Plaza Pública

Parecidos más que razonables

Antonio González

En los últimos días se han hecho públicos documentos del PSOE y de Podemos con sus respectivos planteamientos destinados a la negociación de las bases de acuerdo que permitan articular posibles alianzas de gobierno para la presente legislatura. Acto seguido a la presentación de tales documentos se han producido valoraciones que debaten acerca del rigor y viabilidad de los planteamientos de unos y otros y de su compatibilidad. En estas líneas intentaremos aclarar algunas cuestiones al respecto.

En primer lugar, las grandes líneas de la política presupuestaria (ingresos y gastos públicos), son en esencia muy similares. Aunque el documento de Podemos es más explícito en cuanto a la evolución que se pretende alcanzar con ambas magnitudes y la cuantificación de los principales componentes de su crecimiento, no resulta difícil calcular el grado de las aproximaciones. Los objetivos son, además, muy realistas. Podemos plantea una reducción del fraude fiscal de alrededor de un punto del PIB en el conjunto de los cuatro años (esto es, 0,25 por año), lo que parece un objetivo alcanzable y prudente; e incrementos de los ingresos del entorno de un punto del PIB en el impuesto de Sociedades y ligeramente inferior en el IRPF, siempre a lo largo de cuatro años, y existe un consenso bastante amplio en que estas cuestiones se podrían lograr sin dificultad corrigiendo los principales problemas que afectan a ambos impuestos. Todo ello se complementa con reformas en los impuestos de Sucesiones y Donaciones, con el establecimiento de una fiscalidad medioambiental (cuestiones contempladas por ambas fuerzas), que es además una de las recomendaciones específicas realizadas a España por la Comisión Europea, y con otras medidas que en total incrementarían los ingresos en algo menos de 0,8 puntos del PIB en el cuatrienio. En conjunto, los ingresos públicos crecerían en el planteamiento de Podemos en dos puntos y medio del PIB a lo largo de la Legislatura, y en el caso del PSOE en dos puntos “de forma estructural”, es decir, sin contar con los efectos sobre la recaudación derivados del crecimiento económico, que sí cuantifica Podemos. Cabe hablar, por lo tanto, de alto grado de coincidencia en objetivos y medidas.

Los objetivos del PSOE plantean una reducción del déficit público hasta el 1% en 2019 frente a algo más del 2% de Podemos. Los énfasis en los cuatro años son diferentes, aunque no demasiado. Podemos se plantea menor esfuerzo al inicio (en 2016), probablemente porque las medidas de aumento de los ingresos requieren un tiempo para dar todos sus frutos, y también porque su programa de rescate social es a corto plazo más intenso. Y sin embargo, el PSOE opta por acelerar la reducción por debajo del umbral del 3% para abandonar cuanto antes el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y disponer pronto de mayores niveles de flexibilidad en la política económica. Ambos partidos aceptan reducir el déficit (y con pocas diferencias temporales), y ambos plantean la necesidad de negociar con la Comisión Europea la senda de reducción del mismo dadas las circunstancias políticas y sobre todo sociales de nuestro país. No parece difícil en principio encontrar un punto de encuentro con objetivos tan compartidos.

Dado el grado de aproximación en la evolución prevista de los ingresos y en la consolidación fiscal, es posible calcular que necesariamente podría haberlo en el capítulo del gasto, que depende aritméticamente de los otros dos. La falta de datos no permite realizar este análisis cuantitativo, pero atendiendo a las políticas contempladas en el documento del PSOE se puede estimar que las distancias no deberían ser importantes, ya que –como acabamos de ver– los márgenes de maniobra de ambas formaciones en ingresos y reducción del déficit están próximos.

En suma, de esta primera parte cabe concluir dos cuestiones que parecen esenciales a la hora de la valoración política de las propuestas de ambas fuerzas. Primero, estos dos partidos nítidamente rompen con la política de austeridad y recortes que ha seguido el PP, y los dos ponen el énfasis en el aumento de los ingresos públicos para atender las necesidades sociales y mejorar el funcionamiento del sistema económico. Segundo, los 96.000 millones de incremento del gasto en cuatro años que explícitamente cuantifica Podemos en sus propuestas no son, como de manera interesada se está queriendo hacer ver por parte de algunos medios, un crecimiento imposible, insoportable, del gasto social, sino tan solo el incremento que garantiza únicamente el mantenimiento del gasto público en relación a los niveles actuales del PIB (por cierto, muy alejados de la media europea). Y, por lo que puede deducirse de su documento, muy próximo asimismo a los niveles de gasto que plantea el PSOE.

La verdadera diferencia con la política macroeconómica y presupuestaria del PP está aquí, porque donde el Partido Popular pretendía hacer caer de forma implacable el gasto público en porcentaje del PIB, las dos fuerzas progresistas buscan su sostenimiento. Y donde el PP perseguía la congelación de los ingresos públicos, y el agravamiento de las inequidades del sistema fiscal, PSOE y Podemos propugnan abordar las grandes reformas tributarias pendientes para elevar los ingresos públicos respecto al PIB e intentar reducir el altísimo diferencial con los países de la zona euro, que nos impide mantener un modelo social y económico comparable con los suyos, y para aumentar la progresividad fiscal.

Hay, por lo tanto, una opción de política económica alternativa a la del PP, compartida y común entre las dos fuerzas. Una opción que, acertadamente, el PSOE llama progresista y reformista, y que, por cierto, es incompatible con el planteamiento de Ciudadanos que, en línea con lo que plantea el PP, niega la posibilidad de cerrar ese permanente déficit con Europa, mediante la reforma de los impuestos y la elevación hasta la media europea del porcentaje de ingresos públicos respecto al PIB.

Junto al enfoque presupuestario, el segundo punto que es necesario abordar en este breve análisis se refiere a otras cuestiones importantes que integran la política económica. Hemos ya mencionado una orientación altamente convergente en las grandes medidas en materia impositiva que plantean las dos fuerzas. Algo similar sucede en el terreno del empleo y las relaciones laborales.

Ambas fuerzas defienden un cambio copernicano en la regulación del mercado de trabajo respecto a la política realizada por el PP, con la derogación y sustitución de las leyes laborales aprobadas en la pasada legislatura. Junto a medidas compartidas en el terreno de la negociación colectiva, se constatan en ambos documentos medidas positivas pero más débiles para luchar contra el fraude en la contratación temporal (verdadero origen de la excesiva temporalidad del empleo en España), así como la utilización indiscriminada de las bonificaciones a la contratación (en el caso del PSOE), que se han mostrado reiteradamente ineficaces, para promover el empleo de grandes grupos de desempleados, o de complementos salariales pagados con fondos públicos (por parte de Podemos), en lugar de una apelación suficiente al SMI, lo que como en el caso de una medida similar por parte de Ciudadanos podría dar lugar incluso a una mayor depresión de las remuneraciones por parte de las empresas. Una revisión ulterior debería dar lugar a correcciones en estos puntos. Pero, con todo, las coincidencias son enormes y las diferencias no van mucho más allá de lo puntual, por lo que ambas propuestas perfectamente podrían dar lugar a reformas laborales más adecuadas para elevar la calidad y productividad del empleo, así como para terminar con la devaluación de los salarios.

La política industrial y la transición energética constituyen, asimismo, dos elementos comunes en las propuestas de ambos partidos. Los dos enfatizan las actuaciones en estos dos campos buscando el cambio de modelo productivo con medidas coincidentes o –cuanto menos– complementarias y adicionales. En todo caso, el conjunto de medidas resulta muy valorable, y tiene capacidad suficiente para construir una eficaz política industrial, que es uno de los componentes estructurales que necesita desde largo tiempo la economía española para lograr la necesaria transformación productiva y un modelo de competitividad alternativo al de los bajos salarios, cosa que es una apuesta explícita tanto de PSOE como de Podemos.

Mención particular requiere la regulación del sector eléctrico, más desarrollada y precisa en la propuesta de Podemos, que guarda importante relación con documentos anteriores del PSOE.

En suma, hay juicios interesados en encontrar diferencias abismales en el terreno económico entre las dos fuerzas mayoritarias de la izquierda. No las hay. Todo lo contrario. Los niveles de coherencia en todas las grandes políticas son elevadísimos. Así como el enfoque y la dirección de las mismas. Proximidad que, en la mayoría de los aspectos, alcanza incluso a las baterías de medidas instrumentales que se proponen. Y desde luego es muy superior a la existente con las fuerzas de centro y derecha con las que muchos opinan que debe buscarse el pacto de gobernabilidad.

Grandes diferencias, en definitiva, sean salvables o no (cuestión que aquí no se analiza), podrán encontrarse tal vez entre los planteamientos de gobierno en otros ámbitos, pero no en la política económica. Porque como desde Economistas Frente a la Crisis defendimos ya al analizar los programas electorales: los planteamientos críticos hacia la política económica desarrollada por el PP, y los objetivos de progreso social y económico terminan convergiendo en una política económica común de la izquierda.

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Antonio González es miembro de

Economistas Frente a la Crisis

Podemos no negociará con el PSOE hasta que rompa con Ciudadanos

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