Por lo que sea, horas después de conocerse el escrito de la defensa de Zapatero solicitando al juez Calama que amplíe su comisión rogatoria a EEUU para comprobar si los mensajes que han dado origen a la causa abierta por tráfico de influencias y blanqueo de capitales se hubieran obtenido de forma ilegal (ver aquí) se produjo la filtración de la tasación de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho oficial del expresidente (ver aquí). En total, el peritaje calcula en 1,3 millones de euros el valor de las piezas incautadas. Casi de inmediato, el juez abre una pieza separada en la que ya acusa a Zapatero de un delito fiscal y otro de contrabando de joyas, dada la “posible falta de acreditación” del origen de las piezas o la “inexistencia de declaración o pago” de los tributos que pudieran corresponder (ver aquí). Aunque el propio auto establece que se trata de una investigación distinta a la de los delitos hasta ahora imputados, se insta a Zapatero a que aproveche la citación del próximo miércoles para responder también a estas nuevas acusaciones.
De modo que, en estos tiempos de competición permanente por ganar la batalla del “foco de atención” (Felipe González y Borja Sémper dixit), se ha producido velozmente una consecuencia meridiana: la conversación ya no gira en torno al origen de la investigación contra Zapatero y a las dudas que ofrece el hecho de que la agencia norteamericana tardara cinco años en enviar a Madrid los mensajes hallados en el móvil clonado a un empresario venezolano (ver aquí), sino que ya sólo se habla del joyero de Zapatero y su esposa. Con la ventaja de que es mucho más fácil componer la imagen de un contrabando de joyas de lujo que la de una compleja telaraña de movimientos políticos, policiales, mediáticos y, finalmente, judiciales contra un expresidente infinitamente molesto para muy diversos y poderosos intereses. Aunque no debería hacer ninguna falta, conviene repetir una obviedad: si se demuestra con pruebas sólidas que Zapatero ha sido un traficante de influencias, blanqueador de capitales, director de una organización criminal y –además ahora– delincuente fiscal y contrabandista de joyas, que caiga sobre él todo el peso de la ley. No seré yo –ni tampoco infoLibre– quienes salgamos a defender a quien de ese modo provocaría la mayor decepción para cualquier demócrata progresista en este país. Pero mientras lo que esté sobre la mesa sean esas gravísimas acusaciones y no los elementos que las sustentan, nuestra obligación es examinar con lupa el proceso, escuchar y leer a las partes, defender la presunción de inocencia y exigir que la justicia no sea tuerta, ni siquiera aparente serlo, cosa que no se viene cumpliendo desde hace años. No hay más que ver la celeridad con la que reacciona Calama a los informes de la UDEF en comparación con los seis meses que se ha tomado el juez Antonio Viejo para firmar la orden de investigar las cuentas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso (ver aquí).
Sin duda serían una buenísima inversión esos regalos (sobre todo los tres sets que suman más de un millón de euros), si Zapatero se dedicara a revender joyería en lugar de meterse en los charcos de Venezuela, de Irak, de China, de la respuesta al imperialismo de Trump o de su implicación en campañas electorales a favor de Pedro Sánchez
Vayamos con las (pen)últimas y sorprendentes novedades. La joyería madrileña Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, ha tasado en 1.323.915 euros las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho oficial de Zapatero. Recordemos que su secretaria de toda la vida, Gertrudis Alcázar, declaró a los agentes de la UDEF durante el registro que esas joyas procedían de herencias familiares y de regalos en viajes de la pareja. Al parecer se mezclan en esa tasación desde varios collares, pendientes y pulseras de oro blanco con incrustaciones de zafiros, esmeraldas o rubíes hasta bisutería sin apenas valor alguno.
Poseer joyas –independientemente de su valor– no es, obviamente, ningún delito. Lo que hay que determinar es el origen de las mismas y si fueron correctamente declaradas. Si –un suponer– las más valiosas fueron regalos realizados a Sonsoles Espinosa por parte de gobiernos de Estados visitados en la etapa de presidencia de Zapatero (probablemente de monarquías del Golfo que tienen por costumbre obsequiar de ese modo como anfitriones), habrá que comprobar si cumplieron o no la normativa vigente sobre regalos oficiales. Cabe suponer que tanto el juez como fiscalía y la propia defensa de Zapatero estarán repasando lo que dice la Ley 5/2006, sobre conflictos de intereses, incompatibilidades y declaraciones de actividades y patrimonio de los altos cargos, porque otras normas referidas al asunto son posteriores a los mandatos de Zapatero: la Ley 19/2013 sobre Transparencia y Buen Gobierno y la Ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado. Y la Ley 5/2006 no considera alto cargo a la pareja del titular de la presidencia del Gobierno.
A efectos políticos y con los ojos de hoy, no creo que haya dudas sobre la conveniencia de que ni el jefe de gobierno ni su pareja acepten joya alguna de un ejecutivo extranjero ni de empresa de ningún tipo, o sea, de nadie. Otra cosa es deducir que un obsequio de ese tipo recibido en 2007 por Sonsoles Espinosa tuviera influencia en lo que su marido como gobernante hiciera respecto al país susodicho. Disculpen si se me considera ingenuo, pero mientras no me demuestren lo contrario, Zapatero sigue siendo el único presidente que no tuvo un solo caso de corrupción en sus distintos ejecutivos en toda la democracia española. Dudo muchísimo que vendiera una iniciativa política a cambio de un collar. Como tampoco creo que Aznar blindara la amistad de su gobierno con el del dictador Gadafi por el caballo del desierto que este le regaló (El Rayo del Líder, se llamaba o se llama, si aún vive).
A la vista de esta legislación, sorprende de nuevo la contundencia y rapidez del juez Calama a la hora de calificar los hechos y establecer acusaciones de delitos concretos. No ha esperado a escuchar al investigado, no vaya a ser que aclare la procedencia de esas joyas y si fueron o no declaradas al fisco. Tampoco parece tenerse en cuenta que el precio del oro desde la primera década de este siglo se ha multiplicado por siete, y el de otras gemas por diez. O que el cálculo de Ansorena es el valor de reposición, es decir que incluye ese 21% de IVA imprescindible en la compra que habría que descontar. Sin duda serían una buenísima inversión esos regalos (sobre todo los tres sets que suman más de un millón de euros), si Zapatero se dedicara a revender joyería en lugar de meterse en los charcos de Venezuela, de Irak, de China, de la respuesta al imperialismo de Trump o de su implicación en campañas electorales a favor de Pedro Sánchez (pese a que no le dio su apoyo para ser secretario general del PSOE frente a Susana Díaz).
Así que, como el propio Calama escribe en su auto, habrá que establecer la “trazabilidad” de esas joyas antes de considerar su ilegalidad. De lo que quedan pocas dudas es de la capacidad de la maquinaria policial, judicial y mediática para lograr que un expresidente de gobierno sea retratado, antes incluso de su primera declaración, como traficante de influencias, blanqueador de capitales, jefe de una trama criminal, delincuente fiscal y contrabandista de joyas. Quizás también mató a Manolete, pero insisto: hacen falta pruebas. Lo de las joyas puede ser pecado y no delito. Veremos.
Y entre tanto, estaría bien que alguien “filtrara” qué va a hacer Calama con esa solicitud de información a Estados Unidos, no vaya a ser que la prueba principal del árbol de esta escandalosa causa esté contaminada, y entonces todo se centre –efectivamente– en el joyero.
P.D. Esta es la cuarta entrega de apuntes personales alrededor de las causas judiciales que están condicionando el panorama político (ver aquí, aquí y aquí). Pero hoy no quiero dejar de señalar la incomodidad que esta semana me ha producido la exageradísima cobertura mediática que se ha dado a la visita papal. Comulgo –con perdón– con muchos de los mensajes de León XIV, especialmente los que se enfrentan sin tapujos al trumpismo, al racismo contra la inmigración o al uso malvado de la Inteligencia Artificial. Pero no entiendo que la televisión pública haya dedicado esta semana más horas a las misas que a los telediarios, por mucha audiencia que se haya congregado. En lugar de avanzar de una vez desde un Estado aconfesional a uno decididamente laico, parece que nos entregamos a la religión-espectáculo. Ojalá al menos sirviera para extender la concordia, en lugar de visibilizar las hipocresías políticas en aplausos interminables.
Por lo que sea, horas después de conocerse el escrito de la defensa de Zapatero solicitando al juez Calama que amplíe su comisión rogatoria a EEUU para comprobar si los mensajes que han dado origen a la causa abierta por tráfico de influencias y blanqueo de capitales se hubieran obtenido de forma ilegal (ver aquí) se produjo la filtración de la tasación de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho oficial del expresidente (ver aquí). En total, el peritaje calcula en 1,3 millones de euros el valor de las piezas incautadas. Casi de inmediato, el juez abre una pieza separada en la que ya acusa a Zapatero de un delito fiscal y otro de contrabando de joyas, dada la “posible falta de acreditación” del origen de las piezas o la “inexistencia de declaración o pago” de los tributos que pudieran corresponder (ver aquí). Aunque el propio auto establece que se trata de una investigación distinta a la de los delitos hasta ahora imputados, se insta a Zapatero a que aproveche la citación del próximo miércoles para responder también a estas nuevas acusaciones.