La ciudad y la ciudad Aroa Moreno Durán
Hace ya tiempo que lo de menos es la realidad, el mínimo respeto a unos hechos comprobables sobre los que aportar visiones diferentes. Lo que importa es la versión parcial e interesada de la realidad que se consiga instalar en la conversación pública. Prueben a analizar portadas de periódicos, aperturas de telediarios o tiempo dedicado en programas televisivos de debate en los últimos días. Se diría que la noticia es exactamente lo que no ha ocurrido. A vueltas permanentes sobre la nada. Lo que pudo haber sido y no fue. Este mismo jueves (por ejemplo) me topo con la portada de El Mundo: "Aldama pagó un ‘catering’ para 5 ministros la noche que aterrizó Delcy" (ver aquí). Más abajo, en cuerpo más pequeñito, se matiza: "La cita no se celebró al tener la actual presidenta de Venezuela prohibida su entrada en la UE". Total, que no existió la cena, no acudieron los ministros, tampoco la actual presidenta venezolana. ¿La fuente? Un empresario inculpado por una estafa fiscal de casi doscientos millones de euros, pero que sigue en libertad, paseándose por los estudios de la COPE o por OkDiario, pregonando que él solito con su mochila de facturas liquidará el actual Gobierno y pondrá la alfombra roja a quienes considera que vendrán a “salvar” España. Patriotas especializados en hidrocarburos sin IVA y bitcoins sin factura. ¿Por qué la fiscalía consiente este bochornoso e intencionado espectáculo? Un misterio que más pronto que tarde tendrá que explicar el ministerio público.
El miércoles fue ABC quien dedicó su portada a otro tema que nos tiene sin dormir: "Bolaños presiona a Perelló con una cascada de cartas desde que es presidenta del CGPJ" (ver aquí). Se supone que esas supuestas cartas contienen quejas, “reproches”, “advertencias” o “indicaciones” del ministro de Justicia a Isabel Perelló, la jurista que el propio Bolaños propuso para presidir el órgano de gobierno de los jueces como nombre de consenso para que el PP suspendiera un bloqueo de más de cinco años en la renovación (obligada constitucionalmente) del Poder Judicial. La verdad es que bien podría ahorrarse el ministro de Justicia el feísimo (y torpísimo) detalle de poner mensajes de WhatsApp a Perelló expresando sus cabreos. Pero el resultado de esa “insoportable injerencia”, como la califica ABC, es perfectamente descriptible. No se me ocurre dictadura ni autocracia más eficaz que la que “soportamos” en España, donde ni una sola de las supuestas “injerencias” gubernamentales parece surtir el mínimo efecto. Más bien lo contrario. Y si no, ahí tienen la condena sin pruebas contra el fiscal general García Ortiz, el proceso alucinógeno de Peinado contra Begoña Gómez o la inusitada velocidad con la que Ábalos y Koldo se sientan en el banquillo (dos años desde el estallido frente a trece años desde que se destapó la trama Kitchen).
No se me ocurre dictadura ni autocracia más ‘eficaz’ que la que “soportamos” en España, donde ni una sola de las supuestas “injerencias” gubernamentales parece surtir el mínimo efecto. Más bien lo contrario
Disculpen que insista. Lo que está ocurriendo en determinadas instancias judiciales es a mi juicio lo más grave que se ha producido en la historia democrática reciente. Porque se pretende con todo el cuajo vender el mundo al revés: cuando por fin llega la hora (trece años después) de sentar en el banquillo a todo un exministro del Interior, a su número dos, a toda la cúpula de las fuerzas de seguridad de la época, con el desfile de testigos que van repitiendo que ¡oh, sorpresa!, ‘M. Rajoy’ es (...tambores…) Mariano Rajoy, también apodado El Asturiano, nada menos que presidente del Gobierno en las fechas de los gravísimos hechos delictivos; cuando otros indicios y testimonios salpican, pese a los esfuerzos del juez de instrucción por perimetrar las responsabilidades, a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; cuando en la sala del juicio se escuchan cada mañana declaraciones de testigos que ofenden a la inteligencia como la que este miércoles protagonizó Ignasi Cosidó, exdiputado del PP, exsenador y, sobre todo, ex director general de la Policía, que dice que no se enteró de nada, ni por arriba ni por abajo, de lo que hacían sus jefes y sus subordinados, dedicados en cuerpo, alma y cartera (del contribuyente) a —presuntamente— obstruir a la justicia para tapar cualquier prueba que pudiera incriminar a los dirigentes del PP o del Gobierno del Estado en delitos como la financiación ilegal, los cobros en dinero negro o el espionaje a adversarios políticos… En fin, cuando uno ve, lee y escucha todo esto y mucho más, entran ganas casi definitivas de hacerse portugués.
Porque en los principales medios audiovisuales, escritos y digitales no hay día en que las referencias a la trama Kitchen, por la que esta próxima semana tendrán que declarar (como testigos) M. Rajoy, D. Cospedal o S. S. Santamaría, entre otros altísimos cargos de la era de los recortes, no queden limitadas a media página, a un triste faldón, a veinte segundos de emisión o a una doble columna, en beneficio del enorme escándalo que provocan las decisiones del juez Peinado sobre Begoña Gómez o las vomitivas andanzas de Ábalos o Koldo.
De modo que el objetivo, por el momento, está conseguido: puro y duro ventilador, empate de escándalos de corrupción, desgaste autodestructivo del prestigio de la política (y del periodismo). Llevamos muchos años defendiendo que conviene no comparar unos casos con otros ni meterlos en la misma coctelera. Nuestra obligación es analizar uno por uno y denunciarlo en las proporciones adecuadas a su gravedad, el volumen del daño causado y también la reacción de la formación o la institución afectada. Nos han dividido estos días las pantallas en las que aparecen (en el mejor de los casos) compitiendo los Kitchen, los Ábalos y Begoña Gómez. Y es importante denunciar que se trata de un planteamiento burdo y tramposo. Por terminar por el final: el auto del juez Peinado dejando al borde del banquillo a la esposa del presidente del Gobierno contiene tantas pruebas o indicios de delito como el que en su día se llevó por delante al entonces fiscal general García Ortiz. Invito a leerlo sin gafas sectarias. No se sostienen ni por asomo la apropiación indebida, ni la corrupción en los negocios, ni el tráfico de influencias ni la malversación de caudales públicos (ver aquí). La comparación que Peinado hace de Sánchez como un nuevo Fernando VII dice mucho de la inquina que puede motivar la actuación de este inefable juez que maneja los tiempos como si fuera inevitable que un posible juicio oral contra la mujer del presidente se celebrara en puertas de las próximas elecciones generales. Todo muy casual.
P.D. La sierra extremeña parió un ratón. Después de cuatro meses mareando las perdices, PP y Vox firman un acuerdo por el que los de Abascal ocupan dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia y una denominación para echarse a temblar: Familia, Desregulación y Servicios Sociales, que a juzgar por las 74 medidas que contiene el pacto también cabría llamarla de Familia (católica tradicional), Negacionismo, Racismo y Recortes sociales (ver aquí). Vox impone su discurso, sus ejes programáticos (algunos de muy dudosa o ninguna constitucionalidad) y se queda con la gestión de las parcelas que le importan: agricultura, ganadería, caza, inmigración… El texto podrían haberlo firmado al día siguiente de los comicios extremeños. O la víspera. Confirma lo que ya sabíamos: Feijóo tiene asumido que sólo podrá llegar a La Moncloa del brazo de Abascal (pase lo que pase en Andalucía). Un ejercicio interesante para el fin de semana: compárense los contenidos políticos de este acuerdo con los que se escuchan en Barcelona en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, en la que participan líderes progresistas de más de veinte países (ver aquí). Unos hablan de discriminar, de recortar, de prohibir, de rechazar… y otros de avanzar, de dialogar, de incluir, de respetar… Es un pulso de época. Democracia o barbarie. Y seguimos a la espera del reseteo pendiente (e imprescindible) en la izquierda de la izquierda.
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