Algunos datos y preguntas campechanas

¿No había otro país que Emiratos Árabes Unidos (EAU)? ¿Quién o quiénes asesoran a los reyes, al emérito y a Felipe VI? Quince días de mutismo, incluido el del gobierno (¡vaya papelón el de los ministros de Interior y Justicia!), para confirmar lo que se sabía por “la prensa”. Tenemos un serio problema con las palabras, y otro más grave con las definiciones. ¿Estamos ante un viaje, un destierro, un exilio o una huida? ¿Qué son los Emiratos Árabes? ¿Una monarquía absoluta, una dictadura o “un sistema político que no admite la disidencia”?

Amnistía Internacional tiene pocas dudas.

EAU está en la lista de las dictaduras de 2020 junto a Venezuela, uno de los blancos favoritos de la derecha española. EAU tiene la fortuna de ser vecino de la poderosa Arabia Saudí, que atrae todas las miradas y críticas. Es un régimen menos brutal que el saudí pero ambos están implicados en la guerra civil de Yemen, en la que más de dos tercios de sus habitantes están en riesgo de padecer hambre.

Arabia Saudí y EAU son los principales compradores de armamento y nosotros uno de sus proveedores. España es el séptimo exportador mundial de armas y municiones, toda una potencia. Nuestras “productos” acaban cayendo sobre los yemeníes, o se usan para matar personas en Siria y Libia. Si somos tan buenos en esto deberíamos probar con industrias no bélicas, ahora que vamos a debatir (eso dicen) sobre la reindustrialización de una economía que depende del turismo y del ladrillo.

Antes de avanzar, dos artículos imprescindibles, el de Javier Martínez publicado en infoLibre: Así es Emiratos, el país que acoge a Juan Carlos I: nula libertad de expresión, emigrantes esclavos y 14 años de prisión por ser homosexual, y el de Íñigo Sáenz de Ugarte en elDiario.es: Emiratos Árabes, un paraíso para Juan Carlos I y una pesadilla para los disidentes.

¿Debe un mandatario de un país democrático, sometido a la ejemplaridad en las formas y con problemas (aún no judiciales) buscar cobijo bajo un sistema que no reconoce libertades? Ya sabe que no se le juzgará en España, que los plazos pasarán y no tendrá que dar cuentas. La última defensa es la interpretación laxa de su inviolabilidad. Entonces, ¿por qué no Portugal? La respuesta es Suiza. En EAU está fuera del alcance del fiscal Yves Bertossa, que investiga sus cuentas y los pagos supuestos a Corinna Larsen. Escribo “supuestos” porque al parecer se ha quedado con los célebres 65 millones de euros puestos a su nombre. Es la tesis de los autores del podcast XRey.

La Casa Real no es una institución pública que se gestiona de manera privada sin someterse a la rendición de cuentas, principio sacrosanto que afecta a todo servidor público que depende de los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco está protegida en cada gasto por la ley de secretos oficiales. Tras la muerte de Lady Di, la reina Isabel II tuvo que introducir cambios y aumentar la transparencia de sus cuentas para salvarse de una súbita impopularidad. Sabemos hasta lo que gasta en vino. Pese a ese ejercicio, sus finanzas reales cada vez están más cuestionadas.

La Constitución española establece que la forma de Estado es una monarquía parlamentaria. Las Constituciones más duraderas y útiles son flexibles, abiertas a las mejoras. La España de hoy no es la España de 1978. Su santificación es un problema y una cortina de humo en manos de aquellos que no cumplen su parte social. Se podría instaurar una República, si así lo decidiera la mayoría, sin necesidad de redactar otra Constitución.

En España no hubo liberación como en el resto de Europa tras 1945 ni derrota de los amigos de Hitler, que después se hicieron amigos de EEUU para sobrevivir. La monarquía española fue reinstaurada por el dictador y así la hemos asumido. En 1978 era la mejor opción, tal vez la única. Hoy está en discusión.

La misma claque político-mediática-empresarial que rió las gracias al Campechano (la verdad es que era divertido) y que le protegió durante años favoreciendo que se sintiera fuera de la ley y del escrutinio público, repite su esquema con Felipe VI. Asegurar cada día por tierra, mar y aire, artículo tras artículo, tertulia tras tertulia, que la Monarquía está más fuerte que nunca y que los escándalos de Juan Carlos no afectan al actual rey, prueba que la crisis es profunda y preocupante. Estamos en territorio ignoto. Hay vértigo.

Lo prueba la carta-manifiesto de ex ministros y altos cargos de UCD, PP y PSOE, que reclaman la presunción de inocencia de ex monarca y defienden su legado. Deberían hablar con su hijo que es quien no la ha tenido en cuenta al retirarle la asignación y expulsarle de palacio. Entre los firmantes se encuentran varios vinculados a casos de corrupción. También está Rodolfo Martín Villa, que cuando era ministro mandó destruir los archivos de la posguerra de Falange y otras organizaciones para evitar una futura incriminación de los mencionados.

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La salida a corto plazo sería imitar a Isabel II, reformar el concepto de inviolabilidad, limitarlo al ejercicio del cargo, no a cualquier actividad que pudiera ser delictiva. Un cargo que se hereda por nacimiento es incompatible con el mérito y la democracia. Para que no entre en discusión es esencial la ejemplaridad. Y esta empieza con la transparencia. Que el gobierno de Sánchez haya entrado en este juego de dónde está Wally es ridículo. En la mañana del día que la Casa Real confirmó que Juan Carlos estaba en Emiratos Árabes, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, decía en la cadena SER que no sabía dónde estaba. Si es verdad debería dimitir; y si no lo es, también.

Algunas preguntas:

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