A la carga

“El tiempo nos dio la razón”

El 27 de octubre de 2016 Antonio Hernando, en nombre del Grupo Socialista del Congreso, subió a la tribuna para justificar la abstención que ha permitido a Mariano Rajoy seguir gobernando el país. En la parte final de su discurso (que puede leerse aquí), Hernando recurrió a una de esas letanías que tanto gustan a curas y políticos: enumeró unas cuantas de las renuncias y decisiones controvertidas que ha tomado el PSOE desde la muerte de Franco, añadiendo después de cada una de ellas la fórmula “y el tiempo nos dio la razón”. En su peculiar enumeración aparecía la renuncia al marxismo en 1979, la reconversión industrial, la reforma de las pensiones de los 80 que produjo la ruptura sindical y la huelga general de 1988, la apuesta por la permanencia en la OTAN y el pacto antiterrorista firmado entre el PP de Aznar y el PSOE de Zapatero.

Aunque sea una cuestión menor, la fórmula de “el tiempo nos dio la razón” no era las más afortunada en boca de un partido político como el PSOE que ha perdido la mitad de los votos con respecto a los resultados de 2008. No estoy muy seguro de las razones que el tiempo da y quita, pero el juicio de los votantes progresistas parece inapelable: a base de renuncias y contradicciones, el PSOE obtuvo un 23% en las últimas elecciones generales.

Han pasado ya unos meses desde que, gracias al ‘sí’ de Ciudadanos y la abstención del PSOE, Rajoy volvió a formar gobierno. Cabe preguntarse hasta qué punto el tiempo ha dado la razón a los socialistas, como sugería Hernando que acabaría sucediendo con la abstención de su grupo parlamentario.

No es fácil responder a esta cuestión, pues la primera medida que tendría que haber tomado el Gobierno de Rajoy y que habría permitido comprobar el grado de presión que la oposición puede ejercer sobre el Ejecutivo, era la presentación de los presupuestos generales del Estado y su posterior negociación. Dicha presentación estaba prevista para diciembre de 2016, pero el Gobierno la ha retrasado arbitrariamente, resistiendo las presiones de la Comisión Europea, hasta hace unas pocas semanas, con el propósito poco disimulado de “facilitar” la elección a la secretaría general del PSOE.

Lo que ha quedado claro en estos meses es que el PSOE ha permitido con su abstención “responsable” que la democracia española transija con unos niveles de corrupción intolerables. Porque intolerable resulta seguir acumulando evidencias de que el PP ha sido hasta el momento una maquinaria político-financiera que ha incumplido la ley y ha saqueado las arcas públicas. Cómo pueda seguir gobernando el PP en estas circunstancias es la gran anomalía de nuestra democracia.

El escándalo de Murcia, las revelaciones sobre el masivo fraude fiscal de Rodrigo Rato, el desarrollo del juicio de la trama Gürtel (con declaración testifical de Rajoy incluida) y ahora la operación contra la trama del Canal de Isabel II, con todas sus derivadas políticas, empresariales y mediáticas, confirman la urgencia de desalojar al PP del poder cuanto antes. El PP podría al menos reconocer los hechos, pedir disculpas y tomar medidas efectivas: la primera y más urgente sería la dimisión de Rajoy, quien no solo es el responsable último de la degradación del PP y de la caja B del partido, sino que él mismo aparece en más de treinta ocasiones en la famosa libreta de Bárcenas recibiendo sobresueldos en negro. En lugar de eso, el Gobierno ha optado por poner al frente de la Fiscalía Anticorrupción a Manuel Moix para obstaculizar las investigaciones judiciales y proteger los intereses corruptos del partido, en una instrumentalización política de la justicia que repugna a la idea de democracia.

Las posibilidades de controlar  al Gobierno desde el Congreso son muy escasas. La mayoría de iniciativas parlamentarias son rechazadas por suponer modificación del gasto. La comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP no ha echado a andar y la otra comisión, la de la guerra sucia del Ministerio de Interior de Fernández Díaz en Cataluña, se encuentra paralizada.

El enquistamiento de la corrupción tiene efectos deletéreos en la sociedad. Altos niveles de corrupción producen mayores niveles de desconfianza social, desafección política y fraude fiscal. La gente se desentiende de los asuntos públicos y renuncia a creer en la posibilidad de mejora colectiva a través de la acción política. Como país, no podemos resignarnos ni considerar normales las cotas de corrupción alcanzadas.

En estas condiciones, es preciso que los partidos de la oposición, débiles y divididos, se unan para desalojar cuanto antes al PP, partido que se niega a colaborar en el esclarecimiento de la interminable lista de casos de corrupción que le acechan. La gran responsabilidad de PSOE y Podemos es no haber sido capaces de pactar una solución extraordinaria que evitara un nuevo gobierno del PP. Ambos partidos merecen una fuerte reprobación por ello. Con el empeoramiento de la situación, tienen que explorar todas las opciones posibles (forzar nuevas elecciones y que se forme una alianza electoral para restablecer el juego limpio, moción de censura que de paso a un gobierno provisional de amplio espectro encargado de limpiar toda la basura institucional que deja el Partido Popular, etc.). Cualquier fórmula de cambio parece mejor que permitir que la democracia española siga pudriéndose por la corrupción descontrolada del partido en el gobierno.

 

En la parte baja del ciclo de movilización

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