A la carga

Mariano, la regeneración empieza por uno mismo

El Gobierno de Mariano Rajoy ha invitado a los grupos parlamentarios a negociar durante este otoño medidas de “regeneración democrática”. Hay ya un par de anteproyectos de ley que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2013. Ahora se trata de llegar a un consenso con los partidos de la oposición. Los cuatro elementos que ha destacado el Gobierno son estos: reducir el número de aforados, regular la concesión de indultos, endurecer el régimen de financiación de los partidos y reformar la ley electoral para la elección de alcaldes.

Este último elemento ha sido muy polémico. Con el pretexto de la “regeneración democrática”, el Gobierno ha colado una propuesta de reforma electoral que, según han señalado multitud de analistas (y especialmente infoLibre), no es sino un intento desesperado y autointeresado de minimizar las consecuencias electorales del castigo que, previsiblemente, el Partido Popular sufrirá en las próximas elecciones municipales.

No es mi propósito analizar en esta ocasión el contenido de estas propuestas. Tiempo habrá para ello. Más bien, quiero centrarme en el dilema que se les plantea a los partidos opositores. De acuerdo con los buenos usos parlamentarios, lo lógico es que los distintos grupos se reúnan, debatan y lleguen a acuerdos sobre un asunto, el del deterioro de nuestro sistema democrático, que preocupa enormemente a la ciudadanía, tal como indican todas las encuestas. Pero la cuestión previa es si el partido de gobierno, el PP, está en condiciones de negociar con el resto de partidos asuntos que atañen a la corrupción y la regeneración democrática.

En mi opinión, ni el PP ni el Gobierno tienen legitimidad en estos momentos para liderar regeneración alguna. La razón es muy sencilla (discúlpenme que la exponga en términos un tanto coloquiales): la corrupción les sale por las orejas. Los partidos de la oposición, cuando acceden a negociar sobre aforados e indultos, parecen olvidar la anomalía democrática que vive el sistema político español en estos momentos. Dicha anomalía consiste en que se ha descubierto que el partido en el Gobierno se financia ilegalmente, defrauda a Hacienda, tiene contabilidad en negro y beneficia con concursos públicos a empresarios que hacen donaciones al partido. Hasta las reformas de la sede central del partido en la calle Génova de Madrid se pagaron con dinero negro. Los apuntes contables del ex tesorero Bárcenas se han ido confirmando poco a poco con total precisión. Sabemos además que había un sistema opaco de sobresueldos del que se beneficiaban todos, incluyendo, con alta probabilidad, al presidente del partido, Mariano Rajoy.

Podrían alegarse otras razones para cuestionar la legitimidad del PP: las promesas falsas de la campaña electoral de noviembre de 2011, realizadas cuando sabían con certeza que no podían cumplirlas, la manipulación insoportable de Televisión Española, las comparecencias por plasma de Mariano Rajoy, las mentiras de Cospedal sobre la ya célebre “indemnización simulada y en diferido”, etc. Pero todo esto es calderilla al lado de la corrupción sistémica del Partido Popular.

¿Cómo puede gobernar España un partido que lleva décadas defraudando a Hacienda? Yo sigo sin encontrar la respuesta. No logro entender que la situación política no solo se haya normalizado y no se hable de la financiación ilegal y el fraude fiscal del PP en todas y cada una de las intervenciones parlamentarias, sino que el PP tenga la desfachatez ahora de proponer medidas de regeneración.

¿Qué va a regenerar Mariano Rajoy, quien, cuando se destapó toda la podredumbre de la financiación ilegal del PP, se limitó a mandar un SMS a su amigo Bárcenas pidiéndole que aguantara? Es el caso Bárcenas, sí, pero detrás está la trama Gürtel entera, que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana y a la Comunidad de Madrid, aunque tiene derivaciones por toda España y afecta de lleno a la dirección nacional del partido (a pesar de lo cual, Rajoy, tan preocupado por la regeneración, mantiene a Ana Mato en el Gobierno, ministra que en su día se benefició de viajes y regalos muy generosos a cuenta de la Gürtel).

Si el PP quisiera regenerar algo, podría empezar retirando a Ignacio González de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Como se ha destacado en infoLibre a lo largo de los últimos meses, y especialmente en el reciente reportaje de Manuel Rico, se acumulan los indicios que demuestran que el famoso ático de Marbella es un pago en especie de Enrique Cerezo a González como recompensa por los suculentos contratos que Cerezo consiguió de Telemadrid. Para forzar la dimisión de González, cuya continuidad en el cargo debería ser un motivo de profunda vergüenza para cualquier madrileño, no hace falta modificar las leyes ni reunirse en el Congreso con los líderes de los partidos: bastan órdenes tajantes dentro del partido que preside Rajoy.

No puede ser que nos acostumbremos a esta situación. El Partido Popular no puede ahora “blanquearse” democráticamente involucrando a los partidos de la oposición en unas negociaciones sobre aforados e indultos. Si los partidos de la oposición no se plantan en esta cuestión, contribuirán a darle una vía de escape al PP, un partido que al día de hoy no ha dado una explicación razonable y seria sobre su sistema de financiación y sobresueldos.

De momento, Izquierda Plural es el único grupo parlamentario que claramente ha dicho que no participa en las conversaciones porque no quiere ayudar a tapar las vergüenzas del PP. Esperemos que el resto de grupos, incluyendo el socialista de Pedro Sánchez, abran los ojos y se replanteen su participación en esta farsa de la regeneración.

Quisiera que quedara claro que me parece fundamental cambiar el sistema de financiación de los partidos; también creo que debería regularse mejor el asunto de los indultos y los aforamientos. Pero antes de poder llegar ahí hay que hacer un ejercicio de coherencia democrática y exigir a este Gobierno y al partido político corrupto que lo apoya que convoque unas elecciones “regeneradoras” cuanto antes. En cualquier otro país occidental, los escándalos de corrupción del partido en el Gobierno habrían provocado una crisis institucional profunda y, desde luego, el Gobierno habría tenido que dimitir en pleno. La máxima prioridad regeneradora debería ser desalojar a un partido tan corrupto como el PP del poder. Después podemos sentarnos a hablar de la regulación de los indultos y de los cambios en los aforamientos. Pero cada cosa a su tiempo.

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