Mariano Rajoy se sentó la semana pasada ante el Supremo y, con la obsequiosa y un tanto babeante colaboración de la jueza Teresa Palacios, mintió con la encantadora cachaza que todos conocemos. Mintió en lo irrelevante —cuándo y por qué rompió con Luis Bárcenas; no hay más que ir a la hemeroteca, como explicó el capitán de este barco, Jesús Maraña—, así que suponemos, aunque solo podamos sospecharlo, que habrá mentido, también y más, en lo todo lo gordo —si, como presidente del Gobierno y del partido, hizo que el Ministerio del Interior desplegara una operación con secuestro y disfraces para desbaratar las pruebas que Bárcenas poseía de la palmaria financiación ilegal del partido—. Los cronistas de tribunales, todos, al margen del medio para el que firmen, lo saben igual que lo sabemos ustedes y yo. Entonces, ¿por qué no lo dicen así? La tendencia de las izquierdas católicas —el catolicismo es un vector cultural, no una creencia— es interpretar que se trata de un sencillo problema de virtud individual. La realidad de las cosas es un poquito menos moralista y más exigente.
Un cínico diría que la superespecialización periodística (por ejemplo, pasarse toda la carrera profesional en los tribunales de la plaza de la Villa de París) lleva a los periodistas a creer que los suyos son los togados y olvidar que cualquier cronista, allá donde vaya, solo es un impostor, un intruso, como explicamos en la pieza con la que inauguramos este oráculo. En parte es cierto, por eso aquí se denuesta el periodismo especializado y se aboga por especialidades sucesivas, que permitan al reportero funcionar desde la media distancia, acumular fuentes y crédito y luego volver a empezar. Es decir, desarrollar cierta familiaridad con el hábitat, incluso amistades duraderas en él, sin por ello olvidar que su función nunca le permitirá integrarse plenamente y que, a medio plazo, deberá bregarse en un ecosistema distinto. La lección que aprende Glenn Close en The paper (detrás de la noticia) (Ron Howard, 1994), para que nos entendamos. No somos ellos.
Pero en realidad tiene que ver con algo de lo que ya hemos hablado antes aquí: la especialización y el amor por el detalle ratifica la existencia de microbios ciertos con la misma intensidad con la que pierde la perspectiva para explicar el ecosistema del que se supone que ha de informarnos. El filósofo Javier Gomá reivindica la generalización como la única forma de conocimiento. Es decir, desprenderse de las particularidades y los detalles del conocimiento especializado. Siendo claros, el academicismo consiste en sustituir la inteligencia por pormenores, y exactamente eso mismo le pasa al periodismo judicial —además del nada desdeñable síndrome de Estocolmo que asalta a los periodistas que pasan la vida dentro del mismo edificio institucional—. En Gomá, la generalización no es un atajo ni una renuncia al rigor, ni siquiera es la fórmula hacia el conocimiento sino que es la condición misma del pensamiento. Pensar es generalizar, discernir en qué medida un caso particular ilustra una categoría. Generalizar es jerarquizar y ejemplarizar. Sin esa operación de elevación, no hay ética, no hay política y no hay comunidad posible. Solo hay casuística infinita, es decir, ruido, confusión y, en resumidas cuentas, verdades mentirosas.
Pensar es generalizar, discernir en qué medida un caso particular ilustra una categoría. Generalizar es jerarquizar y ejemplarizar
Pero en el hábitat judicial se trabaja, por definición, en la dirección contraria. Cada caso es único, cada prueba es singular, cada procedimiento es irrepetible, cada detalle es relevante. La justicia necesita huir de la generalización para ser justa en cada caso concreto. Su lógica descansa en la excepción, la precisión y la singularidad. Más allá de las evidentes y habituales prevaricaciones a las que están entregadas las altas magistraturas españolas con intenciones políticas desde hace un par de décadas, lo cierto es que la naturaleza de su trabajo es antitética de lo somero, que, como hemos contado aquí en varias ocasiones, es la forma de aproximación al mundo en la que ha de militar el buen periodismo.
Justicia y periodismo no comparten misión y, en muchos sentidos, han de trabajar en direcciones opuestas. El juez decide sobre un caso, pero el buen periodista debe decidir qué significa ese caso. Cuando el periodista se limita a seguir el procedimiento, deja de pensar en su sentido fuerte, está describiendo, haciendo inventario de lo particular sin elevarlo a categoría. Y eso, desde Gomá, no es pensamiento, es acumulación. Generalizar es hacer inteligible lo real.
El periodista de tribunales no está secuestrado por la institución judicial, pero sí incrustado en ella y sumergido en su idioma. Y esa incrustación genera dinámicas que a los moralistas pueden parecer afectivas o incluso de lealtad, pero que en realidad son estructurales. Porque, si uno acampa demasiados años en el Supremo o en la Audiencia Nacional, instituciones casadas con el tecnicismo, acaba desplazando el objeto periodístico del hecho al procedimiento. Narrando diligencias, autos, recursos, plazos… es decir, hablando del juego más que la partida. El proceso se convierte en la realidad, y el hecho —lo ocurrido— queda subordinado a su traducción jurídica. Es una inversión peligrosa, porque el lector recibe como “verdad” lo que en realidad es solo un avío burocrático de interpretación institucionalizada. Así fue condenado el fiscal general del Estado, con una sucesión de sofismas legales y falacias argumentales para sellar una mentira cósmica en forma de sentencia de doscientos folios.
Si el cronista pasa demasiado tiempo alrededor de las togas interioriza que solo a través de ese captor togado puede acceder a la verdad del mundo, y eso genera una forma de lealtad funcional tóxica para el lector. Más que de síndrome de Estocolmo hablamos de captura epistemológica o incluso de un periodismo vicario, en el que el oficiante ya es incapaz de observar la realidad salvo desde el filtro técnico de la institución. Y termina adoptando ese punto de vista como propio, único e indiscutible. Dicho de otro modo, el periodismo de tribunales ha reducido lo cierto a lo probado, cuando su misión debería ser justamente la contraria.
El tecnicismo tiene prestigio porque da la impresión de rigor, de método y de objetividad, pero el exceso de detalle no siempre acerca a la verdad; a veces la oculta porque la fragmenta, la diluye, la vuelve ilegible para el sentido común
La demanda no ayuda. El público, cada vez más juridificado, busca en los tribunales una forma de certeza moral que la política o el periodismo ya no le proporcionan. Quiere que los veredictos sustituyan a los relatos. Fuentes, cronistas y público han acabado por aceptar que la verdad es lo que cabe en un auto. Para combatir esto, en la defensa del conocimiento somero no hay una vocación por la superficialidad. Se trata de no quedar atrapado en la hipérbole del detalle técnico, que en los tribunales se presenta como garantía de verdad. El tecnicismo tiene prestigio porque da la impresión de rigor, de método y de objetividad, pero el exceso de detalle no siempre acerca a la verdad; a veces la oculta porque la fragmenta, la diluye, la vuelve ilegible para el sentido común. Así, el periodista que debería traducir el mundo para hacerlo inteligible al lector termina traduciendo el lenguaje del poder para hacerlo aceptable.
Generalizar es pues una forma de resistencia. Porque generalizar es una operación intelectual de jerarquía, que es lo más importante que hace el periodismo con el mundo. Decidir qué importa, qué no, qué explica el conjunto y qué es solo ruido procedimental. Exactamente lo contrario del fetichismo del dato. Renunciar a la generalización hace perder la perspectiva del conflicto real —qué ha pasado, a quién afecta y qué significa política o socialmente— para incurrir en el seguimiento del trámite —qué recurso toca, qué plazo se abre y qué instancia resuelve—, y el lector acaba sabiendo mucho del procedimiento pero nada del mundo. El periodista de tribunales que solo maneja tecnicismos sabe más cosas, pero entiende menos. Cuando un caso se queda en su maraña técnica, el lector recibe información sin recibir sentido. Sabe qué ha pasado en ese expediente, pero no sabe qué dice eso del mundo en el que vive. Y cuanto más detallada es la cobertura, menos pensamiento produce.
Una jueza amedrentó a las partes para que Rajoy saliera de allí tan pimpante y cachazudo como entró. Pero sabemos que Rajoy mintió en lo banal, y quizá también en lo sustantivo. Esa es la certeza periodística que podemos acreditar sobre Eme Punto, ese señor de Pontevedra que siempre nos ha caído simpático y que a lo mejor creó una pequeña Stasi sabiendo que un contable hacendoso fue la perdición de Alfonso Capone.
Mariano Rajoy se sentó la semana pasada ante el Supremo y, con la obsequiosa y un tanto babeante colaboración de la jueza Teresa Palacios, mintió con la encantadora cachaza que todos conocemos. Mintió en lo irrelevante —cuándo y por qué rompió con Luis Bárcenas; no hay más que ir a la hemeroteca, como explicó el capitán de este barco, Jesús Maraña—, así que suponemos, aunque solo podamos sospecharlo, que habrá mentido, también y más, en lo todo lo gordo —si, como presidente del Gobierno y del partido, hizo que el Ministerio del Interior desplegara una operación con secuestro y disfraces para desbaratar las pruebas que Bárcenas poseía de la palmaria financiación ilegal del partido—. Los cronistas de tribunales, todos, al margen del medio para el que firmen, lo saben igual que lo sabemos ustedes y yo. Entonces, ¿por qué no lo dicen así? La tendencia de las izquierdas católicas —el catolicismo es un vector cultural, no una creencia— es interpretar que se trata de un sencillo problema de virtud individual. La realidad de las cosas es un poquito menos moralista y más exigente.