Análisis

Lo que se juega Venezuela

Nicolás Maduro, en un acto de la campaña electoral.

Manuel Hidalgo Trenado

Este 6 de diciembre más de diecinueve millones de venezolanos están llamados a votar para elegir a los 167 miembros que integrarán la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2020. Las encuestas vaticinan un triunfo de la oposición por encima de los 20 puntos. De confirmarse las proyecciones, por primera vez, en la actual etapa chavista, los sectores opositores obtendrían la mayoría absoluta aunque no puede descartarse que consigan una mayoría cualificada. Dicho triunfo pudiera tener efectos democratizadores si bien no exentos de conflictos.

Desde que el chavismo llegó al poder en 1999 se han celebrado numerosos procesos electorales, pero estas no son unas elecciones más. Primero, porque ocurren en un contexto de una grave crisis socioeconómica. La economía sufre una profunda contracción desde el año pasado cuando el PIB cayó un 4%. Y el FMI prevé una caída del 10% y el 6% para 2015 y 2016, respectivamente. Adicionalmente, la inflación se ha disparado (62,2% en 2014; y se proyecta un 160% para 2015 y un 200% para 2016). La desbocada inflación ha golpeado a los sectores medios y a los más desfavorecidos, incrementándose el número de hogares pobres por ingreso. De acuerdo a un estudio realizado en 2014 por tres universidades venezolanas (UCAB, UCV y USB), más de 3,5 millones de hogares (48,4%) se encontraban en dicha situación, de los que aproximadamente el 33% podían considerarse “nuevos pobres”.

El año 2014 supone un punto de inflexión respecto a casi una década de relativa estabilidad económica favorecida por unos elevados precios del petróleo (más del 95% de las divisas del país se obtienen por dicha vía) que permitieron una reducción significativa de los niveles de pobreza y otras conquistas sociales. Pero el modelo económico heredado de Hugo Chávez (1999-2013) asentado en los controles de precios y de la libre convertibilidad de la moneda, las expropiaciones, las estatizaciones y un exacerbado gasto público, entre otras características, ha hecho aguas ante una fuerte caída de los precios del petróleo. A mayor abundamiento, los desequilibrios económicos se han agravado hasta niveles peligrosos para la paz social. Las medidas adoptadas por el Ejecutivo no han perseguido mejorar la situación económica del país sino tratar de evitar que la crisis afectara de manera más acusada a los sectores más humildes, principal sostén del chavismo. No es de extrañar, por tanto, que la calidad de vida del venezolano se haya desplomado y que problemas como la escasez de productos básicos o el desabastecimiento preocupen hoy en día más que la lacerante inseguridad, la criminalidad rampante o la carestía de la vida.

La mala gestión económica ha afectado a la popularidad del presidente Maduro –se ha mantenido en las últimas semanas en porcentajes inferiores al 25%. Si bien el nivel de aceptación no es tan bajo teniendo en cuenta el negativo panorama económico y social y el contexto latinoamericano, sí evidencia que los venezolanos responsabilizan en mayor medida al gobierno de sus problemas y penurias. La desgastada popularidad de Maduro (queda muy lejos su aceptación del recuerdo positivo de Hugo Chávez, por encima del 50%), se complementa con el rechazo por parte de la gran mayoría de los ciudadanos (70% según la firma Datanálisis) de la tesis de la “guerra económica” que, de acuerdo a voceros del oficialismo, libra en contra de la “revolución” el sector empresarial en alianza con otros actores extranjeros.

Un contexto político difícil

Estos comicios también se celebran en un contexto político difícil. A la polarización reinante en el país, si bien debilitada, se suma en años más recientes los efectos de la intensificación de las persecuciones políticas y algunos encarcelamientos de dirigentes opositores. El caso más emblemático es el del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi catorce años de cárcel acusado de ser el instigador intelectual de los hechos de violencia que tuvieron lugar el día de la juventud en Caracas, 12 de febrero de 2014 (López acabaría por entregarse el día 18 de ese mes), en el marco de movilizaciones en todo el país que se prolongarían durante semanas y que evidenciaban el descontento con la situación del país y las negativas perspectivas de futuro de amplios sectores, principalmente de oposición. Las protestas y manifestaciones que se desarrollaron durante casi cuatro meses se cobraron la vida de más de cuarenta personas y cientos resultaron heridas; con todo, llama la atención que todavía hoy ninguna de las muertes haya sido esclarecida judicialmente. Al margen del controvertido papel y de las costosas estrategias de sectores radicales de oposición para salir con rapidez del gobierno de Maduro, en el juicio por el que fue condenado López se violentaron distintas garantías constitucionales y procesales. No sorprende por tanto, que uno de los principales reclamos de importantes sectores de oposición sea la liberación de lo que consideran son presos políticos así como la revisión del caso de López, máxime tras las declaraciones del fiscal acusador del caso, Franklin Nieves, quien denunció, tras su marcha del país, diversas irregularidades y fabricación de pruebas.

En la reciente campaña electoral justamente una de las más importantes propuestas de la principal y variopinta alianza de fuerzas y personalidades de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha sido la aprobación de una ley de amnistía por la nueva Asamblea. Un poder legislativo que recuperaría, además, autonomía y podría desempeñar importantes funciones de control, hoy en día ausentes en un parlamento dominado por el oficialismo. También distintos candidatos han subrayado problemas como la escasez y las calamidades que sufre el venezolano común para conseguir productos básicos y lograr finalizar el día sin ser víctima del hampa. Por su parte, las fuerzas de izquierda pro-gobierno aglutinadas en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han subrayado su interés en mantener, y radicalizar, el proyecto socialista. Dado lo que hay en juego, y la deteriorada popularidad de la propuesta y gobierno chavistas, el oficialismo ha recurrido a la figura del “comandante” Chávez, han intentado polarizar al electorado a través de amenazas y advertencias del peligro que corren las conquistas y programas sociales y han focalizado recursos en algunas zonas (grupos más vulnerables) en las que ve peligrar su triunfo si bien no ha logrado espantar el fantasma de la escasez. A estas elecciones concurren otras candidaturas independientes pero se espera que logren una limitada representación: las encuestas no les otorgan más allá del 6-7% de los votos.

La campaña ha sido inequitativa y ventajista.

Como viene siendo habitual en recientes procesos electorales, el Gobierno puso a disposición de los oficialistas los recursos del petroestado y movilizó (cuando no amenazó según diversas declaraciones) a los empleados públicos para votar a favor de candidatos del GPPSB. Y el sesgo de los medios públicos ha sido más notorio ante el debilitamiento de la independencia de influyentes medios privados convencionales, como había sido evidente hasta las elecciones presidenciales de 2012. Desde entonces, el panorama de medios ha cambiado sustancialmente. Y aunque candidatos opositores han podido ser entrevistados, mucho más difícil les ha sido que su publicidad y propaganda llegaran a los electores. A ello habría que sumar otros problemas sufridos por la oposición, como por ejemplo, algunos episodios de violencia, en parte frenados en el último tramo de la campaña por la presión internacional. Tampoco han podido desempeñar su campaña con normalidad en varios estados fronterizos con Colombia (Apure, Táchira y Zulia), debido al estado de excepción declarado por el gobierno en unos sesenta municipios justificándose por la necesidad de luchar contra los grupos paramilitares y el contrabando de alimentos y combustible; medida que pudiera volverse en contra del oficialismo por el descontento entre la población. Al margen de otros episodios y factores que han influido en la campaña, cabe mencionar el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en poco ha contribuido en hacer más justa la contienda electoral. Incluso negó la inscripción para estas elecciones de sectores críticos dentro del oficialismo, como Marea Socialista, o de movimientos opositores como Vente.

La gran mayoría de los venezolanos piensa que el país va en la dirección equivocada y, por tanto, desea un cambio de rumbo, hastiado del abrupto desmejoramiento de su nivel de vida, de las largas colas que debe hacer para conseguir productos básicos y la consiguiente pérdida de tiempo, de la impunidad, de la corrupción o de la improvisación (cuando no parálisis) de un Ejecutivo extremadamente ineficaz. De ahí el carácter plebiscitario de los comicios del domingo 6-D en torno al actual Gobierno. Dada su importancia, se espera una alta participación, en torno al 65%-70%. Sin embargo, no está claro el tipo de mayoría que la oposición pudiera obtener, en parte porque dependerá de la movilización del electorado y del comportamiento de muchos chavistas descontentos, que no se sabe si se quedarán en casa o finalmente se inclinarán por candidaturas de oposición, principalmente de la MUD. Y ello porque ésta no ha logrado elaborar un programa y propuestas que sean vistas como creíbles para transformar el país y mejorar las condiciones de vida por parte de grupos que, al menos hasta no hace mucho, votaban por el chavismo.

Descartado un fraude convencional, el ventajismo y funcionamiento de la maquinaria oficialistas el día de las elecciones sumado a algunas irregularidades que ocurriesen (como en recientes procesos electorales) y a los efectos del sistema electoral (tiene un sesgo mayoritario y sobrerrepresenta a los estados menos poblados) no cabe duda que incidirán en la cómoda ventaja con la que partía la oposición al inicio de la campaña electoral. Es más, dado que 113 diputados se eligen en 87 circunscripciones y que las encuestas son una herramienta política, como en muchos otros países, y proyectan datos nacionales, cabe mayor prudencia si cabe sobre los resultados finales.

Si gana la oposición un escenario probable es que se inicie una transición de un régimen que, a partir de 2010, ha acentuado sus rasgos autoritarios, y comience un periodo signado por algunos cambios fundamentales en las políticas públicas con el fin de dar respuestas eficaces a los graves problemas que enfrentan los venezolanos. Pero para ello será necesario que sectores oficialistas y opositores dialoguen y entablen acuerdos. Ese es el reto, que no está exento de peligros. La mayoría de los ciudadanos apuesta por ello, pero tanto en un bloque como en el otro existen grupos deseos de radicalizar sus estrategias y bloquear un hipotético cambio gradual y pacífico de un modelo sociopolítico que luce hoy muy desgastado. En suma, las elecciones pueden contribuir tanto a exacerbar las tensiones y los conflictos como a reconducirlos. _____________________

Manuel Hidalgo Trenado

Manuel Hidalgo Trenado es profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador de la Fundación Alternativas.

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