Desde la tramoya

Pena de telediario

Luis Arroyo nueva.

Confieso que, sin fascinarme, la historia del ventrílocuo y productor José Luis Moreno como presunto líder de una red de estafadores ha suscitado en mí cierto interés. Trato de comprender por qué un individuo como él, que sigue en activo y aparentemente con holgura económica por su trabajo, podría dedicarse a delinquir tal como consta en las pesquisas que se han hecho públicas, a pesar del secreto del sumario. No me cabe en la cabeza.

Y entonces, aparte de la posible culpa de ese hombre y el castigo que eventualmente debería recibir por ella, y también dejando a un lado la consideración personal que él me merezca, pienso en el calvario que Moreno, con 74 años, debe estar pasando con esos reporteros apostados en la puerta de su casa y con la profusión de programas especiales hablando sobre él durante horas en los canales de televisión.

Como he trabajado en ocasiones asesorando a personajes que se vieron en condiciones similares, me pregunto por qué el Estado, de un modo u otro, no garantiza a esos individuos una defensa apropiada con respecto de su reputación. Me explico:

Cualquier persona tiene en España garantizada su defensa ante los tribunales de Justicia. Si no puede pagarla, el Estado se la proporciona gratuitamente por el llamado "turno de oficio". Lo primero que se vigila de un proceso es que el acusado esté asesorado legalmente incluso antes de que se formalice la acusación. El abogado tiene derecho a acceder a información que nadie puede exigirle, y está libre de hacer públicas o no informaciones que recibe de su defendido. La asistencia letrada ante los tribunales refleja la generosidad de nuestros sistemas democráticos, garantistas y protectores.

Por el contrario, cualquier ciudadano que de pronto se ve expuesto ante el "tribunal" de la opinión pública, no tiene ninguna asistencia garantizada en la compleja relación con los medios de comunicación. Tan solo algunos artículos que le protegen eventualmente contra la difamación, y que, de esgrimirse, tardarían años en hacerse valer. De tal modo que una persona como Dolores Vázquez, condenada erróneamente por un jurado popular por el asesinato de Rocío Wanninkhof, no pudo disponer de la ayuda de algún especialista en comunicación que le ayudara a superar la brutalidad del prejuicio popular.

El tribunal de la opinión pública tiene sus propias dinámicas, muy distintas de las de los tribunales ordinarios. La opinión pública es caprichosa y olvidadiza. Los temas van y vienen y tienen mucha o ninguna importancia en función de las decisiones de los editores de los medios. La opinión pública juzga aún con pruebas muy débiles o sin prueba alguna. Si los tribunales ordinarios son teóricamente garantistas, el tribunal de la opinión no ofrece ninguna garantía. La opinión pública, en fin, será inmisericorde en su sentencia.

Para manejarse en ese "tribunal", que puede sentenciar con consecuencias destructoras de la vida del acusado, no basta con una buena abogada. Hace falta, además, alguien con criterio para tratar de defender al ciudadano de la impunidad con la que los medios y la ciudadanía actúa con demasiada frecuencia, esgrimiendo la libertad de expresión o el derecho a la información.

Si un colega mío de profesión recibiera mañana el encargo de ayudar a José Luis Moreno en su estrategia de comunicación y en sus relaciones con los medios de comunicación, sabría que, por ejemplo, un juez podría acusarle de complicidad en caso de haber obtenido y no revelado ciertas informaciones del presunto delincuente. A diferencia de los abogados del promotor imputado, mi colega estaría desprotegido.

Creo, en fin, que las sociedades actuales, que hemos denominado desde hace décadas "sociedades de la información", se harían un gran favor garantizando la protección de todos no solo ante los tribunales de Justicia, sino también ante el más tiránico e ignorante tribunal de la opinión pública.

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