Se están construyendo debates desde una deshumanización antes desconocida, instrumentalizando obligaciones sociales propias del Estado de bienestar en una suerte de persecución y desprotección contra los más débiles. Por puro marcaje al Gobierno, se habla de mayorías o debilidades parlamentarias cuando son asuntos que tendrían que resolverse por consenso. Y estamos viendo el avance de un tiempo político donde hay quienes eligen no ocuparse de nadie. El bloque de derechas supera el 50% en todas las encuestas y aterriza en la realidad en cada cita electoral de las comunidades autónomas. El PP se ha movido mucho en un año. La corriente ultra le ha llevado a abandonar la “generosidad” prometida por Alberto Núñez Feijóo con la regularización masiva a las posiciones más duras. Donde hay más de 500.000 nombres, rostros, familias e historias personales detrás de cada trámite de regularización, prefieren ver antecedentes policiales. Y se habla de ‘invasión’ y ‘seguridad’ cuando son personas que entraron hace años, la mayoría con visados de turistas, y viven aquí.
En el caso del escudo social a los desahucios se dan dos circunstancias. Quien tiene que poner el fondo (Gobierno) sí aporta y quienes tienen que aportar esa compensación al propietario (comunidades autónomas) no lo hacen. Igual prefieren priorizar que se triplique el precio del alquiler a que haya personas que se queden sin vivienda. Cabe pensar que las comunidades autónomas han jugado a no pagar las compensaciones a propietarios para generar un cabreo justificado. Tienen los fondos y las competencias. La pregunta es con qué objetivo se inhiben de ellas. Un ejemplo es Madrid, donde de 700 reclamaciones de propietarios solo se han pagado 228.
Si los populares entienden que debe ser una política social solo tienen que dar orden a sus comunidades y ayuntamientos para que la cumplan
Podemos llamarlo bulos o interpretación torticera del texto legal. No son ‘inquiokupas’, aquellos que alquilan y dejan de pagar aprovechándose de las lentas resoluciones judiciales. El escudo está restringido a las familias que entraron pagando su fianza, su renta y bajo condiciones sobrevenidas, un traspiés de la vida, dejan de poder hacerlo. Para beneficiarse del escudo social necesitan un informe de servicios sociales con todas las garantías. Es mentira que sean ocupaciones, como dicen PP y Junts. Ni una “expropiación” al propietario, en busca de la expresión más exagerada por parte de Feijóo.
Hace diez años al PP le costó votos las imágenes de los desahucios con las familias tiradas en plena calle. Fueron doscientas mil ejecuciones hipotecarias sin contar los alquileres. En lugar de escudo social se rescató a los bancos y se destinó una cantidad ridícula a viviendas sociales. Los reales decretos de escudo social de hoy, antes eran códigos de buenas prácticas a los bancos. La nada. Desde entonces, qué ha pasado para que defender los desahucios deje de ser un lastre para el PP, Junts y Vox. Más allá de si se troceó o no el ómnibus (un debate político que no afecta a los ciudadanos), la pregunta es cómo es posible que la derecha convencional no proponga qué hacer con 60.000 familias vulnerables.
El Gobierno tiene un mes para conseguir los apoyos. Parece difícil porque a Junts solo le preocupa salvar sus muebles electorales. El blindaje no es tan completo como hace un año, pero a la crítica de Podemos del “asco absoluto” hay que recordar que este escudo al menos protege a los inquilinos vulnerables de los fondos buitre. Se puede decir que es poco (lo es), pero es lo posible.
La urgencia de la vivienda es un debate en el que conviene que cedan todas las partes. El PNV lo ha hecho, el PSOE también. El PP prefiere inventar el contenido del Real decreto y cargar con toda la dureza contra una medida de la que se abstuvo hace un año. Es un escudo de mínimos. Y si los populares entienden que debe ser una política social solo tienen que dar orden a sus comunidades y ayuntamientos para que la cumplan.
Se están construyendo debates desde una deshumanización antes desconocida, instrumentalizando obligaciones sociales propias del Estado de bienestar en una suerte de persecución y desprotección contra los más débiles. Por puro marcaje al Gobierno, se habla de mayorías o debilidades parlamentarias cuando son asuntos que tendrían que resolverse por consenso. Y estamos viendo el avance de un tiempo político donde hay quienes eligen no ocuparse de nadie. El bloque de derechas supera el 50% en todas las encuestas y aterriza en la realidad en cada cita electoral de las comunidades autónomas. El PP se ha movido mucho en un año. La corriente ultra le ha llevado a abandonar la “generosidad” prometida por Alberto Núñez Feijóo con la regularización masiva a las posiciones más duras. Donde hay más de 500.000 nombres, rostros, familias e historias personales detrás de cada trámite de regularización, prefieren ver antecedentes policiales. Y se habla de ‘invasión’ y ‘seguridad’ cuando son personas que entraron hace años, la mayoría con visados de turistas, y viven aquí.