pero al menos se ha conseguido romper la tendencia.

Lo malo es que los ocupados se han reducido: hoy hay menos gente trabajando en España que hace cuatro años. En el tercer trimestre de 2015 había 104.300 trabajadores menos que al inicio de la legislatura. En términos de afiliados a la Seguridad Social, estamos prácticamente igual que al comienzo, con una pequeña reducción de 8.455 afiliados. Si el paro se ha reducido a pesar de la reducción del empleo es porque mucha gente ha abandonado España o ha perdido cualquier esperanza de encontrar un trabajo, dejando de ser parte de la población activa. Si hablamos de creación neta de empleo, el resultado de esta legislatura ha sido muy modesto.

En cuanto a las magnitudes macroeconómicas (véase Tabla 2), se ha restablecido el crecimiento económico, pero no lo suficiente como para que la situación sea hoy mejor que hace cuatro años. La renta per cápita es en 2014 (último año para el que hay datos) prácticamente igual a la de 2011. Durante este último año es previsible que se haya incrementado algo, situándonos ligeramente por encima de 2011. El déficit público se ha reducido considerablemente, aunque a un ritmo algo más lento que el exigido inicialmente por la Comisión. La deuda pública, en cambio, ha aumentado espectacularmente, en 30 puntos del PIB, hasta situarse en el 100% del PIB, debido tanto a la debilidad de los ingresos durante la crisis, lo que ha ralentizado mucho la reducción del déficit, como a los fondos empleados en rescatar a las entidades financieras en apuros.

Los resultados son bastante negativos en materia de igualdad. El país ha recuperado el crecimiento, pero lo ha hecho dejando de lado a los más desfavorecidos. El índice de Gini no ha aumentado mucho, pero la tasa de riesgo de pobreza y exclusión (tasa AROPE, "at risk of poverty and exclusión") ha aumentado en la sociedad española en 2,5 puntos porcentuales y en casi cuatro puntos entre los menores de 16 años, estando entre las más altas de Europa. Asimismo, se ha producido un descenso fuerte de los salarios, sobre todo entre aquellos que han conseguido un empleo nuevo durante la crisis y han tenido que aceptar salarios míseros en comparación con los de los trabajadores con mayor antigüedad.

Políticas

El PP se ha caracterizado estos años por incumplir algunas de sus promesas más importantes, como aquella de que no iba a aumentar los impuestos. Subió el IVA, subió el IRPF… ¿Se acuerdan de la campaña del PP contra la subida del IVA en el gobierno anterior del PSOE (aquí, aquí, aquí)?

En un contexto de crisis, sin embargo, los incumplimientos pueden estar en parte justificados, pues todo gobierno se enfrenta a una fuerte incertidumbre y a situaciones muy cambiantes. Lo que no parece tan fácilmente justificable es que el PP haya hecho recortes tan brutales en el Estado del bienestar mientras daba miles de millones a fondo perdido al sistema financiero. Sólo la crisis de Bankia, tras la gestión catastrófica de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ha supuesto más de 22.000 millones de euros al Estado.

El PP nunca ha sido claro ni transparente con los recortes. Resulta muy difícil averiguar cuánto ha recortado el PP en esta legislatura, entre otras cosas porque el Gobierno no ha tenido demasiado interés en que se sepa. Una primera aproximación consiste en acudir a la distribución del gasto en los presupuestos generales del Estado y comparar lo sucedido entre 2011 y 2015. He seleccionado siete partidas de gasto en la Tabla 4.

La tabla revela el recorte generalizado, en ocasiones brutal, como la reducción del 17% en desempleo cuando España es el segundo país de la UE con más paro. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la tasa de cobertura de los parados ha pasado del 70,7% en 2011 al 58,5% en julio de 2015. A la vez, se observa un aumento de casi el 30% en el servicio de la deuda pública a pesar del descenso espectacular de la prima de riesgo gracias al apoyo del BCE. Asimismo, como consecuencia del envejecimiento de la sociedad española, el gasto en pensiones ha seguido aumentando.

La tabla 4 también muestra los recortes en políticas sociales (sanidad y educación). No obstante, el gasto de la Administración Central en estas partidas es muy reducido, pues el grueso corresponde a las comunidades autónomas. Para entender qué ha pasado realmente en el conjunto de España, hay que recurrir a datos consolidados de todas las administraciones públicas. Como se sabe, el Gobierno, durante su mandato, ha querido meter en cintura a las CCAA para cumplir con los objetivos de déficit público, forzando recortes importantes en políticas sociales. Basándome en el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Avance de la Actuación Económica y Financiera de las Administraciones Públicas, se puede reconstruir tan sólo lo sucedió durante los dos primeros años de legislatura (no hay todavía datos oficiales para 2014…). En la tabla 5 pueden consultarse los datos sobre cuatro partidas, sanidad, educación, protección social y protección del medio ambiente.

Pues bien, en los dos primeros años de legislatura vemos una reducción del 9% en sanidad y del 10% en educación. En protección del medio ambiente el recorte llega al 15%. En educación se ha aumentado el tamaño de las aulas, se ha despedido a un número muy elevado de docentes, se han subido las tasas universitarias, se han reducido las becas Erasmus… Sobre la evolución calamitosa de la I+D, véase aquí. La pequeña mejoría, del 2,4%, en protección social, se debe fundamentalmente al pago de las pensiones, que sigue aumentando (según se vio en la Tabla 4). Insisto en que la información de la tabla 5 se refiere tan solo a los dos primeros años de legislatura: es muy probable que el recorte en educación y sanidad a lo largo de toda la legislatura sea superior al 15%.

Todos los datos, tanto los de resultados como los de políticas, apuntan, pues, a un país menos cohesionado, más desigual e insolidario, con menos recursos en educación y sanidad y, por tanto, con malas perspectivas de futuro. El país no parece encaminado a tener una economía de elevado valor añadido, con alto capital humano, ni tampoco a proteger a sus ciudadanos.

Las grandes reformas estructurales de estos años han ido en la misma dirección: desregular y desproteger. Los ejemplos más sobresalientes son, por un lado, la reforma del mercado laboral, que ha sido un instrumento clave para conseguir la reducción de los salarios mediante la pérdida de poder negociador de los trabajadores y que, por lo demás, no ha servido para corregir la dualidad de nuestro mercado laboral; y, por otro, la reforma del sistema de pensiones, que supondrá un ahorro importante a las arcas del Estado a costa de los contribuyentes. Las pensiones irán perdiendo poder adquisitivo con la inflación. Algunos expertos hablan de una reducción de más del 30% en términos reales en la cuantía de la pensión a medio plazo.

Este es el panorama. En la siguiente entrega me ocuparé de la corrupción y las prácticas abusivas que han degradado tanto la democracia en estos cuatro años.

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